“París bien vale una misa”, se dice que dijo el hugonote Enrique de Borbón para justificar, a finales del siglo XVI, su conversión al catolicismo con la que fundó la dinastía francesa de ese apellido que un par de siglos después se instalaría en España. No consta que ningún miembro del actual Gobierno haya dicho que la paz con los obispos bien valga unos templos en tiempos de agitaciones nostálgicas, aunque a nadie le extrañaría; o, al menos, a nadie que haya repasado el listado de propiedades inmatriculadas a mantener y a devolver que ha hecho público la Conferencia Episcopal y con el que el ejecutivo da por zanjada la polémica de las inmatriculaciones.
Este capítulo da carpetazo por la vía del beneplácito a una de las mayores operaciones inmobiliarias desarrolladas en España en las últimas décadas: distintas instituciones eclesiásticas, obispados y parroquias principalmente, se anotaron a su nombre la posesión de miles más de 30.000 de templos, casas, locales, campos y otras fincas que nunca nadie había inscrito antes en el Registro de la Propiedad.
“Las diócesis inscribieron en el Registro de la Propiedad los bienes que venían siendo de la Iglesia desde tiempo inmemorial” entre el 4 de septiembre de 1998 y el 26 de junio de 2015 en lo que el informe del episcopado describe como un simple “proceso de inmatriculación por certificación” iniciado con la entrada en vigor del real decreto 1867/1998 y finalizado con el de la ley 13/2015.
En esos diecisiete años y medio la iglesia efectuó en toda España “más de 34.000 registros” con un balance de 32.301 anotaciones calificadas como “correctas” por la Conferencia Episcopal, que reseña 1.936 anomalías: 84 inmuebles pertenecientes a comunidades religiosas, 111 que aparecían en más de una ocasión en el listado, 608 “sobre los que faltan datos para su identificación”, 746 “inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998 – 2015” y que “no deberían estar incluidos en este listado”, 28 “sobre los que las diócesis declaran que no les consta la inmatriculación”, 276 “bienes que no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad” y 691 “adquisiciones por métodos diferentes a la certificación”, ya sea compraventa, donación, permuta, herencia u otros.
“No se descarta que pueda haber datos por depurar”
No obstante, el propio episcopado riega de escepticismo esos datos cuando hace referencia en su informe a la “especial dificultad sobre todo por la falta de personal y por el trabajo ingente que podía suponer” con la que se ha encontrado “en algunas diócesis”, por lo que “no se descarta, en consecuencia, que pueda haber todavía algunos datos pendientes de depurar”.
De hecho, resulta llamativo comprobar cómo el grueso de los inmuebles más emblemáticos que fueron inmatriculados por las instituciones eclesiásticas en Aragón durante ese periodo parece estar sumergido en ese bloque de datos pendientes.
A ese paquete se le añaden otros cuya posesión se anotó la iglesia antes del decreto del Gobierno de José María Aznar a partir del cual se intensificó una operación inmobiliaria que, en realidad, llevaba años en marcha; al menos en este territorio, tal y como han ido revelando las investigaciones de entidades como Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) y las informaciones de este periódico.
Estas son las joyas arquitectónicas inmatriculadas por la iglesia en Aragón que ni siquiera aparecen en el listado:
La catedral de Roda de Isábena, una joya del románico lombardo ubicada en la localidad ribagorzana de ese nombre y que pese a su posterior degradación a abadía históricamente ha sido el más antiguo de los templos episcopales edificadas en lo que hoy es Aragón (fue consagrada en el año 956), fue inscrita a nombre del obispado de Barbastro-Monzón el 28 de marzo de 2005 por el registrador de la propiedad de Benabarre, que se basó en una certificación expedida por el vicario general de esa diócesis. La DGA ha invertido más de 850.000 euros en su restauración.
La colegiata de Alquézar, el majestuoso conjunto eclesiástico fortificado que domina la frontera sur de la Sierra de Guara, figura se encuentra bajo la posesión del obispado de Huesca desde el 14 de abril de 2015, según consta en el Registro de la Propiedad de Huesca. Comenzó a ser construido en torno al año 1100, bajo los cánones del románico, para acabar las obras en torno al 1530, ya en el gótico tardío. Monumento nacional desde 1931, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 1,8 millones de euros en su mantenimiento.
La catedral de Jaca, uno de los templos emblemáticos del románico español, construido entre los siglos XI y XII tras elegir Sancho Ramírez esa ciudad como capital del viejo reino, fue inmatriculada como “obra nueva” por el obispado del lugar el 9 de junio de 2015, quince días antes de expirar la vigencia del decreto de Aznar que avalaba las anotaciones basadas en autocertificaciones de la curia.
La iglesia de La Magdalena, el emblemático templo mudéjar adosado al minarete y que da nombre al barrio zaragozano, figura como posesión eclesiástica desde el 8 de abril de 1987, once años antes de que el decreto de Aznar levantara la prohibición expresa de inmatricular edificios dedicados al culto que contenía la Ley Hipotecaria de 1946. El transcurso de más de 30 años faculta a la parroquia a anotarse la propiedad desde hace casi un lustro.
La catedral de La Seo se encontraba en la misma situación de posesión desde el 5 de abril de 1987, aunque no ocurre lo mismo con la posibilidad de inscribir su propiedad al haber interrumpido el plazo de prescripción posesiva (usucapión, en la jerga jurídica) de treinta años la demanda que el Ayuntamiento de Zaragoza interpuso la pasada legislatura, con ZeC en el gobierno. Comunidad y ayuntamiento invirtieron más de quince millones de euros en su conservación.
El Pilar traspasó la frontera entre la posesión y la eventual propiedad el 5 de abril de 2018, a los treinta años de que el obispado de Zaragoza se inscribiera como titular de la primera en el Registro de la Propiedad, algo que también ha ocurrido ya con céntricos templos barrocos de la capital aragonesa como Santiago El Mayor (desamortizado en la época de Mendizábal) y Santa Engracia y con otros de rasgos mudéjares como San Gil, San Miguel de los Navarros o San Pablo.
San Juan de los Panetes, la característica iglesia mudéjar de la torre inclinada que cierra con La Seo y el Pilar la llamada plaza de las catedrales de Zaragoza, es la excepción que confirma la regla: una investigación de Patrimonio del Estado impulsada por Mhuel obligó a la iglesia a cancelar sus anotaciones posesorias poco antes de que, en la primavera de 2019, tuviera vía libre para inscribir la propiedad. Ni las sotanas ni los registradores se habían percatado de que se trataba de un edificio estatal.