Después de haberse quedado en un cajón la pasada legislatura, las políticas para afrontar el reto demográfico en Asturias adquieren este viernes rango de ley. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Impulso Demográfico, que afronta ahora su tramitación parlamentaria,, con el convencimiento del jefe del ejecutivo, Adrián Barbón, de que recibirá un amplio apoyo en la Junta General.
Sin duda, que esta sea la primera iniciativa legislativa de este nuevo mandato, es un gesto con el que el presidente regional quiere dejar patente su compromiso de frenar la despoblación con políticas que fomenten la actividad económica y la cohesión social que se “sostengan en el tiempo”.
El texto cuenta con 81 artículos que recogen muchas de las propuestas incluidas en el debate de la legislatura anterior e incorpora otras nuevas, fruto de las conversaciones mantenidas con los grupos parlamentarios estas última semanas. Además de su articulado introduce la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas, al entender que sólo con un planteamiento transversal podrá contenerse y revertirse la tendencia poblacional.
La ley incluye una clasificación de los concejos en cuatro categorías: demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento. Una de sus pretensiones en dotar de marco jurídicos “adecuado y estable” todas las actuaciones dirigidas a encarar el desafío demográfico a medio y largo plazo.
En el texto se especifican algunas medidas que ya se están aplicando como beneficios fiscales para quienes residen en municipios con especiales dificultades demográficas u otros colectivos y grupos sociales. Además se dedica un apartado al apoyo e integración de la población inmigrante mediante medidas que favorezcan el arraigo en la comunidad.
También se articula una estrategia de apoyo al retorno de asturianos y asturianas en el exterior y plantea otorgar prioridad a las mujeres en el acceso a ayudas y subvenciones en municipios con especiales dificultades demográficas, impulsar medidas de conciliación con especial atención al medio rural y dar prioridad a las familias monoparentales.
Sin consenso con el PP
Lo cierto es que el texto original de este proyecto de ley había sido aprobado en marzo de este mismo año y el día 27 la mesa del parlamento lo había admitido a trámite. Pero llegó la convocatoria de elecciones autonómicas, la Junta se disolvió y el proyecto decayó. Su recuperación y aprobación iba a realizarse en el primer Consejo de Gobierno de este nuevo mandato, y así lo anunció Barbón en su discurso de investidura.
Pero el entonces portavoz del PP, Diego Canga, pidió tiempo a Barbón para sentarse y consensuar un texto conjunto, a lo que el jefe del ejecutivo accedió. Sin embargo, y según cuentan desde las filas socialistas, una semana después de la marcha de Canga a Bruselas, el PP decidió “unilateralmente romper las negociaciones”. Tal y como dijo Adrián Barbón en la sesión plenaria de esta semana “el nuevo equipo ha decidido buscar una excusa” para poner fin a las conversaciones.
Lo cierto es que el texto que llegará ahora al parlamento asturiano cuenta con varias aportaciones de los partidos y, previsiblemente, sufra alguna que otra modificación en el proceso de debate. Pone especial énfasis en una fiscalidad diferenciada que favorezca el asentamiento y la actividad económica en las zonas despobladas y en riesgo de despoblamiento, y también refuerza el compromiso de elaborar planes demográficos de carácter general o parcial dirigidos a sectores o territorios específicos.
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