En 2007, maquinaria pesada de la empresa Ferpi entró, y arrasó, la Cueva de Chaves, el segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica, poblado hace 6.000 años. ¿Por qué? Para convertirla en un comedero y abrevadero para la cría de cabras. El destrozado tesoro se encontraba en la Finca de Bastarás, en el término municipal de Casbas (Huesca). Era un coto privado de caza situado en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.
Por ello, en noviembre de 2006, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca condenó al empresario leonés Vitorino Alonso –conocido como el ‘rey del carbón’– a 2 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización al Gobierno de Aragón de 25,49 millones de euros. Se le consideró autor de un delito sobre el patrimonio histórico. Del mismo modo, absolvió a la empresa Ferpi.
La defensa del empresario presentó recurso de apelación y, este martes, la Audiencia Provincial de Huesca ratificó el delito cometido por Alonso. Mantiene el pago de los 25,49 millones de euros, pero rebaja la pena de cárcel a 2 años por “dilaciones indebidas”, es decir, por el tiempo (siete años) que transcurrió desde que comenzó la instrucción –consecuencia de una denuncia de la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (Apudepa) y Ecologistas en Acción– hasta la celebración del juicio. La resolución, termina el escrito de la Audiencia, “es firme, por lo que contra ella no cabe recurso alguno”.
“Era la persona que mandaba en la finca”
La empresa Fimbas S. A. es la propietaria de la Finca de Bastarás y Maderas Bodelón S. L. su accionista mayoritaria desde agosto de 2006. Alonso es el administrador único de esta segunda empresa. Queda demostrado, según la Audiencia de Huesca, “que el Sr. Alonso, a pesar de no ocupar ningún cargo visible en la sociedad Fimbas S.A, era la persona que mandaba en la finca sobre cualquier otro empleado y era quien tomaba las decisiones en la misma”.
Ergo, él es el responsable del destrozo perpetrado en un lugar, la Cueva de Chaves, en el que, como también apunta la sentencia, “no se podía llevar a cabo ningún tipo de intervención sin la correspondiente autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural”. Y continúa: “Ni en la Finca de Bastarás ni en la Cueva de Chaves existía señalización alguna sobre la existencia del yacimiento arqueológico y su protección”.
Un daño salvaje y brutal
“La destrucción de la cueva de Chaves para el Neolítico equivale a lo que supondría la destrucción de Barcelona para la sociedad actual”, esta frase, escuchada en la sala donde se celebró el juicio en septiembre de 2016, como apuntó eldiario.es, resume la magnitud de lo sucedido.
En esa misma información, Chesús Ferrer, de Ecologistas en Acción, aseguró que, “salga lo que salga del juicio, el daño ha sido tan salvaje y tan brutal, que hemos perdido todo un conocimiento incalculable, que nunca sabremos”. Afirmación que se sustenta en el hecho de que antes del expolio faltaba por estudiar más del 90 % de su espacio. Para Ferrer, la noticia estaba teniendo “mucho eco por el acusado, pero la gente no está siendo consciente del daño que se ha producido”.