Pensionistas indignados toman la calle: llega el 'grey power'

“Somos mayores, pero no somos imbéciles”. “No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopistas”. “Las pensiones en este país no sólo son sostenibles, sino que son mejorables y necesarias”. Son frases de la pasada semana de Domiciano Sandoval, portavoz de Marea Pensionista y portavoz adjunto de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Quédense con estos nombres, y con el de Victoria Portas, la portavoz de esta última organización. Añadía Sandoval: “Este problema no se soluciona si la gente no sale a la calle”.

Lo hicieron. Convocados por la Coordinadora, miles de jubilados se echaron a la calle en 86 ciudades el jueves pasado, 22 de febrero, para denunciar sus “pensiones de miseria”. La asistencia fue masiva. El éxito sorprendió no solo al Gobierno y a los principales partidos políticos sino incluso a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que apoyaban las movilizaciones del día 22 tras haber organizado ellos las suyas una semana antes, el día 15, con menor afluencia.

Algunas de las concentraciones –Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla…- recordaban las del 15-M, hace ya casi siete años. En Madrid, los manifestantes lograron lo que intentó sin éxito en varias ocasiones el movimiento de indignados surgido del 15 de mayo de 2011: cortar la Carrera de San Jerónimo, rodear el Congreso, romper en parte el cordón policial de seguridad y acercarse tanto a la puerta principal, la de los leones, que la bloquearon, lo que obligó a algunos diputados que salían de la Cámara a hacerlo por la parte trasera del edificio.

Los pensionistas han jugado un papel crucial en los peores momentos de la hecatombe económica que se inició hace ya más de una década. La pensión del abuelo fue el único ingreso estable en muchísimos hogares en los que el padre o la madre se habían quedado sin empleo y en los que los hijos no habían accedido aún al mercado laboral pese a tener edad y formación más que suficientes para hacerlo. La relativa paz social durante la crisis se debe en buena parte al amortiguador familiar de la pensión de los abuelos.

Pero los pensionistas también han sufrido en su propio bolsillo los embates de la crisis.

Primero, con los recortes de Zapatero: la congelación de las pensiones de 2011 anunciada en mayo de 2010 y la reforma del sistema aprobado al final de su mandato por la que se ampliaba el periodo de cálculo para las pensiones y se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, reforma pactada con patronal y sindicatos.

Después, con la segunda vuelta de tuerca al recorte de las pensiones, la de Rajoy, aprobada en 2013 sin acuerdo con los agentes sociales y que entró en vigor en 2014. Incluía dos grandes novedades. Una, que la actualización anual de las pensiones se desvinculaba del IPC y se limitaba a una subida de sólo el 0,25% si la Seguridad Social registraba déficit (y todos estos años ha sido así desde entonces). Y dos: se ponía en marcha el llamado “factor de sostenibilidad”. Por la primera, todos y cada uno de los 9 millones de pensionistas han perdido desde 2014 entre 3 y 4 puntos porcentuales de capacidad de compra, al registrase todos estos años pasados un IPC muy superior a ese 0,25% de la revalorización. Los efectos de la segunda medida, el factor de sostenibilidad, pueden ser mucho más lesivos para los pensionistas del futuro, ya que la cuantía inicial para los que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 se vinculará a la esperanza de vida. Algunos expertos han calculado que el mecanismo supondrá un recorte de esas pensiones del futuro de entre un 5% y un 6% cada diez años.

A todas estas novedades normativas se le han añadido en las últimas semanas varias noticias que han contribuido mucho a la indignación de los pensionistas:

-La hucha de las pensiones, que Rajoy heredó de Zapatero a finales de 2011 con 66.815 millones de euros, sufrió en diciembre pasado por parte del Gobierno una enésima saca y se quedó prácticamente vacía.

-La Seguridad Social registró en 2017 un déficit de 18.800 millones, su récord histórico.

-En el Congreso, la comisión del Pacto de Toledo que tiene que recomendar al Gobierno nuevas medidas, sobre todo para paliar ese déficit y buscarle nuevos ingresos a la Seguridad Social, está atascada, fundamentalmente por falta de propuestas concretas del PP.

La reacción del Ejecutivo a tantas malas noticias no ha sido muy afortunada. En enero, la ministra Fátima Báñez les envió a todos los pensionistas una carta en la que entre autoelogios a la gestión económica del Gobierno y halagos a los destinatarios –“El protagonista de esta mejora [de la economía] eres tú”, “Los pensionistas tenéis mucho que decir en esta historia de superación”-, les comunicaba el incremento de su pensión para este año: 0,25%. Irrelevante, irrisoria, irritante: 1,5 euros de subida al mes, por ejemplo, para los 4 millones de pensionistas que cobran 600 euros o poco mas. En febrero, Rajoy entraba en el debate sobre las pensiones públicas… reformando los planes de pensiones privados e instando a los españoles a que ahorren para su jubilación.

“Una subida de mierda”, contestaban muchas pancartas de las movilizaciones de días pasados a la carta de Báñez.

Creada hace ya tres años en Cataluña, Marea Pensionista ha sido uno de los motores impulsores de la Coordinadora Estatal. En su web, Marea se define como “un espacio para luchar por las pensiones de todos los españoles. De ahora y del futuro”. En su ‘Quiénes somos’ añade que se dirige “a todas las personas jubiladas, con ideología de izquierdas, con ánimo de que nos organicemos, ya que pretendemos situar en el debate político un tema que afecta directamente a 9 millones de personas y indirectamente al 25% de los hogares españoles que dependen de las aportaciones de los pensionistas para que hijos y nietos lleguen a fin de mes”. Sandoval añade de viva voz: “No queremos retoques. Queremos una reforma completa del sistema público de pensiones que lleve aparejado un nuevo sistema fiscal”.

Tras el éxito del jueves 22 de febrero, los pensionistas indignados se han puesto un nuevo hito. Han convocado movilizaciones en toda España para el sábado 17 de marzo. “En sábado, para que acudan familias enteras, no solo los jubilados”.

Las movilizaciones generales de mayo de 2011 fueron el caldo de cultivo del que surgieron años después Podemos y otras organizaciones políticas de izquierda que hoy ya se encuentran consolidadas en la vida pública española. Las movilizaciones de jubilados de estas semanas ¿acabarán desembocando en sindicatos y partidos ya existentes o cristalizarán en una nueva organización autónoma con más pretensiones de intervenir en la política que la que hasta ahora han mostrado la Coordinadora Estatal o Marea Pensionista? “En nuestras bases hay algunos que nos piden que nos convirtamos en un partido, sí. Yo no lo veo”, afirma Sandoval.

Sea o no sea en forma de partido o de sindicato, lo que sí parece haber llegado a España es el grey power, el poder de los mayores que se organizan para intervenir activamente en política. El grey power (poder gris) tomó su nombre de un partido australiano que en 1994 llegó a ser el segundo más votado, con el 13%, en las elecciones del estado de Taylor.

En España ya hubo un intento similar, hace una década. Surgió –como Marea Pensionista- en Cataluña. Se llamaba Partido de los Pensionistas en Acción (PDLPEA). En las elecciones generales de 2008 presentó tres candidatos al Senado por la circunscripción de Barcelona. Sumaron entre los tres 22.111 votos.

En nuestro entorno, hay iniciativas más pujantes.

Fundado en 2009, el holandés 50Plus logró 177.631 votos -el 1,9% del total- y dos escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones generales de 2012, y en las siguientes, las de 2017, prácticamente duplicó sus resultados: unos 327.000 votos, el 3,1% del total, y 4 escaños, en una Cámara que tiene en total 150.

El italiano Partito Pensionati (Partido de los Pensionistas) lleva ya tres décadas de actividad. “Pensión mínima, 1.000 euros”, proclama en su programa. Llegó a acercarse a los 400.000 votos en las elecciones europeas de 2004, en las que consiguió revalidar el escaño en el Europarlamento que había logrado en 1999. Ahora está en horas más bajas. En las elecciones italianas del próximo domingo ha colocado algunos nombres suyos en las listas de Forza Italia, la formación que lidera Silvio Berlusconi.

“Algunos que nos piden que nos convirtamos en un partido, sí. Yo no lo veo”, insiste Sandoval. “Nosotros somos un movimiento social transversal. Pero no sé dónde acabaremos en el futuro”.

“Somos mayores, pero no somos imbéciles”. “No hay dinero para las pensiones, pero sí para rescatar bancos y autopistas”. “Las pensiones en este país no sólo son sostenibles, sino que son mejorables y necesarias”. Son frases de la pasada semana de Domiciano Sandoval, portavoz de Marea Pensionista y portavoz adjunto de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Quédense con estos nombres, y con el de Victoria Portas, la portavoz de esta última organización. Añadía Sandoval: “Este problema no se soluciona si la gente no sale a la calle”.

Lo hicieron. Convocados por la Coordinadora, miles de jubilados se echaron a la calle en 86 ciudades el jueves pasado, 22 de febrero, para denunciar sus “pensiones de miseria”. La asistencia fue masiva. El éxito sorprendió no solo al Gobierno y a los principales partidos políticos sino incluso a los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que apoyaban las movilizaciones del día 22 tras haber organizado ellos las suyas una semana antes, el día 15, con menor afluencia.