“Eso se conserva gracias a los insumisos”, explica el historiador aficionado Adrián Perna, en referencia a las varias decenas de miles de legajos sobre presos políticos del franquismo que custodia la cárcel de Zuera. Se trata de 26.000 expedientes almacenados en cajas en función de la letra por las que comenzaba el apellido del interno –no alfabéticamente- que se encuentran en un sótano del penal zaragozano.
Esos expedientes recogen el historial penitenciario de miles de personas que pasaron por las cárceles de las tres provincias aragonesas –Torrero, Huesca, Teruel, Barbastro, Benabarre, etcétera- entre el inicio de la guerra civil y mediados de los años 40. Varios de los insumisos que pasaron por Zuera en los años 90 se dedicaron a recogerlos y a agruparlos en carpetas de archivador. Hoy siguen en esas cajas, apretujados. “Se oye como se rompe el papel cuando las abres”, explica Perna.
Perna es uno de los investigadores que los ha consultado, lo que le ha permitido ir tirando del hilo para reconstruir la última fase de las vidas de algunos presos políticos, varias de las cuales ha ido publicando en su blog de memoria históricablog de memoria histórica. Entre la documentación de la cárcel y la que ha obtenido en otras instituciones, ha documentado historias como la de Francisco Obis, un vecino de Estadilla que murió fusilado en Huesca en agosto de 1936.
Libertad de papel para morir fusilados
La documentación reunida por Perna da fe del sarcasmo (“burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo”) con el que la Administración franquista trataba a las víctimas de sus represalias. Tras su detención e ingreso en prisión el 20 de julio de 1936, fue procesado el 2 de agosto y sometido a un consejo de guerra que no llegó a finalizar. Aunque la legalidad de los sublevados tampoco consideraba necesaria una condena formal para matar: salió en libertad el 23 de agosto, el mismo día que moriría fusilado. Su acta de defunción, localizada en el Registro Civil, señala que falleció por “herida de arma de fuego” según “certificación facultativa”. Ocurrió lo mismo con cientos de arrestados.
La documentación que custodia la cárcel zaragozana resulta “fundamental para reconstruir y conocer una parte importante de la historia”, explica Perna. De hecho, el Ministerio de Defensa solo permite el acceso a los legajos de los consejos de guerra con la identificación completa del afectado, lo que eleva el valor histórico de esas cajas, para acceder a las cuales hay que obtener previamente el permiso de Instituciones Penitenciarias.
En el Gobierno de Aragón dieron hace unos años los primeros pasos para recuperar esa documentación y ponerla a disposición de los investigadores. Sin embargo, el proceso se interrumpió: solo llegaron a los archivos provinciales los 9.000 expedientes de las letras “a” a la “g” de Huesca –viajaron 11.000, pero la cifra se redujo conforme iban siendo catalogados- y de la “a” a la “c” en Zaragoza. Quedan en Zuera unos 26.000 expedientes.
Un asunto pendiente para dos gobiernos
La diputada autonómica de IU-Aragón, Patricia Luquin, ha comenzado a interesarse por el tema. Sin embargo, la respuesta del Gobierno autonómico a su primera pregunta parlamentaria no ha sido muy alentadora: “Está pendiente la descripción y transferencia de parte de la documentación referida por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias”, se limita a decir la consejera de Cultura, Mayte Pérez.
Luquin, que va a realizar un seguimiento de este asunto, quería saber si la comunidad “tiene previsto” llevar a cabo “las gestiones necesarias para concretar una actuación definitiva sobre esos documentos históricos que aseguren su conservación futura y faciliten su consulta a la ciudadanía en los archivos provinciales”.