El pleno de la Junta General del Principado ha dado luz verde este miércoles a la modificación de la Ley de Turismo que reforzará los mecanismos de control para combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional en las viviendas de uso turístico.
El dictamen ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y los diputados del grupo mixto, Adrián Pumares y Covadonga Tomé, y ha sido rechazado por PP y Vox.
El cambio permite adaptar la actual Ley de Turismo a las exigencias del mercado, así como incrementar la calidad y competitividad de un sector clave para la economía, según explicó el Ejecutivo asturiano cuando este documento pasó por Consejo de Gobierno. El propósito final es, por tanto, garantizar una mejor ordenación de los negocios turísticos, teniendo en cuenta las propuestas planteadas tanto por el empresariado como por los agentes sociales y los ayuntamientos.
La reforma legislativa aprobada recoge varias limitaciones, por ejemplo, establece que las viviendas de uso turístico deberán alquilarse íntegramente, no por habitaciones y tendrá que cumplir requisitos de accesibilidad y sostenibilidad. Además, ningún piso sometido a régimen de protección pública o protección oficial podrá comercializarse como vivienda de uso turístico.
Esta actividad económica tendrá que contar con autorización expresa de las comunidades de vecinos, que podrán impedir el establecimiento de este tipo de negocios en sus edificios si así se establece en los estatutos de la comunidad o por acuerdo de la mayoría. El plazo para cumplir este requisito es de seis meses.
Las viviendas turísticas deberán exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición, así como su número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado. También deberán mostrar estas identificaciones en todas las páginas web y en cualquier soporte físico en el que se promocionen.
Endurecimiento de las multas
El abanico que multas va en función de la gravedad de la infracción y podrá suponer hasta la clausura del establecimiento. Así habrá sanciones para faltas leves, graves y muy graves, que oscilarán entre los 150 y los 100.000 euros.
La nueva ley incluye también el concepto de zona turística protegida para aquellas áreas en las que se superen los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se pongan en riesgo el medioambiente o los recursos turísticos básicos. Estas zonas podrán circunscribirse a un concejo, limitarse a algunas partes del mismo e incluso incluir más de un municipio.
La declaración de estas zonas será competencia del Consejo de Gobierno y deberá de ir acompañada de un programa de medidas protectoras. Por su parte, las entidades locales podrán establecer ciertas limitaciones en estas zonas de especial concurrencia por razones de interés general.
La modificación obligará a todas las empresas del sector a contratar un seguro profesional de responsabilidad civil. La declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos exigibles que debían presentar los propietarios de pisos turísticos con antelación al inicio de la actividad únicamente se podrá tramitar a partir de ahora por vía electrónica, para mejorar su control y seguimiento.
Las compañías turísticas que ya funcionan tendrán seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entre en vigor la ley. El incumplimiento de los requisitos establecidos conllevará la salida del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años.
Por último, se incrementan las medidas de inspección, para lo que se ha creado un servicio específico que prestará especial atención al intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal. El Gobierno asturiano trabaja además en el diseño de una herramienta digital para la detección de negocios irregulares.
Debate parlamentario
Desde el grupo parlamentario socialista, la diputada Lidia Fernández destacaba que las modificaciones introducidas en la ley garantizan los intereses de los residentes de los inmuebles donde se fijen las viviendas turísticas y ayudarán a ordenar el sector.
Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas destacaba la importancia y urgencia de esta reforma ante la emergencia habitacional a la que asiste la región, según sus palabras. Mientras, para los diputados del grupo mixto, Covadonga Tomé y Adrián Pumares (Foro), la reforma se queda corta en lo ambicioso, a pesar de ser necesaria ante el aude de viviendas de este tipo que presenta el Principado.
Para el PP, que pidió retirar la actua ley para elaborar otra nueva desde cero, esta reforma será una “fuente generadora de conflictos”, según la diputada Sandra Camino, y “una chapuza vacía de contenido” es el dictamen aprobado, para la ultraderecha.