¿Brotes verdes? Lejos de los juzgados, quizás. Empresas y particulares reclaman cada semana en los tribunales aragoneses más de 400 deudas, según indican las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La insolvencia que asoló el tejido productivo aragonés en los primeros años de la crisis continúa angustiando a las pymes y a las familias.
Esos datos indican que en los primeros tres meses de este año los juzgados de Primera Instancia recibieron 3.975 demandas monitorias, en las que empresas y particulares se reclaman deudas vencidas, que los bancos reclamaron en vía judicial la ejecución de 370 hipotecas –se estima que la mitad corresponden a viviendas principales- cuyos titulares no atendían las cuotas y que los trabajadores iniciaron 882 litigios en la jurisdicción Social para saldar deudas con sus empleadores.
Las reclamaciones de cantidades repuntaron con el inicio del año, para situarse en cifras más cercanas a las registradas a partir de mediados de 2011 que las de los primeros años de la crisis, mientras las ejecuciones hipotecarias caen a los niveles más bajos desde 2008 y los monitorios mantenían un ritmo de suave descenso sobre cuya causa discrepan los operadores jurídicos: ¿se debe a una mejora de la economía o a que esta se dirige a una situación de inanición?
Sin letras impagadas ni pleitos con la administración
Las estadísticas que hace públicas el Poder Judicial no incluyen todas las modalidades de reclamación judicial de deudas. Entre otras, no desglosan las demandas de desahucio por impago de alquiler, los juicios cambiarios por descubiertos en letras, pagarés y cheques o los pleitos contra las administraciones por la vía Contenciosa.
La inclusión de todos esos pleitos elevaría notablemente el volumen de demandas, que superaron las 180.000 en los ocho primeros años de la crisis, de 2007 a 2014: 134.631 monitorios, 27.493 reclamaciones de cantidad y 13.794 ejecuciones hipotecarias en ese periodo arrojan una media de 422 semanales, no muy superior al ritmo actual de 402.
Los informes del CGPJ sí hacen referencia a otros dos tipos de procedimientos judiciales que, en ocasiones, generan graves repercusiones sociales: los concursos, en los que los acreedores de empresas morosas deben optar entre perdonar una parte de sus deudas o no recuperar ninguna, y los lanzamientos, en los que los deudores, ya sean de rentas o de créditos, se ven desalojados de los inmuebles que ocupan.
Casi 2.000 empresas insolventes en ocho años
Las 57 declaraciones de insolvencia de los primeros tres meses del año en Aragón hacen prever que la cifra total de empresas en concurso no supere este año, por segundo consecutivo, la barrera de los 300 que marcó los ejercicios de 2012 y 2013 como los de mayor destrucción del tejido empresarial en la comunidad.
No obstante, ese dato apunta al mismo tiempo a que este año se superará el segundo millar de empresas concursadas en la comunidad. El 90% de ellas fueron liquidadas por no llegar a acuerdos con sus acreedores; más del 9% restante, por incumplirlos.
Los 287 lanzamientos, por el contrario, suponen regresar a un ritmo de desalojos que no se producía desde finales de 2012.