Desmantelada una banda internacional que depositaba residuos peligrosos europeos en Zaragoza

Una operación internacional llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con Europol ha permitido desmantelar una organización criminal que se encargaba de depositar residuos peligrosos de origen urbano en un vertedero de Zaragoza.

Según informa el Instituto Armado, la operación, denominada 'Poubelle', se ha saldado con la detención o investigación de 19 personas y de seis sociedades jurídicas que estarían implicadas en una trama internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos que eran transportadas a Aragón desde distintos puntos de Europa.

Colaboración internacional

Fruto de la colaboración internacional, las investigaciones comenzaron meses atrás en los servicios de control de los residuos en frontera, al detectarse un tránsito inusual de camiones cargados con residuos urbanos provenientes de Europa con destino a empresas españolas.

Las primeras indagaciones practicadas permitieron identificar a una serie de empresas interrelacionadas y establecidas entre el sur de Francia y las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón, que comerciaban a grandes niveles con residuos procedentes de Europa.

Los investigadores pudieron verificar que decenas de camiones entraban en las instalaciones de gestión de residuos controladas por la organización, y que su carga era redirigida directamente a un vertedero de Zaragoza sin valorarse previamente.

Una vez identificados los presuntos integrantes de esta trama, los agentes comprobaron que los contratos internacionales para la gestión de estos residuos urbanos se ofrecían a precios muy por debajo de mercado.

Según las fuentes citadas, mediante este sistema se estima que la organización criminal habría ingresado más de 16 millones de euros desde 2020.

Al estar prohibida la entrada de este tipo de residuos por la legislación, que exige que cada país se haga cargo del tratamiento de los residuos generados en su territorio, las personas y sociedades investigadas habían ideado un procedimiento consistente en interponer una serie de empresas entre el productor y el vertedero español.

En este contrato se hacían constar diferentes tratamientos y operaciones nunca realizadas para que, al menos a nivel documental, pareciese que todo se hacía acorde con la legislación vigente.

Según las fuentes citadas, el resultado es que diariamente se enterraban en Zaragoza toneladas de residuos de todo tipo, incluyendo peligrosos y tóxicos, procedentes de Europa, “todo ello a costa de un daño casi irreparable en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes”.

Inspección en un vertedero de Lleida

Durante la operación se han practicado seis entradas y registros en domicilios y sedes de personas jurídicas de las localidades de Fraga (Huesca), Terrassa (Barcelona) y Alcañiz (Teruel) en los que se han intervenido diez teléfonos móviles, seis discos duros, cuatro ordenares portátiles, nueve 'pendrives', tres tarjetas de memoria, diversa documentación, 24.870 euros en efectivo.

Además, se ha realizado el volcado de las bases de datos y de los correos electrónicos de las personas jurídicas investigadas, así como de los detenidos.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Fraga (Huesca) encargado del caso ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos, así como el bloqueo de cinco bienes inmuebles y de cuatro automóviles, cinco motocicletas y de seis máquinas pesadas para el tratamiento de residuos.

Asimismo, se localizaron y bloquearon hasta 34 cuentas bancarias utilizadas para el alojamiento y reconversión de los beneficios ilícitos por la organización.

Este tipo de delincuencia dedicada al tráfico internacional de residuos urbanos peligrosos crece a un ritmo comprendido entre el 5% y el 7% anual, siendo la cuarta actividad delictiva más importante del mundo después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.

Las fuentes referidas señalan que estudios recientes estiman que los ingresos anuales derivados únicamente del mercado ilícito de residuos en la UE están entre 4.000 y 15.000 millones de euros y que, a pesar de los daños que causan, los infractores corren poco riesgo de ser detectados.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Fraga (Huesca), coordinada de forma conjunta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) y de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil apoyada por Europol, y en la que han colaborado, además, el servicio cinológico central y de Barcelona, la USECIC de Zaragoza, el EDITE de Huesca, tráfico de Zaragoza y la Uprona de Barcelona.