“Habría que hacer un estudio sociolingüístico serio para determinar las variedades del aragonés, antes de legislar sin conocer la realidad”. La profesora del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza Rosa María Castañer hace esta reflexión después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, haya anunciado que derogará la actual Ley de Lenguas aprobada por el PP-PAR en 2013. La falta de acuerdo entre los partidos políticos sobre este asunto ha provocado que, en tan solo cinco años, hayan existido dos leyes distintas en Aragón, sin apenas recorrido.
Ante este cambio político, Castañer, profesora de Filología Aragonesa, reclama que se haga una nueva norma desde el “consenso” y el “sentido común”, partiendo de los planteamientos de la ley de Lenguas de 2009, aprobada por el PSOE con el apoyo de CHA, donde sí se reconocía al catalán como lengua propia de Aragón, junto al aragonés.
No obstante, reconoce que tampoco estaba completamente de acuerdo con la ley aprobada en 2009, pero señala que la norma que ahora está en vigor es todavía “peor”. “Son leyes ideológicas, sin duda”, afirma.
Como estudiosa de las lenguas aragonesas, Castañer se muestra partidaria de llamar a las cosas con “claridad” y no utilizar “circunloquios”, como los que recoge el texto cuando se refiere a la lengua aragonesa propia del área oriental y a lenguas aragonesas propias de las áreas pirenaica y prepirenaica. Con la aprobación de la ley, en junio de 2013, estos términos se popularizaron como lapao y lapapyp, respectivamente, aunque la ley no recogía estas siglas.
Castañer sostiene que no existe un aragonés “unitario”, sino “variedades”. A diferencia del catalán, cuya realidad en Aragón está “muy definida”.
Explica que se manejan datos “muy diferentes” en torno a la conservación del aragonés, porque no hay un estudio riguroso sobre la realidad sociolingüística. Existen algunos datos recopilados a través del censo, pero para ella no son fiables, porque posteriormente no se realiza una comprobación científica. “No basta solo con que una persona asegure que habla aragonés al responder una pregunta, habrá que comprobarlo”, manifiesta.
Conocer esa realidad sociolingüística en torno al aragonés evitaría en parte aprobar leyes “partidistas” e “ideológicas”. Por ello, plantea que sean los organismos contemplados en la norma de 2009 los que promuevan estos estudios, como el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón.
Sin embargo, este organismo oficial, que estaba constituido en el momento en el que se planteó una nueva Ley de Lenguas, no fue consultado, más bien fue “ignorado” en la preparación de la Ley del PP-PAR, a pesar de ser un instrumento de asesoramiento, apunta el profesor de Filología Catalana de la Universidad de Zaragoza, Javier Giralt.
“Ellos dijeron que habían consultado a profesores de la Universidad, y se apoyaron más en los planteamientos de las asociaciones, como la plataforma ‘No hablamos catalán’ o ‘Amics de Fraga’, contra cualquier opinión científica dentro de la lingüística”, sostiene.
Sin embargo, para Giralt, frente a estos argumentos “acientíficos” utilizados en la elaboración de la Ley de Lenguas en vigor, las zonas aragonesas donde se habla catalán están claramente identificadas por estudios elaborados por filólogos del centro universitario desde hace años.
“No hay discusión, la zona catalanoparlante en Aragón está muy bien determinada, incluso hay acuerdo en determinar de dónde proceden algunas lenguas híbridas o mixtas; si tienen una base aragonesa o catalana”, subraya.
Por ello, para Giralt es “inadmisible” que la actual Ley de Lenguas no reconozca la realidad lingüística del territorio y considera una “buena noticia” la derogación anunciada por el Gobierno de Aragón. A partir de ahí, indica, habrá que esperar a conocer la propuesta del Ejecutivo autonómico, si prevé volver a la ley aprobada en 2009 por el Gobierno socialista o plantea una nueva.
“Reconocer la cooficialidad solo en aquellas zonas en las que se habla catalán y aragonés, sería un punto importante que debería contener una nueva Ley de Lenguas, pero me da la sensación de que no van a dar ese paso”, precisa.
Se calcula que en Aragón hay cerca de 10.0000 personas que hablan alguna variedad de hablas altoaragonesas y alrededor de 40.000 catalanoparlantes, según los datos aproximados facilitados por Rosa Castañer y Javier Giralt, respectivamente.