Las reválidas planteadas por el Gobierno de España en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) siguen generando polémica. Lejos de allanar el camino hacia ese gran pacto por la educación que muchos piden, la normativa impulsada por el PP vive rodeada de controversia desde su nacimiento. En los próximos meses ha de tratarse el asunto de la prueba de acceso a la Universidad, la antigua Selectividad.
El 30 de julio salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. La primera de ellas, la de ESO, tendrá validez para obtener el título de esa etapa educativa; y la segunda servirá para titular y para acceder a la Universidad. De manera transitoria, en el curso actual (2016-2017) no sirven para titular.
Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que hasta finales de noviembre no se prevé que el Ejecutivo estatal haga pública la normativa que regule de manera definitiva estas reválidas. Entienden en la Administración autónoma que ni profesores ni alumnos pueden esperar hasta esas fechas para saber con qué examen se van a encontrar para acceder a la Universidad.
Por ello, se han puesto a trabajar en el diseño de una prueba “que responda a los cambios exigidos por la Lomce”, pero que sea “lo más parecida posible a la Selectividad, con las mismas calificaciones y la misma validez”. Incluso ya ha habido reuniones con todos los directores de centros en las tres provincias aragonesas y se les ha dicho que preparen a los alumnos como si fueran a presentarse a la Selectividad.
De la elaboración se están haciendo cargo profesores de universidad y también de Secundaria. Esto ya es una novedad, porque hasta ahora solo lo hacían docentes universitarios.
Uno de los aspectos prioritarios para el Ejecutivo autónomo es que el nuevo examen de acceso a la universidad siga siendo de distrito único. Es decir, que un único examen sirva a los alumnos para acceder a todos los grados del país. De lo contrario, según lo marcado por la Lomce, “los estudiantes deberían hacer distintas pruebas en cada universidad”.
Conferencia sectorial
Hace ya tiempo que, desde diversas comunidades autónomas, se ha pedido al Ministerio de Educación que convoque la Conferencia Sectorial de Educación. Explican desde el Gobierno de Aragón que lo que se pretende es llegar a un acuerdo entre varias CCAA para que, cuando finalmente se desarrolle esta reunión, todas propongan una alternativa común.
A este respecto, la consejera de Universidad, Pilar Alegría, señaló que están “en un momento de nebulosa impuesto por el Gobierno en funciones. Estar en funciones no significa estar de vacaciones, hay que seguir trabajando y las comunidades autónomas nos ponemos a la cabeza en ese ejercicio de responsabilidad para dar respuesta a familias y alumnos”.
Los departamentos de Educación y Universidad del Ejecutivo autonómico y la Universidad de Zaragoza están trabajando a tres bandas, como aseguró la consejera de Educación, Mayte Pérez, “para solucionar el problema y diseñar una prueba que dé fiabilidad a quien se ha matriculado, a los alumnos y a las familias, y a los docentes”.