Soledad Luque (Madrid, 1965) cuenta que su hermano mellizo Francisco siempre ha sido “un hueco” para ella. No se trata de “nada paranormal, ni siquiera espiritual”, pero sí “una ausencia”. Con la campaña “Todos los niños robados son también mis niños”, la familia Luque Delgado presentó ante la fiscalía en enero de 2012 unas 89.000 firmas reclamando una investigación judicial efectiva. Desde entonces, han creado una asociación con el mismo nombre para entablar relaciones con las instituciones.
¿Cómo fue el robo de un bebé en vuestra familia?
Mi hermano mellizo Francisco y yo nacimos en 1965, en plena Dictadura de Franco, éramos los pequeños de una familia de 10 hermanos. Según la versión oficial, Francisco nació con un peso bajo y lo llevaron a la incubadora. Durante el tiempo que estuvo allí, casi tres semanas, mis padres y mi hermano mayor iban a visitarle; los informes de la monja que les atendía eran muy positivos, les comentaba que el bebé se iba recuperando hasta que llegaron a decirles que podrían llevárselo a casa al día siguiente. Sin embargo, cuando mi padre volvió al hospital, el médico le dijo que Francisco había fallecido. Mi padre pidió ver el cadáver, le dijeron que no podía ser porque estaba en el depósito y lo tenían que preparar. Mi padre volvió con mi hermano mayor para recoger el cadáver al día siguiente y ya les dijeron que lo habían incinerado sin permiso. Pidieron que les dieran las cenizas, les respondieron que habían desaparecido. Yo no había vivido todo esto y, por tanto, no sospechaba nada, pero mis hermanos mayores siempre tuvieron en mente que había ocurrido algo extraño con mi hermano Francisco.
¿Qué pensaban que podía haber pasado?
Nadie piensa en un robo, pero sí que había ocurrido algo raro. Sobre todo, porque cuando mi padre y mi hermano insistieron en protestar porque hubieran incinerado el cuerpo sin permiso y en reclamar las cenizas, el médico les amenazó diciéndoles que iba a llamar a la Guardia Civil. No pensábamos que hubieran robado a un bebé, pero sí que este médico había hecho un abuso de autoridad y no había tenido en cuenta la sensibilidad y los sentimientos de la familia.
¿Cómo se dan cuenta en vuestra familia de que podrías ser víctimas de un caso de “niño robado”?
En otoño de 2010, un día mi hermana me llamó por teléfono para preguntarme si en algún momento yo había pensado que Francisco pudiera estar vivo. Yo le dije que no, pero ella me confesó que sí lo había pensado y me cuenta que los detalles de muchos casos de bebés robados que empiezan a aparecer en los medios de comunicación coinciden con el nuestro: un niño que muere de un día para otro, no pueden ver el cadáver, no pueden enterrar nada... Mi hermana y yo decidimos empezar a buscar documentación sin decir nada al resto de la familia para evitarles entrar en este tremendo pozo sin fondo que es la búsqueda de un desaparecido. Fuimos recopilando documentos y en febrero de 2011 convocamos una reunión familiar para explicarles a todos que habíamos encontrado muchas contradicciones. Para mí, fue una sorpresa que prácticamente todos mis hermanos dijeran que menos mal que alguien de la familia se había decidido ya a buscar a Francisco porque todos habían leído noticias sobre casos de bebés robados y a todos les había saltado la alarma. Prácticamente todos decidimos presentar una denuncia.
¿Cuáles eran esas contradicciones que encontraron en la documentación?
Eran contradicciones muy importantes: fechas de fallecimiento diferentes, el certificado de fallecimiento no estaba firmado por ningún médico ni había número de colegiado… No aparecía por ningún lado el historial médico ni de mi madre, ni mío, ni de mi hermano Francisco. Había un certificado de enterramiento en una tumba de caridad, cuando mi familia tenía un seguro de enterramiento. Y luego, diez años después, hay una localización en un osario… ¿qué narices se supone que enterraron si a mis padres no les pudieron dar nada? Reunimos una denuncia de 13 folios que llevamos a la fiscalía provincial de Madrid en marzo de 2011, pero fue archivada en febrero de 2012 con el argumento de ausencia de indicio de delito. Es uno de los argumentos que se utilizan habitualmente para archivar todas las denuncias de este tipo, junto con la prescripción y la ausencia de pruebas.
¿Ustedes subrayan que la forma de actuar en todos estos casos era similar a una trama?
Todavía no sabemos si podemos hablar de una trama como una especie de organismo que va extendiendo sus redes desde arriba. Lo que nosotros decimos es que puede haber diferentes tramas y que todas actúan de la misma forma porque hay un organismo global que permite que esto suceda: no es otra cosa que el Estado, con un gobierno dictatorial. La clave es la impunidad. Para que estos casos se produjeran durante tanto tiempo, desde el 36 hasta por lo menos el 87, tiene que haber unas estructuras del Estado que potencien, permitan, miren para otro lado o que lo amparen. Hay figuras de poder como los médicos, las monjas, todos los funcionarios… que pueden hacer de su posición un abuso de poder. ¿Esto quiere decir que no somos víctimas de franquismo? Al contrario, lo que reivindicamos que somos tan víctimas como cualquier fallecido de otros crímenes de ese momento y también de su herencia posterior; porque siento decir que de la misma forma que un médico o un funcionario podía actuar en la Dictadura, siguió haciéndolo en los primeros años de democracia. Aquí, de ruptura, nada; fue un continuismo claro, puro y duro. Por eso, nuestra postura ética y política en el tratamiento de robo de bebés es enmarcarlos dentro de los crímenes del Franquismo y de su herencia posterior. No es una trama mafiosa, sino terrorismo de Estado, nuestro crimen participa del genocidio que se produjo en España.
Cuesta entender que se produjesen casos casi hasta los años 90…
Claro. Nosotros hablamos de tres etapas: la primera sería la de represión política; la segunda, de represión absoluta ideológica y social amparada por el nacional catolicismo; y la tercera, en los primeros años de democracia, debido a ese continuismo, hasta 1987, que es cuando se aprueba la primera ley de adopción. El problema empieza en el 36, con el robo de los hijos a las mujeres republicanas bajo decretos, bajo leyes del franquismo. En esa primera etapa, hasta el año 52, según recogió el juez Garzón en un auto, hubo 30.000 robos de niños. A partir de ese año, no hay cifras, pero sabemos que ya no solo hubo robos en las cárceles, sino también en las clínicas, en maternidades... Bajo el poder de la Iglesia, pasamos de las mujeres republicanas a las familias muy vulnerables, que pueden ser madres solteras, familias muy humildes, sin recursos culturales, sociales, económicos... No hay ninguna familia adepta al régimen ni pudiente que haya sido robada. La cantidad de casos es incalculable, no ponemos una cifra porque queremos que un organismo institucional haga una estadística fiable. Hasta ahora no la han hecho.
¿Por qué?
Porque significaría aceptar un problema y, hasta ahora, las autoridades no lo están aceptando. ¡Es terrible! ¿Cómo puede ser que no hubiera una ley de adopción hasta el 87? Pues por lo mismo, por la situación política y de represión que teníamos, de impunidad. Hacían lo que les daba la gana, no importaba quién era el perjudicado siempre y cuando perteneciera a este sector perdedor ideológicamente hablando. No son delitos aislados, no son delitos únicamente económicos, están en el marco de un genocidio. Si no vinculamos los casos de bebés robados a un delito de genocidio o de lesa humanidad, es más fácil decretar que han prescrito. Naciones Unidas ya ha calificado el robo de bebés como delito de lesa humanidad y la jueza argentina María Servini, al imputar a un ginecólogo por su presunta relación con uno de estos delitos en 1967, hace que ese delito sea declarado de lesa humanidad. Sin embargo, en España, según las informaciones que tenemos de 2014, de las 2.000 denuncias que se habían presentado, casi 1.300 habían sido archivadas por prescripción o por falta de pruebas.
¿Qué explicación da a que se archiven tantas denuncias?
Alegan prescripción y falta de pruebas. En cuanto a la prescripción, hay una circular de la Fiscalía General del Estado de 2012 que tipifica estos delitos como delitos de detención ilegal con carácter permanente, lo que supone que el tiempo de prescripción empieza cuando la persona desaparecida aparece. Pero está costando mucho que esa orden de Fiscalía sea un criterio jurídico que tengan en cuenta las diferentes fiscalías provinciales. Además, no es vinculante para la judicatura, con lo que las audiencias provinciales actúan según sus propios criterios. Y en cuanto a las pruebas documentales, es muy difícil para nosotros aportarlas porque hay documentos que están perdidos, no sé si ocultados. No tenemos acceso a los archivos, con lo que ni siquiera podemos comprobar si realmente la documentación ha desaparecido. A esto se suma que, a veces, se deniegan las pruebas de ADN. Hay casos increíbles.
¿Nos puede contar alguno de esos casos?
Hay un caso de Córdoba, del año 85, donde dos hermanos buscan al gemelo de uno de ellos. Consiguieron hacer una exhumación del cuerpo que les había dado el hospital, pagándola de su bolsillo, y el ADN determinó que lo que hay ahí no es un niño, sino una niña y que no tiene ninguna relación genética con las personas que están buscando a su hermano. Esa prueba no se admitió. Hay otro caso espeluznante en Alicante, de principios de los 80. Una mujer que busca a su hija solicita la exhumación de los restos que recibió y se encuentra el brazo de un adulto. A mí se me ponen los pelos de punta. Aunque este caso siguió adelante, acabaron archivándolo, diciéndole a la mujer que tienen claro que robaron a la niña, pero que no se puede investigar porque no hay presupuesto. Podría hablarte de cientos de casos. No somos tan locos de pensar que todos los niños dados por muertos han sido robados. Obviamente, claro que ha habido exhumaciones en las que los restos han coincidido el ADN con los padres que buscaban. Menos mal. Pero hay un porcentaje muy alto de niños desaparecidos, ¿cómo es posible que estos casos se archiven? Aquí no hay justicia ninguna; por eso, nos hemos tenido que participar en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.
¿Cuánto tiempo puede tardar en celebrarse ese juicio?
No lo sabemos, es una causa enorme: hay entre 300 y 400 querellas de todos los crímenes del franquismo: torturas, desaparecidos en fosas, preventorios, bebés robados, exilio, vejaciones, delitos contra la mujer... Además, esta querella no va hasta el 75, sigue investigando hasta las primeras elecciones democráticas del año 77. La causa lleva abierta desde 2010, pero también hay que decir que su avance no depende únicamente de los altibajos de la judicatura argentina. Llevamos tanto retraso porque el Estado español no colabora con la justicia argentina, está poniendo palos en las ruedas, ya han pedido la extradición de varias personas, han mandado varios exhortos y se han negado con justificaciones peregrinas. No ha habido voluntad política. Esto no quiere decir que el Gobierno español pueda impedir que se haga el juicio, pero sí retrasa las actuaciones. Necesitamos un gobierno que colabore; está obligado por los convenios de extradición que tiene firmados con la justicia argentina. Para mí, la impunidad continúa.
¿Piensan que estos retrasos se deben al Partido Popular, que ha gobernado durante prácticamente todo el proceso judicial en Argentina?
Tendríamos que ver si un gobierno de otro partido político también nos pondría problemas o no. De momento, lo que sí sabemos es que los años que lleva el Partido Popular hemos tenido muchas trabas. ¿Quizá un gobierno más vinculado a la defensa de los derechos humanos, a la justicia, a la reparación nos ayudaría más? Eso queremos pensar.