- Gustavo Alcalde asegura que hubo una “mala interpretación de sus palabras” por parte de unas fuerzas políticas que “con la víctima esperando entierro, querían sacar un rédito político de la violencia machista”
Había expectación hoy en la sala de prensa de la Delegación del Gobierno en Aragón. Se esperaba que el delegado, Gustavo Alcalde, diera explicaciones después de responsabilizar a la última víctima de violencia machista de su asesinato. Y lo hizo. Pero ni se disculpó, ni mucho menos dimitió. Para Alcalde, sus palabras han sido malinterpretadas por “unas fuerzas políticas que, con la víctima esperando entierro, querían sacar un rédito político”.
“Un ataque político coordinado, fruto de una sorprendente unanimidad”, ha señalado. No consiente “que se le atribuyan actitudes indignas. Ha sido un ataque furibundo por una interpretación sacada de contexto”. Esto demuestra que “algunos anteponen el destruir al adversario a luchar contra esta lacra social”.
La petición de dimisión, ha espetado, es “injusta, precipitada e inoportuna”. Sobre culpabilizar a la víctima, ha dicho que habría que ser “un canalla o un loco para cometer semejante dislate y felonía”. “Son palabras retorcidas y deformadas de manera torticera”, ha concluido.
“El protocolo de protección se cumplió a rajatabla”
Gustavo Alcalde, que en todo momento ha estado flanqueado por dos inspectoras de la Policía Nacional, ha afirmado que, en el caso de Soraya, “el protocolo se cumplió a rajatabla”. En palabras del delegado: “Nunca se barajó que pudiera considerarse un caso de riesgo extremo y nadie podía prever lo que ha sucedido”.
La inspectora Clara Pérez ha explicado el protocolo seguido. El día 4 de febrero el asesino espero a la víctima y a su hijo en su casa. Aunque en un primer momento se dijo que este portaba una pistola, en las declaraciones de Soraya que hay en la sentencia se dice “que intuyó el arma, pero que no llegó a verla”.
Un día después se le detiene y, posteriormente, se le deja en libertad. El caso se valora como de “riesgo mínimo”. El día 8 de febrero se le proporciona a Soraya el teléfono del policía a su servicio y el 9 tiene lugar una entrevista personal. A raíz de esta, el agente sube el riesgo de mínimo a bajo. El día 10 se constata que el asesino ya está en Medina del Campo (Valladolid).
A partir de ese momento no hay más contactos entre víctima y Policía. La inspectora ha explicado que, en los casos de riesgo bajo, pueden pasar hasta 60 días sin que haya una comunicación.
En Aragón hay, actualmente, 1.300 órdenes de protección a mujeres. 965 en Zaragoza; de ellas, 18 de riesgo medio y uno extremo. La Unidad Policial de Apoyo a las Víctimas (UPAP) es la encargada de su protección. Pero de la UPAP solo forman parte 10 personas (un coordinador, un subcoordinador y ocho agente), como ha explicado Clara Pérez.
Con 5.000 agentes, entre Policía y Guardia Civil, ha dicho Alcalde, “es imposible tener a una persona 24 horas protegiendo a estas mujeres”.