Las Cortes de Aragón aprobaron esta semana una proposición no de ley que insta al Gobierno autonómico a desarrollar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada hace poco más de un año. Para este impulso se pide que el Ejecutivo la dote de partidas presupuestarias “suficientes” y ponga en marcha una serie de medidas que el texto contemplaba, como la constitución de una comisión técnica de memoria democrática, un plan de acción y un centro de investigación.
La proposición vino este miércoles del diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz, y fue una respuesta a la que, en el mismo pleno y dentro del orden del día, presentó Santiago Morón, portavoz de Vox en la cámara autonómica -donde suma tres diputados-. El representante del partido de Abascal pidió la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Aragón, en una comparecencia a la que el presidente de las Cortes, el socialista Javier Sada, dio paso “recordándoles a todos ustedes que este es el sitio de la palabra”; una advertencia de que esperaba turbulencias.
Y Morón hizo uso de la palabra sin dejar lugar a dudas de su sesgo ultraderechista, en línea con la estrategia nacional de su partido: calificó la Ley de Memoria, tanto nacional como autonómica, como “partidista y revanchista”, que borró “de un plumazo” la “generosidad” de la Ley de Amnistía de 1977. Para el diputado de Vox, la ley “abrió la puerta a reescribir la historia de España”, “con un evidente sesgo de izquierdas”. Y en su larga lista de agravios, llegó a decir que la normativa ataca “al desarrollo de la libre personalidad y la dignidad de las personas”.
Apoyo de PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo, CHA e IU; abstención de PP y PAR
Y tras la palabra llegó la palabra... y los votos que demostraron que el “evidente” sesgo de izquierdas de la ley en Aragón no era tal. Así, la propuesta de Vox fue rechazada por PSOE, Podemos-Equo, Ciudadanos, Chunta, IU y PAR -que, tras rechazar la ley el año pasado, ahora, como parte del Ejecutivo autonómico, ha virado en su defensa- y contó con la abstención de PP.
Puede que la jugada mediática le saliera bien a Vox, pero no fue así en términos parlamentarios. Así, a modo de respuesta, Álvaro Sanz (IU) defendió una proposición no de Ley de cinco puntos dirigidos al Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán: adoptar todas las medidas necesarias para que “el desarrollo, aplicación y cumplimiento” de la ley “sea una realidad”; constituir, en el plazo máximo de un mes, la comisión técnica de Memoria democrática; llevar al Parlamento, en el plazo máximo de tres meses, el plan de acción de la Memoria Democrática; en el plazo de seis meses, proceder a crear el Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón que establece el artículo 25; y por último, instar a que se adopten las medidas oportunas para dotar de las partidas presupuestarias suficientes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Sanz accedió a la solicitud del diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez para votar por separado el punto referido al Centro de Investigación. De esta manera, los tres primeros puntos y el quinto fueron aprobados con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo, CHA e IU, las abstenciones de PP y PAR y el voto en contra de Vox. La propuesta del cuarto punto también salió adelante con los treinta síes de PSOE, Podemos-Equo y CHA, las abstenciones de PP, Ciudadanos y PAR y el voto en contra de Vox.