La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de un año de cárcel para un mando de la Policía Local de Siero acusado de un delito contra la integridad moral por ejercer supuestamente constantes humillaciones y vejaciones hacia un subordinado, entre los años 2018 y 2022.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha acogido este lunes la primera sesión del juicio en la que el acusado, un subinspector que desempeñaba labores de jefe accidental en ausencia del comisario, ha negado todos los cargos imputados.
En su declaración, el acusado ha atribuido la denuncia a “una guerra sindical” entre el CSIF, al que él pertenece, y el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), al que está afiliado el subordinado.
El denunciante, por su parte, ha mantenido que sufrió humillaciones que se debieron a la “inquina” que, según su versión, le tenía el jefe accidental. Además, ha afirmado que, entre los años 2018 y 2022, el acusado puso en marcha contra él una campaña de acoso y derribo que le ocasionó prolongadas bajas y trastornos psíquicos.
Retirada y devolución del arma reglamentaria
Según el relato de la Fiscalía, durante el periodo en que el jefe accidental ejerció el cargo sometió a la víctima a constantes humillaciones y vejaciones, denegando incluso el disfrute de los días de vacaciones correspondientes al año 2019.
También se le imputa haber dictado una resolución acordando la retirada del arma reglamentaria asignada a la víctima por una supuesta agresión a otro agente de la Policía Local, aunque el arma le fue restituida por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, previo informe del comisario jefe de la Policía Local en esa fecha.
El Ayuntamiento de Siero elaboró un informe, el 23 de julio de 2020, en el que se hacía constar indicadores de riesgo psicosocial que pudiera estar produciendo consecuencias desfavorables para la salud así como conductas compatibles con las que se incluyen en las clasificaciones técnicas y científicas como generadoras de acoso en el trabajo de la persona denunciada hacia la víctima, que sufre secuelas psicológicas.
La Fiscalía pide una pena de un año de cárcel y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños morales causados y al Sespa con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la asistencia médica prestada.
Por su parte, la acusación particular eleva la petición a dos años y tres meses de cárcel al incorporar el delito de lesiones psíquicas.