En España se hacen, por lo general, buenos obituarios. Buenos de bondad, de benevolencia, de consideración con el finado. Sobre todo si es ilustre. Muy a menudo, convertimos los obituarios en elegías incluso con fallecidos que pocas horas antes de serlo resultaban polémicos o estaban siendo muy cuestionados por su desempeño público. Otras culturas políticas y periodísticas no son tan bondadosas y consideradas con sus muertos famosos. Hace unos años, el Times de Londres anunció que en sus necrológicas pintaría al muerto como lo que realmente había sido en vida: si un santo, como un santo; si un canalla, como un canalla. Y la revista italiana Panorama tituló: “Dios perdona, el Times no”.
Tras la inesperada muerte el sábado pasado del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo primero es darle las condolencias a la familia y a sus amigos y colegas más cercanos. Lo segundo, abominar de los incivilizados que se han alegrado y han brindado en público por su fallecimiento y le han faltado al respeto más elemental. Lo tercero, sorprendernos de los desmesurados elogios profesionales que se le están haciendo a Maza desde la misma oposición política que hace pocos meses le convirtieron en el primer fiscal general del Estado de nuestra historia reprobado por el Congreso de los Diputados y desde el mismo Gobierno que hace pocos días nos decía en privado que a Maza le faltaba cintura política, que se le había ido la mano de la dureza y que estaba cayendo en el tema catalán en algunos excesos que dificultaban sobremanera la salida a todo el embrollo político, institucional y judicial de Cataluña. No digo que unos y otros de estos últimos deberían ahora criticar a Maza duramente en público, pero sí digo que mejor estarían callados.
Maza llegó a la Fiscalía General por sorpresa y por descarte previo. Cuando a finales de octubre de 2016 Mariano Rajoy logró su segunda investidura y le encargó al refrendado ministro de Justicia, Rafael Catalá, que le buscara un fiscal general, la primera opción fue que siguiera la entonces titular del cargo, Consuelo Madrigal. Esta había sido nombrada 22 meses antes tras dimitir su antecesor, Eduardo Torres-Dulce, por varios encontronazos con el Gobierno de Rajoy. El propio Catalá le insinuó a Madrigal que ella seguiría en el puesto, pero al poco surgieron entre ellos algunas discrepancias insalvables. La principal, el desacuerdo sobre las personas idóneas para dos delicados nombramientos en puestos clave de la Fiscalía que había que afrontar de inmediato: la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción y la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Lo que más preocupaba en aquel momento al Gobierno no era Cataluña, sino los muchos sumarios relevantes de corrupción, sobre todo del PP, que se estaban instruyendo en distintas instancias judiciales y que amenazaban con salpicar incluso al presidente del Gobierno. Para el Ejecutivo y para el Partido Popular, era fundamental en aquel momento frenar y someter a los que llamaban “fiscales rebeldes”, que impulsaban esas causas como si fueran libres, con fe ciega en la acción de la Justicia. Como Madrigal hizo un ejercicio de independencia y no admitió los nombres para fiscales jefes que Catalá le sugería, el ministro y el presidente buscaron otro fiscal general. Así llegaron a José Manuel Maza. Su principal valedor fue Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y consejero áulico de Rajoy para temas de Justicia.
El nombramiento como fiscal general de Maza y como fiscal anticorrupción de Manuel Moix –el nombre que no quería Consuelo Madrigal y sí quería desde meses antes el ya por entonces investigado por corrupción Ignacio González- eran parte de una estrategia del Gobierno que incluía otros movimientos y ajustes favorables a sus posiciones: la llegada de la magistrada muy afín al PP Concepción Espejel a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la del también magistrado muy afín al PP Enrique López a la Sala de Apelaciones, el facilitarle la salida a Eloy Velasco del juzgado donde investigaba Púnica y Lezo, etc.
Lo de Moix acabó mal para él y para sus mentores, especialmente para Maza, que quedó bastante tocado. Mientras las polémicas fueron sobre si trataba de frenar las investigaciones en el caso Lezo (el de su mentor Ignacio González) o en el caso Auditorio de Murcia, Moix aguantó el tipo, con el apoyo público de Maza, de Catalá y del mismísimo Rajoy. Pero cayó cuando se supo que tenía una sociedad offshore en Panamá. ¡Un fiscal anticorrupción sospechoso de corrupción o al menos de corruptelas! Era insostenible.
Cataluña, el segundo gran asunto tras los nombramiento de la gestión de Maza en sus doce meses de fiscal general, está aún vivo, y el balance es muy diferente según quién lo haga. Las maneras de mirar modifican lo que se ve. Para los independentistas, Maza ha sido una de las principales armas, si no la principal, de la “represión” de “Madrid” contra el procés. Para parte de los constitucionalistas, el jurista que le ha hecho a Rajoy en los tribunales el trabajo duro que suple el que el Ejecutivo no ha querido o no ha sabido hacer en la política. Para otros constitucionalistas –e incluso recientemente para algunos miembros del Gobierno y en privado-, el elefante que ha entrado en una cacharrería con poco cuidado y sin ningún cálculo sobre lo que rompía a su paso: ordenando varias semanas antes del 1-0 “la detención y presentación en Fiscalía” de 712 alcaldes sospechosos de que iban a ceder instalaciones municipales para el referéndum; amagando desde muy temprano con la detención de Puigdemont; teledirigiendo la querella contra el Govern en la Audiencia Nacional al juzgado de la “talibán” Lamela… Durante todo septiembre y parte de octubre, en el Gobierno se insistía en que las reacciones a todos los pasos que dieran los independentistas se harían con criterios de “prudencia y proporcionalidad”. Maza fue quizás proporcional, pero no del todo prudente. Él mismo era consciente, hace muy pocos días, “de que quizás iba a una velocidad superior a la del propio Gobierno”, según cuenta un jurista con el que intercambió impresiones.
¿Qué perfil para fiscal general buscará ahora el Gobierno?, he preguntado en distintas instancias. “Un Maza que tenga cintura política”, comenta un veterano abogado. “En tiempos agitados como estos, debería ser alguien fuera de toda sospecha partidista y que le dé a la Justicia un efecto legitimador. Si va en esa línea, entre los magistrados del Supremo tiene el Gobierno seis o siete que serían buenos candidatos”, dice un jurista de larga trayectoria y con altas responsabilidades en el pasado. “Se me hace difícil encontrar en el mundo conservador alguien que, además de próximo al Gobierno, sea magnífico jurista con conocimiento de derecho penal, con buenas relaciones con los medios y bien visto en la carrera fiscal y que quiera quemarse para sólo tres años que va a durar en el cargo, que no es renovable”, opina una personalidad del mundo del Derecho muy próxima al PSOE. “¿Perfil para el nuevo fiscal general? El que Marchena le diga a Rajoy”, remata otro experto consultado.
Varios medios relataban este lunes que el Gobierno quiere esta vez como fiscal general a un jurista “de amplia experiencia y reconocido prestigio” y que está dispuesto a consensuar el nombre “incluso con el PSOE”. Pero en el PSOE aseguran no saber nada de tal propuesta. Por ahora.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
