La remunicipalización de los servicios públicos es uno de los puntos clave del acuerdo de gobierno en Huesca (PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede). Como en otras ciudades, la iniciativa se ha topado con numerosos problemas desde que se planteó hace ya casi dos años. La última traba, la disposición 27 de de la Ley de Acompañamiento del borrador de los Presupuestos Generales del Estado que, según constata el Consistorio oscense, no va a llegar a tiempo para impedir que este asuma el servicio de limpieza viaria.
La intención del Ayuntamiento es asumir la gestión de la limpieza viaria a través de una empresa pública en la que participa el propio Consistorio. Esta empresa es Grhusa (Gestión de Residuos Huesca). La contrata con FCC expira el próximo 30 de junio y, por tanto, los plazos apuntan a un proceso “imparable, que se aprobará sí o sí”, en palabras del concejal para la Remunicipalización, Luis Arduña, de Cambiar Huesca. La propuesta se llevará al Pleno municipal de junio para su aprobación “siempre y cuando no lo impidan los Presupuestos. Se trataría de una disposición que no tendría carácter retroactivo”, continúa Arduña.
Acuerdo de gobierno
Cuando PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede sellaron el acuerdo de gobierno, la remunicipalización de las tres grandes contratas -limpieza viaria, de edificios públicos y asistencia a domicilio- se puso sobre la mesa para que Luis Felipe (PSOE), pudiera convertirse en alcalde con ocho concejales frente a los nueve obtenidos por el Partido Popular.
Una vez fijado el objetivo, los tres partidos de gobierno se toparon con trabas heredadas del anterior Ejecutivo municipal. Un informe del secretario del Ayuntamiento, José María Chapín, fechado en enero de 2015 y con la popular Ana Alós todavía en la Alcaldía, indicaba la imposibilidad de subrogar a los trabajadores de la empresa encargada de la limpieza viaria, FCC. El 50 % del servicio está en sus manos y, la otra mitad, a cargo de empleados municipales.
La fórmula por la que apuestan es la de otorgar a los trabajadores el estatus de “indefinidos no fijos” a la espera de que se convocasen los procesos de selección vía oposiciones. Arduña mantiene encuentros periódicos con el comité de empresa de FCC y CCOO para trasladarles en qué punto se encuentra el proceso y “darles la tranquilidad de que sus puestos de trabajo no van a perderse. No lo digo yo, sino las garantías jurídicas que brinda la legislación laboral”, argumenta el concejal. Los trabajadores reconocen que no están preocupados, “pero que sí hay incertidumbre”. El Ayuntamiento de Huesca utilizará la fórmula jurídica de la encomienda de gestión a Grhusa.
La disposición 27 trata de “impedir que se sigan haciendo procesos de recuperación de la gestión de lo público sin importar que los 25 trabajadores de la plantilla de FCC se queden sin trabajo”. Con la tasa de reposición “cero”, el Consistorio carecía de posibilidades y personal para asumir el servicio o para reponer puestos de trabajo por jubilaciones o bajas.
El PP oscense se sigue aferrando al informe de enero de 2015 que, en opinión de Arduña, “se ha quedado obsoleto porque la situación ha evolucionado desde entonces en lo doctrinal y la jurisprudencia respecto a los trabajadores temporales e interinos”. Al final, el concejal de Cambiar Huesca percibe un “choque ideológico”.
Gerardo Oliván, portavoz popular en el Ayuntamiento de Huesca, replica que ni el Consistorio ni Grhusa pueden asumir el servicio de limpieza viaria y que se trata de un “rescate”. “Podría entenderlo y apoyarlo para que el servicio sea más eficaz. Tenemos una propuesta que no quisieron ni valorar: en vez de que Grhusa asuma la gestión sin concurso público, contratar a 20 trabajadores municipales, que sea un servicio 100 % municipal. El único objetivo de la remunicipalización es recolocar a empleados de FCC sin pasar pruebas de acceso ahora que se acaba la contrata y discriminando así a los otros posibles candidatos”.
Limpieza de edificios públicos
Más a largo plazo, la remunicipalización de la limpieza de edificios públicos, que afectaría a 130 trabajadores, podría ponerse asimismo en manos de Grhusa, mientras que la ayuda a domicilio se topa por ahora con la imposibilidad de crear una sociedad municipal que la asuma.
Esta medida no figuraba de manera textual en el programa socialista de 2015, que respecto al empleo público municipal sí aludía a la promesa de mantener “servicios públicos de calidad para el ciudadano y no privatizando ningún servicio esencial; revisar la valoración actual de los puestos de trabajo con el fin de corregir desequilibrios (…), garantizar la estabilidad en el empleo, promoviendo la funcionarización y la consolidación del personal interino”.