En junio de 2015, solo 15 días antes de que terminara el plazo legal para hacerlo, el obispado de Jaca inscribió a su nombre la catedral. Con el propósito de que el Ayuntamiento jacetano iniciara los trámites para recuperar su titularidad pública, Chunta Aragonesista (CHA), Aragón Sí Puede y Cambiar Jaca presentaron una moción en el Pleno municipal. Esta no salió adelante por los votos en contra de los cinco concejales del PP, los dos del PAR y las seis abstenciones de los ediles socialistas.
En la moción explican que, en el año 1998, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, aprobó una modificación del reglamento hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública. Para aprovechar esta nueva norma, explican, “la Iglesia católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario”.
El, a la postre, inane intento de reversión, quizás podría ser el último, ya que, como se apunta en el texto, “a mediados de mayo del presente año vence el plazo de dos años del que disponen las instituciones con competencias en urbanismo para pronunciarse sobre la legalidad de este procedimiento”.
En la propuesta instaban al Consistorio a requerir del Registro de la Propiedad de Jaca una relación telemática de todos los asientos de inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en Jaca desde 1978, para poder realizar un inventario de los mismos. También pretendían presentar las correspondientes alegaciones y recursos a estas anotaciones, “en defensa de los intereses patrimoniales del municipio de Jaca”.
“Solo saben reclamar los bienes de la Iglesia en Cataluña”
Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel), la organización que más está trabajando en la comunidad por la recuperación pública de estos inmuebles, y que forma parte de la plataforma Recuperando (Coordinadora Estatal para la Recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica), califica de “hipocresía pura y cara dura” la actitud de PP y PAR: “Subrogados y sumisos al poder religioso y confesional católico, haciendo caso omiso al principio de aconfesionalidad del Estado y de sus instituciones”. Parece ser, dicen, “que solo saben reclamar de manera electoralista y victimista los bienes de la Iglesia aragonesa depositados en Cataluña y cobardean de manera meliflua y simplona cuando se trata de defender el patrimonio aragonés in situ”. Lo que en su opinión es “todo un ejemplo torticero de salvaguardar los intereses de Aragón. Solo obedecen a los mandatos seculares de las caducas instituciones privadas a las que parece ser les deben servidumbre”.
La filípica también llega hasta el PSOE. De ellos dicen que se abstienen en un ejercicio de “cinismo inusitado”. Recuerdan que, el mismo día en que se tumbaba la moción en Jaca, el diputado socialista Antonio Hurtado pedía en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Mariano Rajoy que reclamara la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba.
Por añadidura, indican que el pasado 9 de febrero se reunieron con varios parlamentarios del PSOE y “el grupo socialista mostró el apoyo explícito a la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, para que vuelvan a la titularidad pública de donde no tenían que haber salido nunca”.
“Declaración de obra nueva antigua”
Además de la catedral, los grupos municipales que impelieron la moción recuerdan que el obispado de Jaca-Huesca inmatriculó 14 iglesias románicas y nueve góticas en el Pirineo aragonés, tras aceptar el Registro de la Propiedad de Jaca su inscripción como “Declaración de obra nueva antigua”. La Junta de Gobierno del Consistorio jacetano, afirman, “consideró conforme a la legalidad esas inscripciones el 28 de mayo de 2015 por el equipo de gobierno del PP, tres días después de haber perdido las elecciones municipales”.
El trámite de ‘obra nueva antigua’, comentan, “tiene como efecto el de designar o reconocer la propiedad del inmueble al que se refiere la escritura a quien no es dueño del terreno sobre el que este se levanta, así como el de diferenciar ambas propiedades cuando ambos titulares no coinciden. Salvo que algún pacto indique otra cosa, el Código Civil establece que el dueño del suelo lo es también de lo que se edifica sobre él”. En la actualidad, hay 43 declaraciones del obispado de obra antigua como nueva, para inscribirlas a su nombre en el Registro.
Los proponentes señalan que esto supone un “claro fraude de la normativa urbanística, ya que el obispado no ha acreditado que las obras declaradas obtuvieran la preceptiva licencia municipal de obras, ni que se ajustasen a la ordenación urbanística”.
A este respecto, solicitaban el dictamen de “las correspondientes resoluciones sobre si las obras nuevas declaradas obtuvieron la correspondiente licencia municipal”, así como “incoar los correspondientes expedientes de disciplina urbanística que pudieran afectar a las obras antiguas declaradas como nuevas”.