El Gobierno mete un clavo más en el ataúd de la España vacía

Quince meses después de que el Consejo de Ministros aprobara la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, nombrara para el cargo a la hasta entonces senadora Edelmira Barreira y le encargara la tarea de “elaborar y desarrollar una estrategia nacional” para acometerlo, pocas noticias hay al respecto, y todas malas.

Los desequilibrios demográficos se acentúan, según los expertos; la España vacía sigue vaciándose, según el padrón; la Comisionada ni presenta su estrategia ni da explicaciones en el Congreso o en el Senado… y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos –una entidad pública, dependiente del Gobierno- discrimina y penaliza a los habitantes de las zonas menos pobladas sin que el ministro del que depende, Íñigo de la Serna, se despeine. Interpelado en un pasillo hace ya dos meses, se hizo de nuevas.

El pasado 30 de diciembre, Correos hacía públicas sus tarifas para 2018. Sorpresa, y mayúscula. En ellas, contrariamente a lo que acostumbraba en años anteriores, dividía España para el envío de publicaciones periódicas -prensa y revistas- en dos grandes zonas. Una llamada “zona A” en la que incluye las capitales de provincia, las ciudades de más de 50.000 habitantes y las localidades con administración de Correos (casi 2.400 oficinas en toda España, concentradas en los menos de mil municipios más poblados). Y una “zona B” en la que la empresa estatal mete el resto de España, a las pequeñas localidades donde no hay ni oficina de Correos: más de 7.000 municipios en total, los menos poblados.

Para la zona A, la España urbana, Correos congelaba las tarifas de 2017. Para la zona B, la España que se despuebla, las subía y no poco: un 30% de media. El mundo al revés: las políticas públicas, contra el que más ayuda o estímulos necesita. Una nueva desigualdad, una nueva discriminación para los habitantes de la España despoblada. Si vives en un pequeño pueblo sin oficina de Correos y quieres suscribirte a un diario impreso o a una revista generalista, especializada, profesional, cultural o científica… te costará recibirla un 30% más que si resides en la España más poblada, y por lo general la más rica. Si el tarifazo de Correos a los españoles de las zonas despobladas es el prólogo de la estrategia de la Comisonada, ahórrenos la exsenadora Barreira el resto de las medidas.

Correos no es una empresa cualquiera que tenga que atender solo a sus costes para fijar sus tarifas. Es una empresa de titularidad estatal, pública, que opera casi en régimen de monopolio dada la reciente quiebra de su competir privado, Unipost, y que es además, por ley, la prestadora del Servicio Postal Universal (SPU).

El SPU es, según el Ministerio de Fomento, “el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios”. Lo regula una ley de 2010 que trasponía una directiva europea de 2008 y que afirma que los servicios postales, en general, “son un modo esencial de comunicación, comercio y cohesión social, económica y territorial”, por lo que aquellos servicios incluidos en la SPU (y el de la publicaciones periódicas es uno de ellos, mencionado en el artículo 21 de la norma) han de responder al principio, entre otros, de “no discriminación (...) por razón geográfica”.

La ley no le pide a Correos que preste el servicio postal universal a su propia costa. Obliga al organismo público a llevar cuentas separadas para el SPU, para saber con exactitud qué cuesta hacerlo, y dispone que el propio Estado contribuya a la financiación del servicio, vía el Ministerio de Hacienda, que viene a ser de este modo el segundo departamento ministerial del que depende Correos, tras Fomento.

El tarifazo a la España despoblada no ha sido, por tanto, cosa sólo de Correos. También ha sido cosa del Gobierno. Algunas organizaciones empresariales han protestado; entre ellas, la asociación de editores de prensa que presido, la AEEPP, que ha denunciado la subida de tarifas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley solicitando que se corrija el tarifazo y que se elabore el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que lleva siete años largos de retraso. El diputado socialista César Ramos ha denunciado que el Gobierno y Correos están creando ciudadanos de primera y de segunda. La senadora del PAR Rosa Santos ha interpelado al Ejecutivo sobre el asunto. Se preparan otras iniciativas sociales, algunas movilizaciones... 

¿Y la Comisionada Barreira? Ni está ni se la espera. Hace unos meses, cuando se especulaba sobre cómo serían las primeras medidas del Gobierno frente al reto demográfico, había mucha expectación. ¿Cheques bebé y otras políticas natalistas? ¿Incentivos fiscales para las empresas que se instalaran y crearan empleo en la España vacía? ¿Un plan nacional de equipamientos sociales y de infraestructuras para las zonas más despobladas? ¿Abrir de nuevo las puertas a la inmigración? ¿Abrir de nuevo las puertas a la inmigración? ¿Repoblar directamente algunas zonas rurales...?

Lo que nadie se esperaba era este paso atrás, este fiasco, esta pequeña gran traición. No se esperaba que un Gobierno consciente del problema de los desequilibrios demográficos y de la despoblación fuera el que, como primera medida, le metiera antes de desenterrarla otro clavo al ataúd de la España vacía. 

Quince meses después de que el Consejo de Ministros aprobara la creación del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, nombrara para el cargo a la hasta entonces senadora Edelmira Barreira y le encargara la tarea de “elaborar y desarrollar una estrategia nacional” para acometerlo, pocas noticias hay al respecto, y todas malas.

Los desequilibrios demográficos se acentúan, según los expertos; la España vacía sigue vaciándose, según el padrón; la Comisionada ni presenta su estrategia ni da explicaciones en el Congreso o en el Senado… y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos –una entidad pública, dependiente del Gobierno- discrimina y penaliza a los habitantes de las zonas menos pobladas sin que el ministro del que depende, Íñigo de la Serna, se despeine. Interpelado en un pasillo hace ya dos meses, se hizo de nuevas.