El caso Torre Village se encuentra en un momento determinante. La resolución que tome el Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza, tras la declaración de nulo de pleno derecho por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al Plan Especial urbanístico por el que se desarrolla el outlet, concluirá su recorrido judicial y orientará la acción de los grupos políticos según la sentencia, con las obras en marcha y las elecciones municipales a 44 días de distancia.
La parcela H-61-5, en la carretera de Logroño, donde se ubicaban las antiguas fábricas de Pikolín, es la plaza de la discordia. En este caso se cruzan tribunales de justicia, un Plan Especial y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sentencias y recursos, equilibrios de poder en el Pleno municipal y los intereses de una gran superficie frente a los de los pequeños comerciantes.
Un trato cerrado hace una década
Juan Carlos Crespo, responsable del Área de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), utiliza un documento de 2008 para ordenar la sucesión de acontecimientos y los intereses que se entrecruzan en este rompecabezas. “Este documento nunca llegó a Pleno y no tiene validez alguna, pero revela perfectamente el guion de cómo se han hecho las cosas para sacar adelante el Outlet de Pikolín”, explica Crespo con el documento del convenio, de fecha 16 de abril de 2008, entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Pikolín Iberebro. Las firmas son las del entonces consejero de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, y la de Alfonso Solans Solans, representante de la empresa.
“En este documento se intenta pactar una contraprestación con un convenio urbanístico con la parcela de la fábrica de Pikolín a cambio de que las nuevas fábricas se mantuvieran en Zaragoza”, plantea Crespo como piedra angular para desarrollar su argumento. “Se ven factores muy importantes: que es una zona H, lo primero, y que no cabe indemnización por parte del Ayuntamiento si no saliese adelante”, explica, y prosigue: “El plazo de tiempo y que no se indemnice no tiene consecuencia alguna en el presente, aunque dice mucho porque sabían que lo que hacían era una jugada que se la podían tumbar rápidamente, pero el hecho de que sea una zona H sí tiene implicaciones ahora, ya que esto pertenece a una catalogación concreta del PGOU y establece unas condiciones muy claras respecto al uso que se le puede dar y dejando claro que lo que se propone en el Plan Espacial de 2015, que aprobaron el PSOE, PP y Ciudadanos para desarrollar el proyecto de Torre Village, es ilegal. Lo denunciamos a la Justicia y la sentencia del TSJA nos da la razón y así lo hará el TS también cuando se pronuncie tras el recurso interpuesto, de nuevo forzado por PSOE, PP y Ciudadanos”. El 19 de marzo, un mes después de la sentencia que referencia Crespo, otra sentencia del TSJA volvía a declarar nulo el Plan Especial de Torre Village.
El responsable de Urbanismo de la FABZ enfatiza en una de las implicaciones que tiene un suelo catalogado como H. Bajo esta tipología no pueden construirse comercios minoristas alegando que “los que están permitidos son de características muy distintas a las que se proponen con Torre Village. Comercios como tiendas al por mayor, tiendas de muebles y otros tipos de comercio que, por su voluminosidad, por ejemplo, son inviables en las calles de la ciudad consolidada y donde se enclava el pequeño comercio. No cines y tiendas de ropa, esta es la lógica del PGOU y un plan especial de rango inferior no puede incumplirlo”.
Crespo hace referencia a dos hechos que reflejan los equilibrios de poder: la aprobación del plan especial en 2015 y el recurso al TS, junto con un tercero que es el intento de modificación del PGOU que propone la oposición y que aprobó en mayoría (a la vez que el mencionado recurso) en el Pleno de la ciudad.
“Estamos ganando la batalla”
Pablo Muñoz, consejero de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, ofreció una rueda de prensa el pasado 3 de abril para anunciar que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) suspendía las licencias municipales otorgadas hasta que el Ejecutivo autonómico no concediese la licencia comercial. “La falta de mayoría frente a la triple alianza que tenemos delante en el Pleno no quiere decir que no podamos hacer nada”, explica Muñoz para eldiario.es, y añade, “vamos a hacer un seguimiento de la oposición con este caso y nos vamos a basar en dos cosas: las sentencias que declaran nulo el proyecto y la defensa del PGOU. No vamos a tramitar la petición de modificación del PGOU porque eso sí que es potestad del Gobierno municipal y ahí no nos pueden obligar”. Muñoz la califica de “modificación a la carta”, y afirma que “lo que no se puede es que para poder cumplir la ley haya que cambiar las leyes, es una barbaridad”. Acusa, por añadidura, a los tres grupos de estar trabajando para “los grandes poderes de esta ciudad, especialmente con los relacionados con el ladrillo”.
Muñoz es consciente de la minoría de ZeC en el Pleno: “Hemos intentado parar las obras, pero la mayoría del Pleno no nos lo ha permitido. Aunque tenemos esa limitación estamos ganando la batalla, tanto la de la opinión pública como en los tribunales”. El concejal de Urbanismo define la interposición del recurso de casación y la petición de modificación del PGOU como contradictorios, “si recurres es porque crees que el proyecto se ajusta a la ley y no tienes necesidad de modificar el Plan General. Plantear las dos cosas evidencia la apuesta clara de los grupos de la oposición para sacar adelante sí o sí la operación. Las elecciones van a ser vitales para poder conseguir una mayoría que permita a al Gobierno de ZeC equilibrar la balanza de poder a favor de los pequeños comerciantes y a la ciudad consolidada frente a las grandes operaciones urbanísticas y poderes facticos de la ciudad”.
En la mencionada rueda de prensa, el gerente de Urbanismo de Zaragoza, Miguel Ángel Abadía, presentó una serie de fotografías en las que se apreciaban cerramientos y tabicados en las obras de la manzana M1 de la parcela H-61-5. Una posibilidad que se plantea es que este tabicado va cerrando unos espacios no compatibles con una gran superficie y sí para tiendas y comercios minoristas: “Si se confirmara este extremo veríamos cómo se está actuando de mala fe ya que este tipo de comercio es el que precisamente impide el PGOU para este tipo de suelo y con dos sentencias sobre la mesa”, afirma Pablo Muñoz.
Abadía explica también porque el Ayuntamiento no puede negar las licencias sin uso a Torre Village utilizando el siguiente ejemplo: “Si yo no tengo el permiso de conducir nadie me puede impedir comprar un coche, no voy a poder circular con el vehículo, pero puedo comprarlo”, y remarca, “aquí se han comprado el coche y están anunciando que lo van a conducir sin carné”.
De cara a posibles indemnizaciones en el caso de que el proyecto se paralizara definitivamente, el gerente explica que al haber ya una sentencia con fecha de 19 de febrero la decisión de continuar las obras es por cuenta y riesgo del promotor, implicando que el Ayuntamiento de Zaragoza queda exento de responsabilidad en adelante y por extensión de tener que pagar indemnizaciones.
Un proyecto dinamizador del corredor oeste de Zaragoza
Lola Ranera, portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, defiende la posición que ha tomado su partido con este proyecto desde el comienzo: “Torre Village era en 2008, en 2015 y ahora, un proyecto imprescindible para dinamizar el corredor oeste de Zaragoza. Los problemas que acucian al pequeño comercio no son precisamente los centros comerciales, más bien pueden ayudarse. Asumir que Torre Village es la gran amenaza para el comercio local es ver fantasmas”.
“Los problemas de fondo son otros, desde el comercio electrónico, el envejecimiento de la población en los barrios o las nuevas formas de ocio, entre otros muchos, son los elementos que hay que enfrentar para desarrollar un urbanismo eficiente y es lo que ZeC no ha hecho en estos cuatro años. En los barrios hay que tomar medidas, que entre gente joven y que se revitalicen para que no se degraden los entornos. Enfrentar grandes centros comerciales y pequeños comerciantes no tiene sentido porque responden a problemáticas distintas”, explica Ranera.
La portavoz no comparte que el convenio de 2008 entre Ayuntamiento y Pikolín pueda considerarse una contraprestación o “un trato de favor” a cambio de que la empresa se llevara la fábrica, con sus puestos de trabajo, a otro lugar “no, no me identifico con esa forma de definirlo, porque se satanizan los cambios en el PGOU y a los grandes empresarios, y eso, el PSOE no lo va a hacer. Que la empresa Pikolín ha apostado por Zaragoza es un hecho. Probablemente deslocalizar la empresa le hubiera sido mucho más rentable pero no lo han hecho y siguen aquí, y esto es algo que nos interesa mucho a la ciudad si es que apostamos por el empleo. Ya lo hacíamos en 2008 en plena crisis y lo seguimos haciendo ahora”.
También contesta a que este proyecto sea un ejemplo de urbanismo a la carta ejemplificando otra acción del Ayuntamiento de Zaragoza: “Si se quiere considerar Torre Village como urbanismo a la carta también entraría la permutación de suelos que se produjo para acometer la Terminal Marítima de Zaragoza y en la que ZeC sí estuvo de acuerdo. Y no es así porque es una manera viciada de entender el concepto, ya que, entonces, todo es a la carta pues los planes especiales y el urbanismo se hacen siempre con un objetivo concreto. Al final lo que prima es el interés de la ciudad y el modelo de ciudad que se busca. Y es por eso por lo que necesitamos también una modificación en el PGOU”.
Ranera define la acusación de triple alianza entre PSOE, PP y Ciudadanos para defender el ladrillo con ironía y crítica: “Es una expresión muy bonita y perfecta para esconder detrás de ella la incompetencia de este Gobierno municipal, especialmente en el área de Urbanismo”. “Es feo y me parece desleal”, redefine Ranera, y continúa, “vuelvo a lo mismo, defendemos el empleo para la ciudad. A los grandes promotores no les ha ido mal con el gobierno de ZeC y la ciudad consolidada sigue teniendo los mismos problemas que tenía al comienzo de la legislatura, solo hay que dar una vuelta por Las Fuentes o por Arcosur y lo verán”.
Respecto de los cerramientos que mostró el gerente de Urbanismo, Lola Ranera mantiene que “si la gerencia ha encontrado irregularidades son ellos quienes deben actuar. Es precisamente el Gobierno de la ciudad el que debe estar vigilante y denunciar si detecta una irregularidad. Y si la han detectado pues que denuncien pero que no se dediquen a hacer elucubraciones”.
Junto a Ranera, Horacio Royo, coordinador del PSOE Zaragoza y abogado, responde que la contradicción que se plantea entre solicitar el recurso de casación y pedir a la vez la modificación del PGOU no es tal: “Lo primero que hay que poner en contexto es que el PGOU es del año 2001 y está desactualizado. Por eso es necesario modificarlo y actualizarlo con el mayor consenso político posible. Esto es algo que deberemos de hacer los grupos políticos la próxima legislatura. Por otro lado, plantear un recurso es algo básico en derecho, aunque haya ya sentencias del TSJA. Si la sentencia no es firme es como si no existiera y es algo que en derecho no suena fuerte porque es obvio”, y añade: “Cuando desarrollamos el Plan Espacial en 2015 todos los informes eran favorables y el Ayuntamiento tiene que defender sus proyectos. Cuando se pronuncie el TS se acatará la sentencia porque será en firme, la que sea”.
“Cuando ZeC e Ibercaja recalificaron suelos para Mercazaragoza estuvimos todos de acuerdo y hubo consenso porque es lo normal y no hay ningún problema porque era bueno para la ciudad. El PGOU se ha modificado 30 veces con ZeC y es normal, lo que no puede ser es que cuando a ZeC no le interesa políticamente no lo hace y hace causa de ello”, concluye Royo.
Por último, Ranera lamenta la falta de voluntad, entendimiento y/o colaboración entre su grupo y el Gobierno de ZeC: “Un alcalde y un Gobierno tiene que trabajar para todos los ciudadanos. Esto es facilitarles las cosas tanto al pequeño comercio como a las grandes superficies. La generación de empleo es algo que nos beneficia a todos así que vamos a sentarnos y vamos a discutirlo, en el PSOE estamos dispuestos a ello y nos hubiera encantado haber podido hacerlo antes ya. Sin embargo, nos hemos encontrado con una actitud autoritaria en las sociedades municipales de las que fuimos expulsados y a no consensuar con los grupos de izquierda. Quiero insistir en que nos hubiera encantado sentarnos y consensuar todo este asunto y así no su hubiera dado la ‘triple alianza’ como la llaman y, además, hubiéramos encontrado más soluciones tanto para el modelo de ciudad como para el comercio en los barrios”.
Continúan las obras
Desde Iberebro, afirman que continúan con las obras y con sus planes de edificación ya que las sentencias no son firmes. De la misma manera, la empresa asegura que, con los pasos dados por el Ayuntamiento con la modificación del PGOU, el proyecto se adaptaría vía Plan General con nuevos usos para las zonas H en lugar de por el Plan Especial, en el caso de que este fuera tumbado definitivamente por el TS.
La empresa constructora señala, asimismo, que los cerramientos de la manzana M1 son “obras de tabiquería amparadas por las licencias otorgadas”. Por ultimo, mantienen su fecha de apertura en 2019 y estiman que el proyecto creará 1.000 empleos directos.