“Un maestro, conexión a Internet o una asociación cultural dinamizan más un territorio que un polígono industrial”

Luchar contra la despoblación es una prioridad para el Gobierno de Aragón, que está elaborando una directriz en la que han participado hasta 26 actores diferentes. Ayuntamientos, expertos, universidad y sindicatos, entre otros, han hecho sus aportaciones a este documento transversal que incluye 350 medidas y que se espera que esté listo para su aprobación el próximo mes de octubre. El objetivo del Gobierno de Aragón es que algunas de estas iniciativas tengan partida presupuestaria en 2018 para comenzar a aplicarlas el próximo año.

Las propuestas tienen que ver con la actividad económica y el mercado laboral, los equipamientos, la movilidad, las tecnologías digitales de comunicación, el patrimonio territorial, los recursos naturales, entre otros ejes. Pero para llegar a ellas, antes se ha realizado un análisis exhaustivo de la nueva realidad social y demográfica de la región.

Tras un periodo -2001 y 2012- en el que la población en Aragón registró un importante crecimiento, se inició un retroceso que se mantiene hasta la actualidad. Desde entonces, se han perdido 41.000 habitantes censados, pasando de los 1.349.467 en 2014 a los 1.308.563 en 2016, según se indica en el plan.

Con estos datos, Aragón ha sido una de las comunidades autónomas más afectadas por la pérdida de población entre 2011 y 2016. Si se compara con el contexto europeo, ocupa la posición 41 con un menor crecimiento en este periodo de las 258 regiones de la Unión Europea.

El reto, mejorar la calidad de vida en los pueblos

Entre los agentes que han hecho sus aportaciones a esta directriz de política demográfica y contra la despoblación, destaca la del profesor del área de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa, Luis Antonio Sáez, ahora también director de la Cátedra contra la Despoblación de la Universidad de Zaragoza. De hecho, su planteamiento queda recogido en el documento como uno de los retos a abordar: equiparar la calidad de vida.

Suárez sostiene que los datos indican que España va a perder población en los próximos años, por lo que considera que el objetivo no debe ser recuperarla, sino mejorar la calidad de vida de los vecinos que vivan en el medio rural. No se trata de tener la población que se tenía hace 30 años, sino que los que voluntariamente decidan vivir en los pueblos tengan las condiciones para poder desarrollar su vida, añade

“Si te das un ictus en Mosqueruela (Teruel) tardarás más en llegar al hospital, pero la probabilidad de morir por contaminación es más elevada en las grandes ciudades que en el Sistema Ibérico español, donde la cifra de centenarios iguala a la de Japón”, precisa y añade: “Ganas en una cosa y pierdes en otra, lo que no hay que hacer es prometer todo”.

Sin embargo, el mundo político tiende a ser un tanto “grandilocuente”, a plantear a veces objetivos “imposibles” y a centrarse en cuestiones “más tangibles” como el empleo y las infraestructuras, asegura.

“Todos necesitamos trabajo y lo económico es importante, pero hoy en día haría más hincapié en otra cosa; los políticos van a lo tangible, al empleo, a infraestructuras, cuando muchas veces es más importante la vida cultural o la ley de dependencia” en el medio rural. En este sentido, sostiene que un maestro en una escuela, una guardería, conexión a Internet o una asociación cultural, es decir el “compromiso de una serie de personas”, dinamiza más un territorio que un polígono industrial, porque crea un clima de pertenencia. E insiste en la idea de que el ciclo de la vida es largo, planteando la opción de salir en la juventud y volver en una etapa más madura.

No obstante, Suárez insiste en que hay medidas que pueden servir para un territorio, pero ser ineficaces en otros, por lo que incide en la importancia de reflexionar sobre la forma de gestionar y de llevar a cabo un plan transversal de estas características, que afecta a tantas políticas.

El primer borrador de la directriz, elaborado durante un año, fue sometido a un proceso de participación ciudadana en el que recibió más de 800 aportaciones. Según indican fuentes del Gobierno de Aragón, el plan está pendiente del trámite ambiental y los informes jurídicos y se espera que la aprobación definitiva tenga lugar en octubre, según señalan desde el Ejecutivo.