Asturias prevé autorizar la caza de un máximo de 53 lobos en un año en cuanto esté desprotegido

El Gobierno del Principado de Astrias autorizará la caza, que oficialmente se denomina “extracción”, de un máximo de 53 lobos ibéricos en la comunidad hasta el 31 de marzo de 2026. Esa es la cifra máxima que prevé en virtud de las directrices del Plan de Gestión del Lobo que el Gobierno autonómico ha retomado tras la salida de este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lesrpe). Sigue así los pasos de Cantabria, que ha puesto en marcha el mecanismo, pero que inmediatamente ha recibido la denuncia ante la Fiscalía por parte de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). 

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este martes en rueda de prensa el programa anual de control, que establece las extracciones sobre una población mínima estimada de 345 ejemplares. El programa fija los periodos para realizar extracciones en dos franjas del año: de enero a abril y de septiembre a diciembre, con extracciones puntuales entre mayo y agosto en casos concretos.

En cuanto a los métodos previstos, se incluyen los aguardos o recechos para capturar lobos de manera selectiva por parte de los agentes medioambientales o de personal autorizado, el apoyo en reservas regionales de caza, es decir, la extracción durante cacerías autorizadas de otras especies, y las batidas por parte de agentes medioambientales cuando los métodos básicos no resulten suficientes. 

Medio Rural también ha aprobado el nuevo baremo de daños provocados por fauna salvaje, que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y que incluye bonificaciones y un aumento de hasta el 30% del lucro cesante y mantiene el 20% extraordinario en el pago de daños provocados por especies como el oso y el lobo, entre otras novedades.

El borrador del programa anual de control del lobo que hoy se ha dado a conocer, se presentará el próximo jueves en el comité consultivo, para posteriormente firmar la resolución y aprobar definitivamente el plan que permita llevar a cabo las extracciones en el Principado.

La reacción ecologista

Como primera reacción, la Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha anunciado este martes su intención de “agotar todas las vías legales” para impedir la caza legal de lobos en el Principado, al considerar que la estrategia anunciada por el Gobierno asturiano es “errónea” y solo producirá “más daños al ganado y mayor malestar social”.

En un comunicado, la organización ha denunciado que “todos los estudios científicos” concluyen que abatir ejemplares de lobo “no reduce daños sino que los aumenta, salvo que se mate a un porcentaje tan grande que pondría en riesgo la viabilidad poblacional de la especie”.

La CEA ha advertido de que el problema de la ganadería asturiana no está relacionado con la presencia del lobo, sino con “el escaso precio de la carne y la leche”, el aumento de los costes de producción y la “lentitud de la administración” en el pago de indemnizaciones por daños de fauna, factores que han considerado los verdaderos desafíos del sector.

Además, ha reclamado que el Ejecutivo autonómico reconozca “el conocimiento científico disponible” y modifique su gestión para garantizar la conservación de la biodiversidad, apostando por soluciones basadas en la educación ambiental y en la divulgación de medidas de prevención eficaces.

La Coordinadora ha subrayado que recurrirá a todas las herramientas legales para frenar lo que considera una política de “matanzas” que no solo afecta a la población de lobos y ha reclamado un “giro radical hacia la racionalidad” para aplicar una “gestión responsable” con el mantenimiento de la biodiversidad.