El PP presiona con bajada de impuestos

El PP ha mostrado “la máxima disposición” a apoyar el plan de choque del Gobierno contra las distorsiones y desastres que la guerra de Ucrania está provocando en la economía española, pero al mismo tiempo ha puesto una especie de condición sine qua non. Quiere una bajada de impuestos. Para Pedro Sánchez, puede ser un alivio ese apoyo. Al Ejecutivo al que le caen inmisericordes las siete plagas le vendría bien un poco de comprensión y cooperación en su oposición de derechas. Pero puede ser también un regalo envenenado. Primero porque si Sánchez lo acepta y cumple con tal bajada impositiva tensionará de inmediato aún más la ya deteriorada relación con Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, y con parte de los apoyos parlamentarios que le dieron la investidura. Segundo, porque la bajada de impuestos acabaría empobreciendo la caja común y deteriorando los servicios públicos esenciales. Y tercero, porque da la impresión de que en el Partido Popular no acaban de admitir que un sistema impositivo justo, eficaz y progresivo es una de las piezas claves del Estado democrático. Una pieza imprescindible para hacer realidad el “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” que la Constitución proclama en su artículo 1. Para fomentar la igualdad, nada tan eficaz como una redistribución de la riqueza con una política fiscal justa.

Las contradicciones e inconsistencias del PP en materia impositiva son evidentes. Algunos de sus presidentes autonómicos -por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña- se jactan de bajar algunos tributos -especialmente a los más pudientes, laminando la progresividad fiscal; y en ocasiones, bordeando la competencia desleal con otras comunidades autónomas -, y al mismo tiempo exigen al Gobierno central más recursos y una mayor financiación. Es decir; no recaudo yo, y presumo de ello, y que sea otra administración superior, que además está en manos de un adversario político, la que corra con el desgaste de recaudar para mí. Lo de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno “se está forrando” vía impuestos con la subida de los precios de la energía es un disparate, impropio de alguien que es presidente autonómico, que va a liderar el principal partido de la oposición y que aspira a presidir el Gobierno central. El 100% de los ingresos que recauda el Estado -no el Gobierno, el Estado- por la vía de la producción eléctrica va a las comunidades autónomas, y el 58% de lo recaudado en el impuesto de hidrocarburos también. La tendencia del PP, cuando está en la oposición y cuando está en el poder, a confundir Estado y Gobierno es peligrosa, muy peligrosa. Y no sólo en lo que se refiere a la administración de los recursos financieros. También en otros. En el caso Kitchen, por ejemplo, confundió los intereses del Gobierno, e incluso los del partido, con los del Estado.

El afán por una tributación justa está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de dos siglos. Es cierto que con demasiados paréntesis, casi tantos como etapas de dictaduras o dictablandas. La idea de la fiscalidad progresiva -la idea de que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza que han de tributar al Estado- ya está en la Pepa, la Constitución que se hizo en Cádiz en 1812. Su artículo 339 decía así: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”. Las “facultades” en aquellos tiempos de comienzos del siglo XIX eran el dinero, los caudales. Nuestra Constitución vigente es también muy clara y taxativa en materia de impuestos. Dice en su artículo 31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio”. En ese “todos” no están solo las personas físicas, también las jurídicas, las empresas. 

¿Serán confiscatorios nuestros impuestos, que tanto insiste el PP en que hay que bajarlos? En 2019, el año anterior a la pandemia, la presión tributaria -el porcentaje de los ingresos que la sociedad dedica al pago de impuestos- era en España de un 35,2% sobre el PIB, frente a una media del 40,30% en la Unión Europea. Con la pandemia, nuestra posición ha empeorado, pero se ha debido a la caída del PIB, no a que los impuestos hayan subido.

El pasado 3 de marzo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recibía del comité de expertos nombrado hace un año un Libro Blanco sobre la reforma del sistema tributario. Entre otras medidas, los expertos proponían mantener tanto el Impuesto de Patrimonio como el de Sucesiones, y fijar un mínimo para ambos, igualar la fiscalidad del diésel y de la gasolina, subir al IVA e incorporar nuevas deducciones en el IRPF por hijos y por bajos salarios. La titular de Hacienda descartó en el propio acto que el Gobierno fuera a “hacer de inmediato ninguna subida fiscal”, dada la complicada coyuntura económica. Habían pasado apenas diez días desde la invasión bélica de Ucrania por Rusia, pero ya se veía venir lo que nos ha venido encima. 

Si el Gobierno acaba de cerrar la puerta a una inmediata subida fiscal, mal haría en abrirla para inmediatas bajadas. Si retoca algo a la baja, solo temporal y limitado. De otro modo, tiene poco que ganar y mucho que perder. El saldo político no le sale.

El PP ha mostrado “la máxima disposición” a apoyar el plan de choque del Gobierno contra las distorsiones y desastres que la guerra de Ucrania está provocando en la economía española, pero al mismo tiempo ha puesto una especie de condición sine qua non. Quiere una bajada de impuestos. Para Pedro Sánchez, puede ser un alivio ese apoyo. Al Ejecutivo al que le caen inmisericordes las siete plagas le vendría bien un poco de comprensión y cooperación en su oposición de derechas. Pero puede ser también un regalo envenenado. Primero porque si Sánchez lo acepta y cumple con tal bajada impositiva tensionará de inmediato aún más la ya deteriorada relación con Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, y con parte de los apoyos parlamentarios que le dieron la investidura. Segundo, porque la bajada de impuestos acabaría empobreciendo la caja común y deteriorando los servicios públicos esenciales. Y tercero, porque da la impresión de que en el Partido Popular no acaban de admitir que un sistema impositivo justo, eficaz y progresivo es una de las piezas claves del Estado democrático. Una pieza imprescindible para hacer realidad el “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” que la Constitución proclama en su artículo 1. Para fomentar la igualdad, nada tan eficaz como una redistribución de la riqueza con una política fiscal justa.

Las contradicciones e inconsistencias del PP en materia impositiva son evidentes. Algunos de sus presidentes autonómicos -por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña- se jactan de bajar algunos tributos -especialmente a los más pudientes, laminando la progresividad fiscal; y en ocasiones, bordeando la competencia desleal con otras comunidades autónomas -, y al mismo tiempo exigen al Gobierno central más recursos y una mayor financiación. Es decir; no recaudo yo, y presumo de ello, y que sea otra administración superior, que además está en manos de un adversario político, la que corra con el desgaste de recaudar para mí. Lo de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno “se está forrando” vía impuestos con la subida de los precios de la energía es un disparate, impropio de alguien que es presidente autonómico, que va a liderar el principal partido de la oposición y que aspira a presidir el Gobierno central. El 100% de los ingresos que recauda el Estado -no el Gobierno, el Estado- por la vía de la producción eléctrica va a las comunidades autónomas, y el 58% de lo recaudado en el impuesto de hidrocarburos también. La tendencia del PP, cuando está en la oposición y cuando está en el poder, a confundir Estado y Gobierno es peligrosa, muy peligrosa. Y no sólo en lo que se refiere a la administración de los recursos financieros. También en otros. En el caso Kitchen, por ejemplo, confundió los intereses del Gobierno, e incluso los del partido, con los del Estado.