El proyecto de ampliación de la pista de esquí de Cerler, la creación de otra en el valle de Castanesa y su posterior unión dividen a los vecinos, las instituciones y los ecologistas. El proyecto del holding de la nieve Aramón se ha retomado tras sobreponerse a las trabas burocráticas. Paralizado hace cinco años por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Gobierno de Aragón insiste en que se ha “matizado” la idea inicial para que pueda desarrollarse “sin problemas económica y ambientalmente” con un presupuesto estimado de 40 millones de euros.
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) ha denunciado la “falta de información, el despilfarro económico y el impacto ambiental del proyecto”. Una obra que, según esta asociación, “no viene avalada por ningún estudio técnico ni se han emitido, hasta donde sabemos, los permisos necesarios. El proyecto adolece de una falta total de transparencia”.
El Ayuntamiento de Montanuy, al que pertenece el término municipal de Castanesa, celebró a comienzos de este mes de octubre un pleno en el que se aprobó la moción presentada por el partido al frente, el PSOE, en apoyo a las inversiones para la mejora del sector de la nieve en el territorio, señalaba el texto, “para acabar con la despoblación y generar actividad económica que permita asentar población”.
En la moción se indica que la nieve, como producto turístico, “genera un impacto económico de 200 millones de euros anuales, lo que supone el 7 % del PIB de Aragón, que genera más de 1.300 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos”. Asimismo, tilda el proyecto de las estaciones de esquí de “muy esperado desde hace décadas por los habitantes de Ribagorza pero, sobre todo, por los vecinos y vecinas del municipio de Montanuy y del valle de Benasque”.
“Compra de terrenos y pago de servidumbres”
Para el consistorio, el proyecto busca “convertir al destino en un referente dentro del sector y adaptar la instalación a la realidad social, económica, medio ambiental y climática actual. Va a permitir nuevas oportunidades de desarrollo y garantizará el futuro de nuestros pueblos, un territorio azotado fuertemente por el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento de la masa social”.
La alcaldesa Esther Cereza mantiene que se trata de un “avance fundamental para el futuro de los pueblos”. A quienes se oponen, la edil replica que “es muy fácil opinar desde fuera, sin conocer la realidad de estos pueblos. Se han empleado argumentos como que la ganadería se perderá, pero si hay estación habrá más jóvenes que decidan quedarse a vivir en el pueblo. La actividad ganadera no se pierde, quien es ganadero lo es por vocación”. La otra fuerza del consistorio, el PAR, se abstuvo en la votación para sacar adelante aquella moción.
Los ecologistas, por su parte, replican que Aramón (participada al 50 % por el Gobierno de Aragón e Ibercaja), Ejecutivo autonómico, Ayuntamiento de Montanuy y Junta de Propietarios de la Montaña de Castanesa mantuvieron varias reuniones en las que se han presentado dos modalidades de contrato para “compra de terrenos y pago de servidumbres” en busca de un acuerdo. “Si bien la alcaldesa se compromete a iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el anterior, las actas de los plenos de los últimos cuatro años demuestran que el Ayuntamiento ha ocultado información”.
Los grupos que componen la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón presentaron solicitudes de información ante el Ayuntamiento de Montanuy y las consejerías de Economía, Industria y Empleo y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. Exigen el presupuesto del proyecto, valorado en 40 millones de euros, disgregado en sus diferentes partidas; la explicación de la procedencia de ese dinero; los estudios técnicos pertinentes para la ampliación de las pistas de esquí, en particular la construcción de cuatro remontes, una carretera de 7 kilómetros hasta el frente de nieve y un aparcamiento como infraestructuras principales, o el proyecto aprobado por Aramón “que el Gobierno de Aragón habrá evaluado y, en su caso, aprobado”.
20 millones de euros en comprar praderas que el Ayuntamiento recalificó
La respuesta, a su juicio “incompleta”, asegura que “se han hecho los estudios y los informes a los que obligaba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero no se han entregado”. Por ello, WWF, SEO/Bird Life, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han declarado que poseen “razones para dudar de su calidad y ajuste a la nueva normativa ambiental. Por ejemplo, en la zona se han avistado ejemplares de oso pardo y lobo, especies en peligro de extinción, que no se contemplaban en dicha DIA. La PDMA ha solicitado el proyecto pero ”dudamos que exista. Se quiere convencer a los desorientados socios del Gobierno aragonés de que es un proyecto nuevo, en cuyo caso carecería de declaración de impacto ambiental y los promotores tendrían que empezar de nuevo“.
La ampliación de las pistas de esquí de Cerler por Castanesa es un proyecto que “se gestó en los años previos de la burbuja inmobiliaria y que pretendía construir unas 4.500 segundas residencias, casi todas en el mismo valle del municipio de Montanuy. La anulación del PGOU de Montanuy por el Tribunal Supremo y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria parecía hacer creer que Aramón y la DGA se habían olvidado del proyecto”. El Ayuntamiento de Montanuy no se ha dirigido a los ecologistas, según aseguran estos.
Castanesa Nieve (empresa del grupo Aramón) invirtió más de 20 millones de euros en comprar praderas que el Ayuntamiento recalificó a terreno urbanizable, “pero siguen siendo prados. El dinero inyectado a algunos vecinos solo sirvió para que la población disminuyera en casi 100 vecinos en los cuatro años siguientes. No sirvió para paliar la despoblación, principal argumento utilizado para apoyar el despropósito. Curiosamente, el Gobierno de Aragón acaba de recortar 36 millones de euros (el 30% del presupuesto) en los programas Leader para desarrollo rural”, precisan los ecologistas.
Si Aramón deja caducar la Declaración de Impacto Ambiental, que expira en diciembre de 2020, “la empresa Castanesa Nieve deberá quebrar, y Aramón tendrá que apuntarse en el balance de pérdidas más de 35 millones de euros. Esto dejará a la empresa en una situación económica insostenible que afectaría a sus numerosos acreedores”, continúan los ecologistas, que se muestran dispuestos a llegar a los tribunales para frenar “el uso de dinero público para defender oscuros intereses privados, que puede constituir un delito de malversación”.