La red de los invisibles: los africanos piden apoyo para ayudar a los 'sinpapeles' a subsistir en la pandemia

AISA, la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, e Ilumina Senegal han lanzado un programa de solidaridad alimentaria con el que hasta el momento han podido socorrer a alrededor de cuarenta familias a las que el parón de la economía por la pandemia ha dejado, al carecer de ‘papeles’, en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Al no tener ‘papeles’ no pueden acceder a ninguno de los programas de ayuda que están realizando las distintas instituciones”, explican esas entidades, que añaden que “existen programas de solidaridad y comunidad que tratan de ayudarles, pero por las circunstancias que vivimos están colapsadas”.

Se trata de gente que cumple “rigurosamente con la cuarentena decretada por el estado de alarma” y que, en consecuencia, “no tienen ningún ingreso. Además, la falta de papeles les deja en una situación de gravísima vulnerabilidad e incapacidad de surtirse de los bienes más básicos como es la comida de cada día”.

El apoyo de varios grupos de vecinos les ha permitido llegar a 37 familias “a quienes la burocracia no ve, pero a quienes la necesidad sí ataca sin distinguir de origen o situación”. Hay muchas más en esa coyuntura, para lo que han habilitado una cuenta bancaria (ES17 2100 1847 8101 0046 5210) en la que se pueden realizar aportaciones indicando en el concepto “APOYO SIN PAPELES”.

Por otro lado, grupos de vecinos de El Gancho, el Picarral, La Jota, Las Fuentes, Torrero, Delicias, Madalena y La Almozara han creado redes de apoyo (aquí los contactos) para atender a vecinos que con el confinamiento necesitan apoyo para abastecerse de alimentos y fármacos, para hacerse cargo de menores o de mayores dependientes o, también, para poder disponer de recursos ante el cerrojazo de la actividad económica.

El peso de la economía informal

Los ‘sinpapeles’ constituyen uno de los colectivos invisibles que se quedan al margen los decretos de medidas económicas del Gobierno y, en buena medida, los dispositivos de servicios sociales tanto municipales como autonómicos. Y no son, ni mucho menos, los únicos.

Los analistas económicos llevan semanas alertando de los riesgos de desamparo que sufren quienes subsisten gracias a la economía informal, que carecen de acceso a subsidios y ayudas y, en muchos casos, también de una red social en la que apoyarse.

En ese grupo se entremezclan personas y actividades de todo tipo, tanto comerciales como productivas y de servicios, en un sistema sumergido de tal magnitud que distintos estudios de entidades como Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, o la CREA, la Confederación de Empresarios de Aragón, le han atribuido en la última década un peso que ha oscilado entre el 11% y el 25% del PIB aragonés.

Y decir entre la novena y la cuarta parte de la producción de la comunidad, de 37.038 millones en 2018, el último ejercicio con datos oficiales, significa que entre 4.000 y 9.000 millones de euros se mueven por cauces informales, con el pago en mano y sin factura, tributación ni cotización de mercancías, servicios y prestaciones laborales de todo tipo.

La solicitud de ayuda para poder comer se duplica en Zaragoza

No parece necesario disponer de una formación académica en análisis económico para barruntar que las consecuencias sociales de un parón de la actividad productiva y la comercial con una estructura económica de ese tipo pueden resultar demoledores.

Y lo están resultando, tal y como ponen de manifiesto algunos datos como los de tramitación de ayudas de urgente necesidad para adquirir alimentos que maneja el Ayuntamiento de Zaragoza: 2.618 familias las han solicitado en tres semanas (del 16 de marzo al 7 de abril), lo que supone un aumento del 109% con respecto a las 1.252 de las mismas fechas del año pasado. Se han duplicado cuando la actividad comercial y la productiva todavía no llevan un mes paradas.

Y no parece que el aluvión de demandas responda a la picaresca, ya que el 97% de ellas (2.542, con un coste de 641.345 euros) han sido concedidas con un equipo de gobierno PP-Cs que inició la legislatura con un discurso más centrado en el austericidio y la contención del déficit que en las políticas sociales.

A esta línea de trabajo se le suma otra mediante la cual el servicio de distribución de comida a domicilio entrega packs de alimentos a 1.268 ancianos cada día, en una ampliación del dispositivo que ya desarrollaba la fundación La Caridad mediante un convenio con el consistorio que atendía a 604 casas.

Este programa, que incluye a usuarios de los clausurados centros de mayores, a otros que se van sumando y a vecinos en situación de vulnerabilidad social, acerca a los 4.000 el número de hogares zaragozanos que están necesitando ayuda municipal para alimentarse durante la pandemia.