El Gobierno de Aragón se ha activado para proteger los últimos rincones vírgenes del Pirineo oscense: ha retomado los trabajos para sacar adelante los planes de gestión de las 39 ZEC (Zona de Especial Conservación) de la región biogeográfica alpina.
Esa abigarrada definición consiste, en la práctica, en marcar las reglas de explotación y aprovechamiento y en poner los límites a las actividades productivas en los 39 lugares de interés comunitario (LIC) del tramo oscense de la cordillera, tarea en la que Bruselas y Aragón acumulan un retraso de casi un cuarto de siglo al derivarse de una directiva de 1992.
El listado incluye algunos de los parajes emblemáticos de las reivindicaciones ecologistas, caso de las turberas del Anayet y del propio volcán inactivo, desprotegidos pese a que figuraban desde 1974 en los listados de zonas a preservar del Icona y desde quince años después en los de la Comunidad autónoma, y el valle del río Ara, uno de los últimos cauces salvajes del Pirineo, salvado tras quedar descartado el embalse de Jánovas hace quince años por su inasumible impacto ambiental.
Tramitación en marcha tras cuatro años ralentizada
El decreto que aprobará esos planes de gestión “se está tramitando”, según indica el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, en una respuesta a la diputada de Podemos Marta Santos.
El consejero recuerda que la declaración de los 39 ZEC fue aprobada por el consejo de Gobierno aragonés el 27 de abril de 2010 y comunicada al Ministerio de Medio Ambiente el 18 de junio de ese mismo año.
Sin embargo, los avances del proceso fueron escasos durante la pasada legislatura estatal y autonómica, en la que los dos ejecutivos se enfrentaron en el Constitucional por la competencia para declarar y marcar las reglas en las llamadas reservas fluviales, un conflicto en el que se mezclan los intereses ambientales con los urbanísticos y en el que la declaración de varias de las zonas de especial conservación iba a tener una influencia directa.
Preservar zonas que Madrid pretende desproteger
De hecho, entre las 39 ZEC se incluyen algunas de las zonas que el Ministerio de Medio Ambiente pretende excluir de la lista inicial de parajes de interés natural en los que el Cedex recomendó declarar reservas naturales cuando comenzó el proceso, en 2008: el Anayet, que incluye la Canal Roya y la Canal de Izás, donde el hólding semipúblico Aramón planeaba una estación de esquí que uniera otras tres, el Ésera y el Aurín. Otras propuestas afectan a cauces en los que Madrid se inclina por la desprotección parcial, como las cabeceras del Cinca y el Aragón.
“Se trata de la máxima figura de protección por el reconocimiento de la UE”, señala De Santos, que califica de “vergonzoso” el retraso que Aragón acumula en esta materia. “No han sido capaces de crear las figuras de protección en casi 30 años”, añade.
La diputada reclama que la aprobación de los planes de gestión vaya seguida de inversiones. “Las zonas protegidas están abandonadas. Hay mucha dejadez ¿Qué más da la figura si después no hay fondos?”, se pregunta.
Los 39 ZEC incluyen las sierras de Guara, Ferrera, Arro y Chía, la primera con dos áreas –norte y los cañones- y la segunda con el congosto de Seira; las turberas del Anayet, el Acumuer y el macizo de los Infiernos; las cuencas de los ríos Aurín, Ara, Ésera, Isábena, Yesa y Airés, la cabecera del Aguas Limpias, el curso alto del Aragón, el alto valle del Cinca y el de Pineta; las gargantas de Los Navarros, en Bujaruelo, y de Obarra; las cuevas de Villanúa y de los Moros; macizos puertos y picos como Cotiella, Peña Telera, la Collarada con la canal de Ip, el Turbón, Otal y Cotefablo, Panticosa –con Bramatuerto y Bratazos-, la Tendeñera y el Pacino, la foz de Escarrilla y el congosto de Ventamillo, áreas como la Garcipollera con la selva de Villanúa, el Sobrepuerto, los Valles –con una zona genérica y otra específica para el sur-, Chistau y los parques de Ordesa y Monte Perdido y de Posets-Maladeta.