Juan Diego Ramos (Zaragoza, 1978) nos comenta que “el secreto está en hacer activismo las 24 horas del día, en ser conscientes de que todos educamos a nuestro entorno continuamente”. Quizá por eso, le interesa que subrayemos que las puertas de la sede de Somos LGTB + siempre están abiertas: en la calle Agustina de Aragón 28 de Zaragoza.
¿Por qué este curso va a ser importante para Somos LGTB +?
Porque van a empezar a funcionar muchos proyectos que pusimos en marcha ya el curso pasado. Por ejemplo, dentro de nuestro grupo sobre salud, este año vamos a comenzar a practicar las pruebas rápidas del VIH y de la hepatitis C; seremos la primera asociación en realizar en Aragón la de hepatitis C. Además, potenciaremos nuestro grupo de ayuda mutua entre personas que viven con el VIH, un grupo específico sólo de hombres que tienen sexo con hombres. Este grupo sirve para trabajar la autoestima y cuenta con un servicio de personas homosexuales que viven con el VIH y se han formado a través de un curso de la UNED para acompañar a quienes acuden en su proceso de asimilación y empoderamiento. Nos reunimos una vez al mes, intercambiamos impresiones, experiencias... Es fundamental el apoyo del referente: que la gente conozca a otras personas que hayan pasado por su misma realidad.
¿La prevención del VIH sigue siendo uno de vuestros principales objetivos?
Sí, más de la mitad de las nuevas infecciones de VIH se dan entre el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres y, de ellos, la gran mayoría son jóvenes de 18 a 35 años. Además, con el VIH hay un problema de referencias y de estigma. Antes, ibas por la calle y podías reconocer fácilmente a una persona que padecía sida; ahora, esos referente, gracias a la ciencia, ya no existen, porque se puede vivir con VIH: se ha convertido en una enfermedad crónica controlada. Se ha perdido el miedo y la información que se está dando en los centros escolares de educación sexual no es la adecuada. A la vez, las personas que viven con VIH siguen sufriendo estigma, con lo que la gente tiene miedo a que la señalen con el dedo, a perder su trabajo, a no tener pareja, a tener problemas con su familia... Entonces, esas personas con miedo no suelen querer hacerse la prueba rápida y probablemente pueden transmitirlo. Nosotros exigimos un pacto de estado sobre el VIH; cuando el Partido Popular entró el gobierno, se cargó el Plan Nacional del SIDA y la Secretaría de Estado. En Aragón, sí hay un plan específico de prevención, con convenios con bares de ambiente; y nosotros llevamos dos años colaborando con el Plan Preventia. En el mundo de hombres que tiene sexo con hombres, el concepto de cómo se perciben las relaciones sexuales es mucho más amplio y más complicado que en el colectivo heterosexual. Por ejemplo, trabajamos el 'cheming sex', quedadas de gente que combinan drogas y sexo; sin juzgar, proporcionando las herramientas para realizar estas prácticas de la mejor manera posible. También asesoramos a trabajadores del sexo trans, que suelen estar en Zaragoza de paso durante una semana o dos. Para evitar que se sientan solos, este local se convierte un día a la semana en una zona de esparcimiento. Contactamos con ellos a través de páginas webs o redes sociales y les damos material preventivo, formación, les servimos de enlace con la ciudad por si tienen algún problema o necesidad y les permitimos relacionarse con gente diferente al entorno en el que se están desarrollando habitualmente. Lo ideal es conseguir educación entre iguales, es decir, que estos trabajadores se lleven interiorizado el concepto de salud sexual para que formen a otros compañeros en otras zonas de España o que les recomienden que acudan a nosotros.
Además de la salud y la prevención del VIH, ¿qué otros objetivos tenéis?
Tenemos cinco objetivos que reclamamos como ejes principales: la salud integral que hemos comentado, un pacto por la educación, luchar contra los delitos de odio, una ley de igualdad para el colectivo LGTB y una ley integral sobre transexualidad a nivel estatal. En Aragón, varios colectivos hemos trabajado con el gobierno autonómico para redactar esta ley de transexualidad. Nuestras propuestas han sido muy bien recibidas por todos los partidos, incluso por el PP, y confíamos en que la ley se apruebe en las Cortes aragonesas en el primer o segundo trimestre del año que viene. Nos parece importante que se apruebe lo antes posible, para que la norma tenga un recorrido antes de que termine esta legislatura. Con todo, también es necesario que esta normativa sea elevada a nivel estatal, para que se respete la dignidad de las personas transexuales en todo el país.
¿Qué ventajas tendrán las personas transexuales en Aragón?
Para empezar, una persona transexual en Aragón ya puede acudir directamente a su médico de cabecera y pedir cambiar su nombre en su tarjeta sanitaria sin el requisito de ser diagnosticada de “disforia de género”, sin ser considerado un enfermo mental. Los menores ya no tienen problemas para acceder a los bloqueadores, unas hormonas similares a las que toman las mujeres en la etapa de la menopausia. Además, con la nueva ley de transexualidad, todos los espacios públicos estarán obligados a formar a los funcionarios para atender correctamente a estas personas transexuales. Y se está trabajando también con la Guardia Civil y con la Policía Nacional para concienciarles sobre los delitos de odio.
¿Habéis notado ya que ha mejorado la situación de los transexuales en Aragón gracias a estas primeras medidas que han empezado a funcionar?
Sí. Gracias al trabajo de la asociación Chrysallis, últimamente hemos hablado mucho de la transexualidad infantil, pero no tenemos que olvidarnos de la gente mayor, con realidades completamente diferentes. Ahora, los servicios sanitarios aragoneses tienen unos protocolos de obligado cumplimiento y nosotros, Somos LGTB +, aparecemos en esa guía como centro de asesoramiento para las personas transexuales. Desde que se publicó esa guía, estamos recibiendo más casos. Tenemos un grupo de apoyo a jóvenes transexuales: les asesoramos y les ayudamos a rellenar la documentación para hacer todos los trámites, porque hay muchos que no cuentan con el apoyo de sus familias. Les facilitamos el camino para que ellos se puedan empoderar en su proceso transexualizador.
¿Las familias suelen apoyar a estos jóvenes?
Hay de todo. Afortunadamente, la sociedad va avanzando y hay familias que, poco a poco, se van dando cuenta de que existe esta realidad. Pero, aun así, siempre hay familias retrógradas que crean un ambiente bastante hostil para estos chicos y chicas.
¿Qué proponéis en materia de educación?
Pedimos una ley de educación que contemple la educación afectivo-sexual con una perspectiva de género. Tras la reforma educativa, no se está cumpliendo con la ley, ha desaparecido cualquier formación sobre salud sexual y perspectivas de género y los neo-machismos han vuelto a resurgir. Las mujeres de 35 años no soportarían hoy de sus parejas actitudes que sí aguantan las chicas de 16 años de sus novios: que les controlen, que les digan qué se tienen que poner, cuándo van con sus amigas, que les miren el móvil... Y en educación sexual, el miedo no funciona. Necesitamos una educación basada en el concepto de salud sexual: no se trata sólo de decir que hay que ponerse un condón, sino de conseguir conocernos a nosotros mismos, tener una autoestima alta, conocer nuestro cuerpo, tocarnos y crear hábitos de conducta. Nosotros llevamos cinco años trabajando con la Red Educa, con un proyecto del Ministerio de Igualdad, donde concertamos cita con los centros educativos de Aragón. Estamos trabajando muy bien, pero es importante que haya una ley específica que obligue a los centros escolares a dar esta formación y que regule la manera en que se da esta formación. Por ejemplo, una educación sexual apropiada no es lo que ocurre en muchos colegios privados o concertados de Aragón, cuando las monjitas llevan a los alumnos a niñas de 16 años que les explican las bondades de ser madres a esa edad. Por otra parte, nos preocupa el 'bullying' homófobo. Es un tipo de acoso muy peculiar porque cuando la víctima es un niño gordito, en teoría ese niño no tiene ningún problema en acudir al jefe de estudios, al profesor o al tutor. Cuando el acoso es homófobo, se está obligando a la víctima a salir del armario. Entonces, a veces, se callan y niegan que estén siendo acosados.
¿En qué consisten los otros dos ejes: la ley de igualdad y la lucha contra los delitos de odio?
Queremos una ley de igualdad que promueva un Observatorio; hemos presentado ya 70 propuestas en el proceso de participación que ha abierto el Gobierno de Aragón. Y para luchar contra los delitos de odio, nos gustaría firmar un convenio con la Guardia Civil y otro con la Policía Nacional. Cuando una persona acude a poner una denuncia por este tipo de delitos, tiene también una carencia emocional, ha sufrido. Lamentablemente, lo de “maricón” o “bollera de mierda” por la calle está muy normalizado. Entonces, si estas personas no reciben el apoyo adecuado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, conseguimos que la denuncia no siga adelante y que, además, la víctima, cuando vuelva a su casa, se sienta peor, con un sentimiento de culpabilidad.
¿Cuántas denuncias se presentan cada año por delitos de odio homófobos?
El problema es que, de todos los delitos de odio que se producen, muy pocos llegan a denunciarse, porque hay mucha presión social y porque está muy normalizada e interiorizada la agresión a este colectivo. Hay mucho sentimiento de culpa y mucha gente prefiere olvidarse del asunto. Calculamos que sólo se formalizan denuncias por entre un 10 y un 15% de los delitos. Ahora se denuncia algo más que hace cinco años, pero el número de agresiones es muy similar; este año pasado, se formalizaron once denuncias de gente que había acudido a aquí. Nosotros tenemos un protocolo para asesorar a estas víctimas, intentamos acompañarles al juzgado y, sobre todo, hacemos un seguimiento. Además, una vez puesta la denuncia en el juzgado o en comisaría, desde Madrid enviamos una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio, que es obligatoria en todos los juzgados, con el número de denuncia o con la referencia de inicio del proceso judicial, para que hagan investigación de oficio. Otro problema es que la manera que tenía el Ministerio del Interior de cuantificar este tipo de delitos estaba mal estipulada. Este 2016 es el primer año que el Ministerio, tras escuchar las recomendaciones de la Federación LGTB, calculará con una estadística correcta cuántas denuncias de agresiones ha habido de este colectivo.