Evitar el circo, tratar de acabar el juicio antes del 28A y dictar sentencia en julio

Tras las primeras dos semanas del juicio del procés, ya se van viendo algunas cosas. Que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no va a permitir que la vista se convierta en un circo. Que se busca dar una imagen de total transparencia, con televisión en directo permanente. Que las sesiones van a ir deprisa y habilitando más días para las sesiones si es necesario, pero no tanto como para forzar indebidamente el calendario y que algunos apresuramientos sean después uno de los cabos sueltos a los que se agarren las defensas para recurrir a la Justicia europea. Que la representante de la Abogacía del Estado no controla la causa todo lo que lo hacía su antecesor. Y que la Fiscalía quizás se haya equivocado en su estrategia, y va a tener que sudar la camiseta mucho más y con más habilidad de lo que lo ha hecho hasta ahora si quiere demostrar que, según sostiene en su acusación, en los hechos que se juzgan hubo violencia como una acción concertada, y por tanto delito de rebelión.

“La Fiscalía se enfrenta a un extraordinario reto probatorio”, comentaba hace un mes en estas mismas crónicas un jurista que conoce muy bien la causa. Tras las dos primeras semanas de juicio, y despachadas las cuestiones previas y realizados los interrogatorios de la gran mayoría de los acusados -todos, salvo Carme Forcadell y Jordi Cuixart, que serán interrogados este martes-, la Fiscalía no está superando con éxito el reto, según coinciden en señalar observadores independientes y de los más diversos flancos políticos. Por ahora, los fiscales apenas le han hincado el diente a la presunta violencia concertada. ¿Exceso de confianza? Quizás, pero quizás también un error estratégico de bulto y una evidencia.

El posible error estratégico: encomendarle el juicio a cuatro fiscales diferentes (Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), y que cada uno de ellos se conociera en profundidad solo la parte de aquellos acusados a los que fuera a interrogar, en vez de haber puesto todo en manos de uno solo de los fiscales para que se trabajara la causa en su conjunto, de modo integral y al detalle, y con un segundo fiscal al lado por si el primero coge un refriado en estas semanas madrileñas de hasta 20 grados de diferencia térmica en un solo día. La evidencia: los cuatro fiscales son primeros espadas de su profesión, ¿pero desde cuándo no celebraban una vista? ¿No están todos ellos un tanto desentrenados, dado que su trabajo más reciente, como fiscales del Tribunal Supremo, ha sido estudiarse casaciones, y no interrogar hábilmente a acusados?

En la Abogacía del Estado, el problema es otro. Rosa Seoane ha tenido poco más de dos meses para estudiarse la causa, desde que se la encomendaron en diciembre pasado. Se nota que no la controla tan bien como sí lo hacía su antecesor, Edmundo Bal, destituido a finales de noviembre por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por discrepancias insalvables: Bal proponía acusar por rebelión, como la Fiscalía, y la ministra Delgado sólo veía sedición... y por sedición acusa Seoane.

Concluidos este martes los interrogatorios de los acusados, el juicio entra el miércoles en un nuevo campo de minas que podrá a prueba el temple de Marchena y del tribunal: el testimonio de los políticos. El miércoles 27, Joan Tardá, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, entre otros y en ese orden. El jueves 28, Iñigo Urkullu, Gabriel Rufián, Ada Colau, Juan Ignacio Zoido...

Expectación máxima, sobre todo con Rajoy, que vuelve de testigo a un gran juicio. La vez anterior, en el de la Gürtel en la Audiencia Nacional, en julio de 2017, el presidente del tribunal colocó al entonces presidente del Gobierno lejos de los acusados: en los estrados, entre el tribunal y la tarima de los abogados defensores. Esta vez, a Rajoy previsiblemente se le alejará menos de los acusados, porque no hay mucho sitio, y se le acercará también menos al tribunal, quizás para evitar dar la impresión de que a los independentistas catalanes los juzga el poder judicial... y el poder político. Ubicación de los políticos llamados como testigos al margen, lo relevante es lo que estos digan y lo que el presidente del tribunal permita preguntarles. Marchena, que está logrando adormecer las sesiones, quitarles tensión y evitar las algaradas -el circo-, tendrá probablemente que sacar algunas tarjetas amarillas estos días, a uno y otro lado, y decir a menudo el taxativo “la pregunta no es pertinente” tanto a algunas de las defensas como a la acusación, a Vox, que quizás intente convertir el interrogatorio a Rajoy en un mitin preelectoral.

El resto de los testigos, unos 500, consumirán buena parte de las sesiones de marzo. Luego habrá unos días de pruebas periciales. Después, ya en abril, una nueva fase clave: las pruebas documentales, fotografías e imágenes de vídeo incluidas. Quizás sea esta la última oportunidad de la Fiscalía de demostrar que la violencia estaba planificada, concertada, que había una distribución de papeles entre los políticos y los líderes de las organizaciones ciudadanas (los Jordis), y que ahí está la prueba de la rebelión. Para finalizar, los informes finales de todas las partes -incluida la Fiscalía: ¿mantendrá la acusación de rebelión o dará como alternativa la sedición o la conspiración para la rebelión?- última palabra para los acusados, y visto para sentencia.

Antes de comenzar el juicio, se preveía que le vista acabara a finales de abril o poco más, para no invadir las dos semanas de campaña oficial de las elecciones europeas, autonómicas y locales previstas para el 26 de mayo, y que la sentencia se haría pública en julio, con media España ya de vacaciones. Ahora, con la elecciones generales convocadas para el 28 abril, quizás se intente acabar unos días antes de esa cita con las urnas. Si no se puede, el juicio no se suspenderá ni siquiera unos días. Saltará por encima de la fecha electoral y continuará a la semana siguiente. La previsión de la sentencia para julio sigue en pie.

Tras las primeras dos semanas del juicio del procés, ya se van viendo algunas cosas. Que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no va a permitir que la vista se convierta en un circo. Que se busca dar una imagen de total transparencia, con televisión en directo permanente. Que las sesiones van a ir deprisa y habilitando más días para las sesiones si es necesario, pero no tanto como para forzar indebidamente el calendario y que algunos apresuramientos sean después uno de los cabos sueltos a los que se agarren las defensas para recurrir a la Justicia europea. Que la representante de la Abogacía del Estado no controla la causa todo lo que lo hacía su antecesor. Y que la Fiscalía quizás se haya equivocado en su estrategia, y va a tener que sudar la camiseta mucho más y con más habilidad de lo que lo ha hecho hasta ahora si quiere demostrar que, según sostiene en su acusación, en los hechos que se juzgan hubo violencia como una acción concertada, y por tanto delito de rebelión.

“La Fiscalía se enfrenta a un extraordinario reto probatorio”, comentaba hace un mes en estas mismas crónicas un jurista que conoce muy bien la causa. Tras las dos primeras semanas de juicio, y despachadas las cuestiones previas y realizados los interrogatorios de la gran mayoría de los acusados -todos, salvo Carme Forcadell y Jordi Cuixart, que serán interrogados este martes-, la Fiscalía no está superando con éxito el reto, según coinciden en señalar observadores independientes y de los más diversos flancos políticos. Por ahora, los fiscales apenas le han hincado el diente a la presunta violencia concertada. ¿Exceso de confianza? Quizás, pero quizás también un error estratégico de bulto y una evidencia.