Marzo 2012: el histórico dirigente del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT), José Ángel Fernández Villa, se acoge a la amnistía fiscal durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy –posteriormente declarada inconstitucional– para regularizar 1,2 millones de euros que había ocultado a Hacienda. Su 'mano derecha', el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, regulariza 436.000 euros.
El origen de este patrimonio despierta las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción que inicia una investigación para conocer con detalle la procedencia de la fortuna de Fernández Villa y que él atribuía a una herencia familiar.
Marzo de 2024: la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, sigue pendiente de la entrega de un informe pericial encargado en agosto de 2021 para la conclusión de las diligencias de investigación que abrió en 2017 por el denominado 'caso Hulla' que afecta a una veintena de personas, entre las que se encuentran Fernández Villa y Postigo.
Como trasfondo del 'caso Hulla' se encuentran las posibles irregularidades en la subvención, adjudicación y construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería ubicada en la localidad allerana de Felechosa, de donde se cree que podría haber salido el dinero regularizado. Las obras fueron financiadas con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
El informe pericial que el perito asignado no acaba de entregar en el juzgado es la última prueba que queda pendiente antes de que la magistrada-jueza llame a todos los implicados en el caso para la declaración indagatoria. Un retraso que está provocando un gran malestar tanto entre las personas investigadas por la dilación de la causa como en el propio juzgado.
La fecha “inexcusable” para entregar el informe pericial
La magistrada-jueza ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, donde insta al perito a que el próximo 10 de abril, a las 12:30 horas, como “fecha inexcusable”, entregue su dictamen.
Advierte que ya “no ha lugar al aplazamiento solicitado” el pasado 20 de marzo cuando, tras ser requerido de nuevo en sede judicial, el perito fijó él mismo el próximo mes de junio como fecha probable para su entrega. Una petición que acaba de ser rechazada.
En esta providencia, la titular del juzgado ya le recuerda al perito que no es la primera vez que solicita un aplazamiento y que su retraso ha provocado hasta cinco prórrogas sucesivas: en junio de 2022, en los meses de febrero, septiembre y noviembre de 2023 y la última vez en febrero de este año 2024.
La providencia no es firme. Las defensas de algunos investigados ya han interpuesto un recurso de reforma.
Las alegaciones del perito
El perito había recibido el encargo de elaborar un informe, en agosto de 2021, con sus conclusiones sobre las obras de la residencia. Entre otros asuntos, tenía que analizar si se realizaron o no las obras previstas en el geriátrico de Felechosa y si el dinero invertido coincide con lo que realmente se construyó.
En su descargo para justificar el retraso en una entrega que dura casi tres años, el perito alega, entre otros motivos, que la dilación se debe a “la complejidad del tema”, a la pandemia y a la enfermedad y posterior fallecimiento de otro perito con el que realizaba conjuntamente este trabajo.
El dictamen pericial tiene relevancia debido a que, a través de esta diligencia, pueden derivarse “otras necesarias tales como aclaraciones al dictamen y necesidad de recabar datos resultantes de la información que se proporcione”, según consta en un auto que el juzgado dictó en 2023.
En ese auto, la instructora recuerda que la investigación se inició el 13 de abril de 2017 y desde entonces la causa ha sufrido varias prórrogas de seis meses cada una en el plazo establecido desde noviembre de 2018 hasta julio de 2022.
La compra y cesión de los terrenos al Montepío
La compra y cesión gratuita de los terrenos al Montepío fue aprobada por unanimidad en un pleno por la corporación municipal de Aller en 2008 pese a los reparos expuestos en los informes desfavorables que emitieron la Secretaría y la Intervención municipal. Según la Fiscalía, las obras comenzaron sin la licencia necesaria con el conocimiento de la corporación.
Esta parte de la investigación afectaba al propio Postigo -como presunto inductor- y a toda la corporación de Aller como presuntos autores de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
El Ayuntamiento de Aller estaba gobernado entonces por el PSOE con siete concejales, los mismos que tenía el PP, mientras que IU contaba con tres ediles. Entre los ediles que en aquella fecha formaban parte de la corporación allerana que aprobó la cesión gratuita de los terrenos en el pleno se encontraba María Teresa Mallada.
En su caso, tuvo que acudir a declarar para explicar el sentido de ese voto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al estar aforada en su calidad de diputada y portavoz del PP en la Junta General del Principado. Actualmente es senadora por Asturias.
En octubre de 2020, el TSJA confirmó el sobreseimiento libre en el procedimiento judicial abierto contra la corporación municipal de Aller que estaba al frente durante el período comprendido entre los años 2008 y 2010.
El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJA era Ignacio Vidau que rechazó en un auto el recurso de reforma presentado por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) contra su decisión anterior de sobreseer las diligencias previas abiertas por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Un informe forense, decisivo para evitar la cárcel
La investigación de la fortuna oculta de Fernández Villa provocó una auténtica convulsión en la Federación Socialista Asturiana y en el sindicato minero. Ambos expulsaron a su histórico dirigente.
En septiembre de 2018, la Audiencia Provincial condenó al exdirigente minero a tres años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato. En octubre de 2020 decretó su ingreso en prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara la condena.
Sin embargo, en enero de 2021 los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictaron un auto por el que le concedían la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad tras aportar a la causa un informe del médico forense que examinó a Fernández Villa y certificó que presentaba un “deteriorado generalizado de su estado de salud”. En aquel momento tenía 78 años.
Hoy, cumplidos ya los 81 años, aún está pendiente -al igual que la veintena de personas investigadas- de la finalización de las diligencias abiertas por el 'caso Hulla' que permita aclarar, entre otros temas, la relación de su fortuna con las obras de la residencia geriátrica.