Varapalo de la Cámara de Cuentas de Aragón a las obras en la Estación de Canfranc, con un sobrecoste de 11 millones

La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este lunes un informe sobre Suelo y Vivienda de Aragón que incluye un duro apartado sobre las obras de rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc, abierta como hotel de lujo en enero de 2023. El órgano fiscalizador enumera los incumplimientos detectados y destaca entre ellos el sobrecoste de once millones de euros, un 40% respecto al presupuesto inicial, y el hecho de que el pago en especie comprometido a la contratista se modificara a posteriori por un riesgo de avalancha en tres parcelas de suelo; un riesgo, según la Cámara de Cuentas, que ya era conocido antes de la licitación.

La actuación fue impulsada a cuatro bandas: ADIF, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Canfranc y Suelo y Vivienda de Aragón, aunque el coste de las obras fue asumido íntegramente por la Administración autonómica. Los trabajos fueron adjudicados a la UTE Canfranc, compuesta por Acciona y por Avintia, por 26,9 millones de euros. El contrato incluía un pago en especie, con cuatro parcelas valoradas en 4,6 millones de euros, y el arrendamiento del edificio para uso hotelero por un plazo de 69 años y una renta creciente.

El contrato firmado en enero de 2018 tuvo cinco modificaciones que elevaron el importe final hasta 38 millones de euros, un 40% más, centrado en dos puntos: la obra del nuevo edificio de viajeros, que casi duplicó el presupuesto inicial (de 2,2 millones a 4,3) y en la obra de rehabilitación del hotel (un 41% más, de 12,6 millones a 17,7).

Aunque el plazo previsto para la actuación era de 30 meses, hasta mediados de 2021, la obra se entregó año y medio después. En parte, esto fue debido a la pandemia, pero la Cámara de Cuentras atribuye la mayor parte de la demora a las exigencias del ADIF en relación con las obras ferroviarias. Esta circunstancia supuso, de hecho, una reclamación de la contratista por daños y perjuicios, cuantificada finalmente en 1,6 millones de euros y asumida por el Gobierno de Aragón. Ahora, la Cámara de Cuentas le indica al Ejecutivo autonómico que debe reclamar esta cuantía al ente estatal, en concepto de “responsable de la dirección facultativa de las obras ferrroviarias”.

Cambio en el pago en especie

Una de las cuestiones más controvertidas del informe del órgano fiscalizador tiene que ver con el pago en especie a la adjudicataria. Como se acordó en el contrato inicial, la UTE percibiría 4,6 millones de euros a través de cuatro parcelas, dos de ellas residenciales y otras tantas, de uso terciario (entonces, porque posteriormente pasaron a tener un uso residencial de alquiler asequible). 

En octubre de 2021 -cerca de tres años después de suscrito el acuerdo-, la contratista reclamó modificar este punto basándose en unos informes que localizaban tres de estas fincas en zonas calificadas como de riesgo de avalanchas y flujos torrenciales. Esto llevó al Gobierno de Aragón a sustituir las mencionadas parcelas por un pago en metálico de 2,9 millones de euros. Sin embargo, tal y como recuerda la Cámara de Cuentas de Aragón, “no cabe admitir la 'imposibilidad sobrevenida', puesto que este riesgo era conocido en el momento de la licitación y adjudicación”. De hecho, incide el órgano fiscalizador, dos de estos suelos figuran en la actualidad como suelo residencial, “lo que evidencia que el riesgo para las personas señalado por la contratista es remoto”.

A su vez, la Cámara de Cuentas apunta al hecho de que la licitación se sacara en bloque, en vez de hacerlo por lotes. Esta última opción, apunta el órgano fiscalizador, habría “permitido una mayor concurrencia de licitadores, así como la entrada de pymes”. Además, “habría permitido avanzar en los plazos simultáneamente en varias obras, con una mejora en el plazo final de ejecución”.

Otra deficiencia que detecta la Cámara de Cuentas es la necesidad de contratar unas obras para reparar la cubierta y la fachada interior del inmueble, consecuencia -según este órgano- “de una inadecuada redacción del proyecto, que no había tenido en cuenta el estado actual”. En conjunto, este gasto superó en conjunto los 1,7 millones de euros.

Al ADIF “cada día se le ocurría una cosa nueva”

Al respecto de todas estas cuestiones, el informe ha pasado este lunes por la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, donde ha intervenido precisamente José Luis Soro, el consejero del Gobierno de Lambán responsable la pasada legislatura de ejecutar estas obras. El portavoz de Chunta ha valorado que “el titular” del sobrecoste del 40% “no se adecua” a la realidad, y lo ha atribuido en parte “a la revisión de precios” en plena pandemia y al papel del ADIF, “porque cada día se le ocurría una cosa nueva”.

En relación con el pago en especie, Soro ha puesto el énfasis en el hecho de que, cuando se redactó la licitación, el riesgo de avalancha no era conocido. “El informe del Inaga decía que el estudio de riesgos había que hacerlo antes del proyecto de urbanización”, ha apuntado Soro, que ha continuado: “Entonces se detectó que había unas parcelas que estaban en zona amarilla, por lo que no podía haber un uso colectivo. Se modificó el plan parcial para incluir viviendas, que sí se permite”.

Sobre la reclamación de la Cámara de que se fragmentara el contrato, Soro ha sido claro: “La decisión fue muy meditada. Mi opinión es que si se hubiera hecho lote no se habría adjudicado; y si se hubiera adjudicado no se habría ejecutado”, ha apuntado.