Llegó el acuerdo. Un mes y un día después de los comicios electorales, PSOE y Podemos han alcanzado el punto de unión que posibilitará la investidura del socialista Javier Lambán como presidente de Aragón, siempre y cuando el PSOE consiga también la anuencia de los dos diputados de Chunta Aragonesista (CHA), necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
El esperado pacto se oficializó esta tarde después de que los equipos de negociación de ambos partidos redactaran un documento mixto, tal y como anunciaron ayer los líderes de ambas formaciones tras la reunión de casi dos horas que mantuvieron. Después del encuentro de hoy, Gonzalo González, de Podemos, ha señalado que es un acuerdo “básico, de mínimos”, que se ciñe, únicamente, “a la investidura”.
El documento final, ha dicho González, sigue teniendo diez puntos, aunque con ligeras modificaciones respecto al decálogo definitivo presentado por su partido.
Dos eran los puntos que más discrepancias habían suscitado, el que tenía que ver con el modelo de gestión de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el que se refería a los sueldos de los directivos. En el primer caso han acordado crear un consejo asesor, que tendrá un representante en el Consejo de Administración de la Corporación, además de estudiar lo que costaría dejar de externalizar los servicios informativos.
Respecto a los altos cargos, estos no podrán cobrar más que un consejero del Gobierno; aunque establecen un matiz a lo planteado por Podemos: habrá una excepción, que no puede superar el 10%, por si es necesario contratar perfiles “altamente cualificados”.
Tal y como ha señalado Pilar Alegría (PSOE), tratarán de hablar con CHA e Izquierda Unida entre mañana y el sábado para llegar a un acuerdo también con ellos a principios de la próxima semana.
A partir de mañana, viernes 26, a las 00:00 horas, Podemos abrirá una consulta ciudadana sobre el acuerdo de investidura. Podrán participar 12.600 personas, que son los inscritos en Podemos Aragón a fecha 25 de junio a las 14:00 horas. Si toman parte, al menos, el 20% del censo, será vinculante.
González confía en que se dé el visto bueno, ya que “el decálogo que está en la base del documento cerrado hoy es un texto muy apoyado popularmente”.