Los cambios en los servicios financieros y la digitalización de las operaciones bancarias está provocando casos de exclusión financiera. La están sufriendo consumidores especialmente vulnerables por su edad, por no poder acceder a la digitalización o por vivir en un entorno rural.
En la población mayor de 65 años y residente en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son más de 1.400.000 personas en España, “confluyen diversos factores de riesgo de exclusión financiera, como son la ausencia de oficinas bancarias, la falta de capacidades y destrezas para operar en cajeros, o ignorancia en sistemas digitales que les impiden operar por Internet”, expone la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en su informe Servicios financieros en el mundo rural, publicado en diciembre de 2021.
Desde 2008, han desaparecido casi 25.000 oficinas bancarias en España. Un 20% de los municipios españoles carece de una oficina bancaria, esto provoca que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse 10,6 km de media o pagar más comisiones para acceder al efectivo, se explica en el mismo informe.
En Aragón, más de 1.300.000 personas mayores están en situación de vulnerabilidad ligada a su incapacidad de acceso al dinero efectivo, la mayoría de ellos en las zonas rurales, siendo más de 60.000 las personas afectadas en la comunidad. Este hecho está marcado por el cierre de oficinas, y “nadie ha considerado necesario instalaciones de dispensadores de dinero en efectivo”, según aseguran desde la Federación de Pensionistas y Jubilados/as de CCOO Aragón.
En una nota de prensa, el sindicato ha criticado que el objetivo principal de los bancos es reducir sus costes, con el cierre “masivo” de oficinas, con la “complicidad” y “pasividad” de las administraciones públicas. La actitud de estas entidades es “vergonzosa” al tratar a los clientes, en este caso mayores, como “mera mercancía”, siendo esta actitud el adiós definitivo“ a la atención personalizada y al trato humano ”tan necesario“, ha comentado la Federación.
CCOO ha aclarado que son muchas las personas que han comentado que es “difícil” con su edad acceder a la formación en el uso de herramientas digitales, con el que se sienten familiarizados los jóvenes, pero no así los ancianos. “Si el gobierno nos obliga a tener una cuenta corriente para percibir las pensiones, tendrán la obligación de darnos un acceso fácil para usar nuestro dinero”, han argumentado.
Desde CCOO, han considerado con carácter prioritario que las entidades financieras ofrezcan el trato personal al que el colectivo de mayores tiene derecho. “En nombre del beneficio económico no vale todo, de igual manera que nuestras administraciones no pueden mirar para otro lado con las demandas de cientos de ciudadanos que en estos momentos no pueden acceder ni siquiera a un triste cajero”, ha sentenciado.
Cajeros automáticos como servicios esenciales
En la misma línea se han pronunciado desde Chunta Aragonesista, que celebró este sábado su comité Nacional y cuyo presidente, Joaquín Palacín, alertó sobre el “grave” problema de la exclusión financiera que “amenaza con expulsar de algo esencial como son los servicios bancarios a miles de aragoneses y aragonesas, en su mayoría habitantes del medio rural y personas mayores sin habilidades tecnológicas o con problemas para desplazarse”.
“La necesaria transición digital del sistema bancario no puede hacerse dejando atrás ni a los territorios, ni a las personas que no tienen esas habilidades tecnológicas”, ha reclamado Palacín, quien ha incidido en la importancia de los cajeros automáticos para mantener servicios esenciales y evitar esta exclusión financiera en los pueblos.
“Desde un cajero, además de sacar dinero, se pueden realizar operaciones financieras las 24 horas al día los 365 días del año, sin necesidad de disponer ordenador ni teléfono móvil con conexión a internet”, explicó.
De igual manera el Partido Popular en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) defenderá mediante una moción una “mayor implicación” de la institución provincial en la búsqueda de soluciones de acceso al dinero en efectivo y demás servicios bancarios en aquellos municipios o núcleos de la provincia sin acceso a oficina o cajero automático.
La Diputación Provincial ya se pronunció en esos términos en febrero de 2020, han informado en una nota de prensa los 'populares, quienes dos años después han considerado que es preciso “concretar y fortalecer” esa declaración de intenciones, toda vez que, “a día de hoy, su efecto es nulo”.
Las administraciones públicas y las propias entidades estudian alternativas para evitar esta exclusión financiera y la colaboración entre ambas podría ser una solución. De hecho, es una de las recomendaciones que realiza la OCU en el informe ‘Consumidores vulnerables. Servicios financieros en el medio rural’, publicado a finales de año y reclama que determinados servicios bancarios, como el acceso al dinero en efectivo, tengan la consideración de “Servicio Universal” por parte de la administración, para garantizar el acceso a toda la población como sucede con los servicios postales o las telecomunicaciones.