En el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel las cuentas no salen. El sector es una de las banderas del sector agroalimentario de la provincia pero la Denominación de Origen, la más antigua de jamón de España, ha visto cómo salían del Consejo muchos ganaderos y la producción se reducía a un tercio desde los 746.000 jamones de 2008. Las cifras no cuadraban y en una huida hacia delante, destinaron subvenciones públicas a pagar nóminas y gastos varios, y crearon Promorigen, una sociedad vinculada al Consejo, para “generar sobresueldos” y eludir el control legal. Es lo que piensa el Juez de Instrucción número 3 de Teruel que investiga el caso, según se recoge en un auto dictado a finales del mes de agosto en el que rechazaba la petición de archivo de una de las imputadas.
El magistrado Jerónimo Cano considera que la creación de la empresa Promorigen S.L. se realizó para descapitalizar desde el punto de vista financiero al Consejo, ya que todas las pérdidas de la sociedad que le provocaban que tuviera patrimonio neto negativo eran repuestas por el Consejo con dinero efectivo. Cree también que “fue creada para generar sobresueldos” y para “eludir su control mediante la figura del Consejero delegado” que, según declaró ante el juez, ni siquiera sabía cuál era su función.
Del informe pericial deduce que “no había ingresos suficientes para las actividades que hacían” y además había “exceso de gastos por encima de lo normal” o incluso “gastos inflados”, lo que entiende como “manifiesta corruptela” en esta organización “plasmada en sobresueldos y donativos”.
En el auto el juez apunta además que hay gastos que no están “adecuadamente soportados” como adelantos de nóminas para el gerente, facturas de combustible sin justificar, arreglos de vehículos que no eran propiedad del Consejo, lotes de regalos, cursos de inglés o informática, así como retirada de efectivo por parte del gerente de hasta 28.283 euros sin justificar. A esta lista se suman comidas y alojamientos, y el pago de multas y sanciones de tráfico impuestas a sus empleados, que el Consejo y Promorigen pagaban sin que posteriormente, dice el juez, repercutiera a los causantes de las mismas.
Entre las irregularidades está también la falta de autorización del pleno para gastos que superaban el 2% del presupuesto, tal y como era preceptivo, y que se denegara el acceso de vocales a la documentación.
“Reiterada manipulación y distorsión de la información contable”
“Existe un claro y manifiesto déficit de control interno” asevera el juez, entre otras cosas por la “opacidad del gasto”, además de que existía y era “frecuente una reiterada manipulación y distorsión de la información contable”.
Una mala gestión que achaca fundamentalmente al entonces gerente, Fernado Guillén, que en su día fue también concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel, pero señala además a los miembros del Consejo, doce personas entre vocales y el presidente, porque tenían una “responsabilidad de tutela y buen gobierno”.
Todos los que ostentaron estos cargos durante el periodo investigado, 2009-2013, fueron imputados, además de representantes de la administración. En el último auto hasta la fecha del mes de septiembre, el juez ha archivado la causa para estos últimos, así como para trabajadores de la gestoría que llevaba la contabilidad, de segundo nivel o ajenos a esas cuentas.
También ha exonerado a Eugenio García, el presidente que denunció ante el juez la situación meses depués de tomar posesión, y a Artemio Conejos, otro de los vocales, porque dice de este último que “estaría más cerca de ser perjudicado que imputado” y del expresidente, que manifestaba sus quejas en los plenos y que no eran recogidas.
Pero el juez apunta que puede haber nuevas imputaciones, después de conocer el último informe del perito contable que asegura que más de 600.000 euros de subvenciones del Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel no están bien justificadas.
Crisis institucional en un momento de incertidumbre
Toda esta investigación comenzó a partir de las denuncias de Eugenio García, que acabó siendo apartado de su cargo cuando, poco después de ser elegido, dimitieron la mitad de los vocales del Consejo y el Gobierno de Aragón decidió crear una Junta Gestora.
Tras la crisis institucional hubo elecciones que no aclararon el panorama y al final se llegó a nombrar a una persona ajena al sector como representante del Consejo, Carlos Mor, hasta entonces presidente de la Confederación de Empresarios Turolenses, y tiempo después a un nuevo gerente.
Ellos se afanan ahora por poner paz en el seno del Consejo y emprender iniciativas que permitan al sector mirar al futuro, como el lanzamiento de la paleta de Denominación de Origen, y el proceso abierto para conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la carne de cerdo y lograr así que a los ganaderos sí les salgan las cuentas de producir cerdos de Denominación.