- El pasado 27 de mayo se aprobó una moción para impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública
El Ayuntamiento de Zaragoza avanza en pos de recuperar los bienes “expoliados” por la Iglesia católica en la capital aragonesa. Aunque los primeros movimientos, de momento, hayan resultado infructuosos (básicamente por falta de colaboración), el Ejecutivo municipal sigue tratando de cumplir el mandato que emanó de la moción presentada por CHA el pasado 27 de mayo para que dichos inmuebles pasen a ser “bienes de titularidad pública”.
El siguiente paso, aprobado este miércoles por el Gobierno de Zaragoza, es requerir del Decanato Territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad una relación telemática de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en la capital aragonesa desde 1978. Se solicita que dicha relación cuente con los datos de identificación precisos para poder realizar un inventario, que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas, y la delimitación geográfica de la finca.
Antes de tomar esta medida ya se había pedido información al respecto al Gobierno de España, solicitando, por añadidura, que se iniciaran los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados 206 de la Ley Hipotecaria y 5 del Reglamento Hipotecario; y así evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de estos bienes.
Del mismo modo, se pidió información al Gobierno de Aragón acerca de las inversiones públicas realizadas en el patrimonio inmatriculado. Instándole, además, a personarse en los procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales aragonesas, o cualesquiera legitimados, “cuyo objeto sea la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica”. En ninguno de los dos casos se ha recibido respuesta.
Un largo listado de inmuebles
La catedral de La Seo, la iglesia de La Magdalena, la de San Juan de los Panetes; el listado de inmuebles de los que se ha apropiado la Iglesia católica en la capital aragonesa es considerable. Y lo es porque la Ley Hipotecaria establecía desde su aprobación inicial (1946) la posibilidad de inmatricular los bienes a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento.
Concretamente con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario presentada en el Congreso de los Diputados en el 2014 y aprobado finalmente en marzo de 2015. Este proyecto faculta para la inmatriculación, finalmente, solo a las administraciones públicas y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia.