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El incidente protagonizado por el Ejército hace unos días en Jaca (Huesca), cuando un soldado encañonó a un menor de edad durante unas maniobras en el núcleo urbano, ha desempolvado el recuerdo de lo que sucedió en la cercana localidad de Abena en junio de 1984. Un episodio que, en perspectiva, presenta tintes tragicómicos pero que en su día ejemplificó el papel todavía preponderante de las fuerzas armadas en la sociedad española del momento. Lo que se denominó un 'fusilamiento simbólico' tuvo consecuencias más allá de la anécdota para sus responsables, que tuvieron que responder ante la justicia militar.
El miércoles 6 de junio de 1984, las voces y gritos que llegaban desde la Plaza Mayor quebraron la tranquilidad de los vecinos de Abella. Allí apareció un grupo de unos veinte militares, vestidos de camuflaje y armados que comenzaron a pedir la identificación de aquellos que acudían a interesarse por lo que estaba sucediendo. Parecía una jornada más de maniobras que pronto cobró tintes extraños: el capitán al mando ordenó reunir a todo el pueblo en la plaza, incluso puerta por puerta, y una vez congregados delante del ayuntamiento un teniente leyó un texto que llevaba consigo. Se trataba de un parte de guerra.
El militar transmitió a los lugareños que su compañía había tomado el pueblo para neutralizar una red de apoyo a la “guerrilla”. Como represalia, debían ejecutar a los líderes de la resistencia. De inmediato, los soldados empujaron a dos personas contra uno de los muros del ayuntamiento; eran el alcalde de la localidad, Juan Galindo, y de un vecino, Generoso Ara. Frente a la incredulidad general y ante un pelotón de fusilamiento, estas dos personas recibieron disparos al grito de “¡Carguen, apunten, fuego!” por parte del teniente. Ante el pavor y las protestas de los 'fusilados' y de los testigos, varios de los cuales recordaban escenas idénticas de menos de cinco décadas atrás, disipado el humo se reveló la burla.
“¡Que eran balas de fogueo, hombre!”
Los soldados comenzaron a reírse: “¡Que eran balas de fogueo, hombre!”. Que no se preocupasen, que ya se iban después de un simulacro como parte de unas maniobras militares de las que no habían informado previamente a nadie en la localidad. Hasta seis días después no se contó la noticia. La desveló Radio Jaca, emisora de la Cadena SER, después de que uno de los vecinos contase lo sucedido a sus redactores. Se difundió a las diez de la noche, grabada previamente porque sus trabajadores habían salido a cenar. Cuando regresaron al estudio y se encontraron con que unos asaltantes desconocidos inutilizaron micrófonos, magnetófonos, brazos y platos de tocadiscos y se llevaron 30.000 pesetas (180 euros de la época) en efectivo de la caja.
El tiempo aclaró en parte las circunstancias y definió las consecuencias de aquella jornada, que tuvo lugar apenas tres años después del intento de golpe de estado del 23F y acabó alcanzando una resonancia internacional que obligó al ejército a reaccionar. Los soldados pertenecían a las Compañías de Operaciones Especiales (COE) que realizaban unas maniobras de adiestramiento junto con alumnos de la Academia General de Zaragoza. Se abrió una investigación al oficial al mando, el capitán Carlos Alemán Artiles, y su segundo, el teniente Jaime Íñiguez Andrade.
El Tribunal Supremo derivó el asunto a la justicia militar, que un año después condenó a ambos. También fueron llamados a declarar dos redactores de Radio Jaca, José Luis Rodrigo y Carlos Sánchez-Cruzat, y el sumario 256/85 terminó archivado. El entonces alcalde de Abena, preguntado en su día por el diario El País, indicó que todo lo ocurrido “no fue más que una broma pesada”. Añadió que, tanto él como el vecino que le acompañó como víctima en el simulacro de fusilamiento no temieron “nada serio” en ningún momento, y que tampoco fueron objeto de violencia alguna por parte de los militares.
“Todos los años vienen por el pueblo de guerrillas y de maniobras, pero este año se pasaron un poco”, comentó Juan Galindo al rotativo. En los días posteriores, un capitán y un comandante del Ejército acudieron al pueblo a pedir disculpas por lo ocurrido. “Les di mi palabra de que les perdonaba y, por nada del mundo, quiero que le hagan ningún daño a ese señor (el teniente), al menos por nuestra parte. Perdonamos todo”, insistió el alcalde.
Los responsables comparecieron ante un consejo de guerra. Se condenó a Carlos Alemán Artiles a cinco meses de arresto militar y a la pérdida del servicio y la antigüedad durante la condena, y a Jaime Íñiguez Andrade a cuatro meses de arresto militar y a los efectos consiguientes de pérdida de servicio y antigüedad por el delito militar consumado de “inobservancia de órdenes que les fueron dadas, no relativas al servicio de armas, y sin que se den otras situaciones o circunstancias de las previstas en el artículo 329 del Código de Justicia Militar”, y se les absolvió del delito de desobediencia. Unos años más tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy ascendió a Íñiguez Andrade a general de Brigada. Entre 2014 y 2019 fue comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales antes de pasar a la reserva.