Asturias contabilizó el año pasado hasta un total de 413 agresiones a profesionales sanitarios, de las que 108 fueron físicas. El perfil mayoritario de las víctimas responde al de una mujer, con especial incidencia en aquellas que han superado los 55 años, mientras que en el 61 por ciento de los casos los agresores fueron hombres. En 2023 solo se tramitaron diez denuncias.
En general, todos los colectivos se han visto afectados por este aumento de la agresividad por parte de usuarios del sistema de salud. No obstante, según el Gobierno asturiano, lideran esta negra estadística los de Enfermería y el de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, seguidos por facultativos y personal de administración, si bien también se registraron casos entre los profesionales no sanitarios, como los celadores.
Los servicios de Salud Mental y las unidades de Psiquiatría fueron las áreas en las que se produjeron más ataques, seguidas por las consultas y las plantas de hospitalización.
El Principado estima que la principal causa de las agresiones son las demandas de los usuarios, seguidas de motivaciones relacionadas con los propios actos sanitarios o administrativos realizados.
Los servicios de Salud Mental y las unidades de Psiquiatría fueron las áreas en las que se produjeron más ataques, seguidas por las consultas y las plantas de hospitalización
El incremento de casos
Una problemática que también se extiende a médicos y médicas que ejercen en el Principado. Precisamente, el Colegio de Médicos de Asturias había advertido, el pasado mes de marzo, del incremento de casos de agresiones a su propio colectivo. Según sus datos, mientras la tendencia nacional ha sido a la baja, el Principado ha despuntado con uno de los porcentajes más elevados del país, al contabilizar un total de 17 facultativos lesionados en 2023, lo que representa un incremento del 18 por ciento e iguala cifras de su registro histórico.
El número de agresiones a los facultativos ha ido incrementándose de forma progresiva. Así, en 2016 hubo 11 agresiones, en 2017 se contabilizaron 13; en 2018 se denunciaron 14 casos y en 2019 el número se elevó a 17.
El año 2020 fue el punto de inflexión, dado que se registraron ocho casos, pero un año después se volvió a producir un incremento, con una decena de casos. La tendencia volvió a ser al alza en 2022 con 14 agresiones y de nuevo se volvió a incrementar el número de casos el año pasado hasta llegar a los 17.
La creación de un Observatorio
El pasado fin de semana, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) anunció el inicio de la tramitación para la creación y regulación del Observatorio de Agresiones a Profesionales, un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación, análisis y evaluación del riesgo en centros y servicios sanitarios de la red pública.
Este instrumento permitirá formar al personal para hacer frente a estas situaciones, así como proponer actuaciones de prevención e intervención para la mejora de la relación entre profesionales y usuarios.
El proyecto de decreto ya se ha presentado en el seno del Consejo de Salud y ahora se encuentra en proceso de participación pública, con la apertura del período de alegaciones para que todas las personas y entidades interesadas puedan formular sus propuestas.
Una vez analizadas, se ajustará el texto definitivo del decreto y seguidamente, el documento se elevará al Consejo Consultivo para recabar su dictamen. La tramitación finalizará con la aprobación del Consejo de Gobierno.
Las funciones
El Observatorio tendrá entre sus funciones la realización de estudios que permitan mejorar el conocimiento de la situación de las agresiones en los centros sanitarios del SESPA y elaborará una memoria anual de sus actividades.
Por otro lado, está previsto que impulse planes formativos que incluyan la metodología de actuación ante situaciones violentas en el sector sanitario, el trato correcto y la comunicación fluida entre profesionales y usuarios del SESPA.
Asimismo, va a promover encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de experiencias, investigaciones y trabajos sobre la prevención de las agresiones. También va a orientar al personal en la resolución de situaciones de conflictividad en su entorno laboral con los usuarios y elevará a la Gerencia las propuestas para la disminución de las agresiones a profesionales.
El SESPA puso en marcha en 2007 el Plan de Prevención y Actuación frente a potenciales situaciones conflictivas en los centros sanitarios e impulsó la Estrategia para la mejora de la confianza y seguridad de los trabajadores
Un plan de prevención y actuación
El Servicio de Salud ha avanzado que entre sus fines también figuran el seguimiento y control de las agresiones para disponer de datos actualizados y facilitar su explotación. Además, el observatorio servirá de foro de diálogo permanente entre el Sespa, las organizaciones sindicales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El SESPA puso en marcha en 2007 el Plan de Prevención y Actuación frente a potenciales situaciones conflictivas en los centros sanitarios e impulsó la Estrategia para la mejora de la confianza y seguridad de las personas que trabajan en este servicio.
Ambas iniciativas cumplen una doble función: Por una parte, abordan de forma integral la defensa del personal sanitario y, paralelamente, buscan proporcionar un entorno de trabajo relajado y sin crispación para profesionales, personas usuarias y ciudadanía en general.
Otras comunidades autónomas
Otras comunidades autónomas ya cuentan con un observatorio de agresiones contra personal sanitario. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía donde este organismo anunció el pasado mes de julio que propondría “acciones concretas” en los centros “con mayor incidencia”, además de impulsar el desarrollo de medidas de protección y prevención recogidas en el plan del sistema sanitario público.
En 2023, se contabilizaron 1.564 agresiones en Andalucía. Este observatorio, que se presentó en septiembre de 2023, tiene previsto reunirse “como mínimo” dos veces al año en sesiones ordinarias o a propuesta “al menos” de la tercera parte de los miembros.
En la Comunidad Valenciana las agresiones a médicos aumentaron un 29 por ciento el año pasado. Los tres colegios de médicos registraron 72 ataques a facultativos de Castellón, Valencia y Alicante en 2023. En concreto, en la provincia de Valencia se registraron 39 agresiones, un 56 por ciento más, el mayor número de denuncias recogidas durante un año durante la última década; en Castellón 14, dos casos más que en 2022; y en Alicante 19, cifra idéntica a la del año pasado.
A nivel nacional, se produjeron 769 agresiones a médicos, lo que supone una media de más de dos ataques al día, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) con motivo de la celebración del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.
En Cantabria se registraron un total de 306 agresiones a sanitarios en 2023, lo que representa un aumento del 21,4 por ciento respecto a 2022, según los datos de la memoria sobre agresiones a profesionales sanitarios en la región, que indica que la mayoría correspondieron a médicos, se produjeron en Atención Primaria y fueron cometidas por pacientes. Además, el 78 por ciento fueron a mujeres y el 22 por ciento a hombres.
Las categorías afectadas
La memoria recoge que la categoría profesional más afectada fue la de los facultativos, con 96 notificaciones, seguida por enfermeras, con 80, y personal administrativo, con 78. Además, hubo 32 notificaciones a técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 14 a celadores, tres a higienistas dentales, dos a fisioterapeutas y una a odontólogos.
Los administrativos muestran el índice de incidencia más alto con 71,95 por 1.084 trabajadores, mientras que los fisioterapeutas tienen el menor con 10,52.
En Castilla-La Mancha, el personal médico comunicó el año pasado un total de 17 agresiones a los colegios oficiales profesionales de la región. Cerca del 65 por ciento de las personas agredidas fueron mujeres.
Las agresiones a personal sanitario en Canarias aumentaron un 45 por ciento en 2023, hasta un total de 431, frente a las 296 que se habían registrado en 2022.
Son solo algunos ejemplos ilustrativos de cómo estas agresiones a personal sanitario no son casos aislados, sino que se trata de una problemática a la que desde las instituciones se debe dar una respuesta efectiva.