Apenas le salen las palabras para describir su impotencia ante “la situación surrealista” que vivió al ser sometida a un control de alcoholemia. Una conductora asturiana que no puede soplar, sorber, ni silbar debido a una radiodermitis que le produjo la radiación de un angioma en la cara, ha sido juzgada en Oviedo acusada de sendos delitos de desobediencia y alcoholemia. Los agentes, pese a reconocer que “era evidente que tenía una parálisis” intentaron “hasta en cuatro ocasiones” que el etilómetro registrase si estaba ebria.
La mujer ha relatado a elDiario.es el calvario que sufrió, el pasado 18 de febrero, cuando conducía su vehículo por el carril derecho en la Avenida de Galicia, en la capital asturiana, y fue vista por una patrulla policial que le dio el alto. Eran casi las seis de la tarde.
“Acababa de pasar dos semáforos seguidos en ámbar cuando vi a mi izquierda a dos agentes de la Policía Local que circulaban por la calle Fuertes Acevedo, colocaron su vehículo en paralelo al mío y me hicieron señas para que parara. Me dijeron que me había saltado los semáforos en rojo, algo que es totalmente incierto, pero yo jamás discuto con la Policía porque se da por supuesto que tiene el principio de veracidad”, asegura.
La conductora admitió ese día ante los agentes que había bebido “exclusivamente dos vinos” con unos amigos momentos antes de ponerse al volante de su vehículo, del que fue obligada a salir “de malos modos” y negó rotundamente ante ellos que estuviera ebria.
“Yo les dije que asumía que si había cometido una irregularidad, que me responsabilizaba, pero ellos -los agentes- contestaron que iban a hacerme la prueba y avisaron a otros compañeros para que vinieran con un etilómetro” al no disponer del aparato en el coche patrulla, explica.
“Me esforzaba por soplar, pero era imposible”
“Yo me ponía a soplar y no podía. Ellos me amenazaban con que tenía que soplar, pero lo intentaba una y otra vez y no me salía. Puse todo mi empeño en soplar, pero era imposible”, sostiene la conductora que ha acabado sentada este viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.
Tras una primera tentativa para que soplara en la calle, los agentes trasladaron a la conductora hasta las dependencias policiales, donde volvieron a repetirse los intentos de soplido hasta en otras tres ocasiones, pero en ninguna llegó a alcanzar el “caudal mínimo suficiente”. Sólo en una ocasión pudo obtenerse una cantidad inferior en más de un 20% al límite máximo objetivo por el que se considera la existencia de delito, según alega la defensa.
Su abogado defensor, Gonzalo Botas, ha aportado a la causa un informe médico que ratifica que su representada fue radiada por un angioma en la cara y tiene como secuela una “inutilidad o práctica ausencia de músculo buccinador, que es el que se encarga de cerrar la boca, motivo por el que no es competente para soplar, sorber y silbar; actividades que no puede llevar a cabo con normalidad”.
A su situación física se sumaba además la tensión nerviosa y la presión que sufría al estar en dependencias policiales. La conductora, que este jueves cumplió 66 años, insiste en que en ningún momento se negó a la prueba, ni cuando los agentes le indicaron que había pruebas complementarias para cotejar su estado de ebriedad a través de un análisis de sangre.
“Querían que pagara 400 euros por el análisis de sangre”
La conductora accedió inicialmente a ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizar ese análisis de sangre, pero cuando los agentes le dijeron que tenía que cubrir el coste de la prueba, estimada en 400 euros, decidió no hacerla.
“Me ofende que la Policía diga que me negué a que me hicieran el análisis de sangre. Yo me negué a que lo tuviera que hacer pagando 400 euros. Yo quería hacerlo, pero sin pagar y además no estaba asistida por un abogado”, argumenta.
Los tres agentes policiales que han testificado en la vista oral han admitido que la conductora tiene “un problema físico en el labio superior que es evidente” y que ella desde un principio les manifestó que no podía soplar “ni un globo” y han reconocido que le confirmaron que el coste del análisis de sangre correría de su cuenta.
Las dos partes no se han movido un ápice en sus relatos, de forma que la Fiscalía ha pedido la imposición de una pena de seis meses de cárcel, multa de 1.080 euros y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años y dos días. El abogado defensor ha pedido la libre absolución al considerar “injusta y desproporcionada” la actuación policial.