Esta activista ambiental fue sacada de Colombia por el sistema de protección catalán para salvar su vida

Los niños sacan punta a los lápices y se los llevan a la cama, a dormir con ellos. Milena Florez y las demás mujeres se acuestan acompañadas de cuchillos. Los hombres hacen guardia fuera. Es 2015 y han intentado secuestrar a uno de sus compañeros. Milena ya tiene la certeza de que es cuestión de tiempo que vengan a por ella. A 8.500 kilómetros, en Barcelona, la asociación Mujeres Pa’lante ofrece a Ríos Vivos acoger a quien más lo necesite de esta organización, de la que Milena es vicepresidenta. En Colombia, Ríos Vivos decide que es ella.

Sant Cugat del Vallès es una tranquila y residencial ciudad de clase media, a poca distancia de Barcelona. Aquí es donde el ayuntamiento reservó una casa para la activista colombiana, su marido y sus dos hijos. El consistorio es parte de la cadena para acoger a Milena dentro del Programa Catalán de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.

La relación entre Milena y la agencia catalana empieza porque la colombiana forma parte de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, con la que hay un programa establecido de acogida de personas amenazadas. Cada programa de protección encarga a una asociación especializada el acompañamiento del acogido o acogida, y en el caso de Milena, el proyecto lo ejecuta Mujeres Pa’lante.

“Nosotros preguntamos a la asociación del país quién quieren ellos que se proteja en primer lugar, cada vez viene una persona, y ellos decidieron que fuera ella”, explica Julia Matildelina, la persona designada para acompañar a Milena durante los seis meses que pasará aquí. Ella es la encargada de su agenda para que pueda dar a conocer el problema y de llevarla a todas partes. Con ella cogió el tren por la mañana muy pronto para llegar a Madrid. “Las asociaciones como la de Milena suelen ser pequeñas y tienen muy poca capacidad de moverse y muy pocos contactos fuera”, cuenta Julia.

“Me trajeron hace tres meses para huir de tanta amenaza, pero igual a mis compañeros los tengo acá”. Milena señala sus hombros. Ella es, contra su voluntad, lo que en Colombia llaman ‘opositores’, ella y cientos de personas llevan 12 años oponiéndose a que se borre del mapa a 27 municipios por la construcción de la mayor presa hidroeléctrica de Colombia en el río Cauca. Cada día de estos tres meses los ha empleado, como ayer en la Cumbre del Clima en Madrid, en contar qué está pasando con su casa, su río y su gente.

Dice que cuanto más lo cuente fuera de Colombia, más se protege a ella y a sus compañeros. Por ello accedió a ser entrevistada. Julia Matildelina, su acompañante, asiente. Ella es quien se ocupa de buscarle altavoces, de que se conozca su caso aquí y allá. Hace poco han estado juntas en París y en Berlín. En Sant Cugat, Milena estará hasta febrero, cuando regresará a Colombia. “Es un tiempo para relajar la tensión, en medio de la tensión hay cosas que no se piensan bien”, concreta Julia.

Milena era barequera, como en Colombia llaman a los recogedores de oro. También lo llaman minería de subsistencia. Aguas abajo del Cauca, el segundo río más grande de Colombia, mujeres y hombres se afanaban en cribar en una batea las arenas del agua hasta que daban con ese brillo. “El río era nuestro patrón, nuestro sustento como indígenas campesinos, pescadores, agricultores. Pero nos lo mataron”.

Los barequeros ya no lo tenían fácil, el Ministerio de Minas y Energía exige desde hace un tiempo permisos, ha estrechado el margen para desarrollar esta controvertida actividad. “Dicen que es ilegal, pero nosotros decimos que no, es ancestral, y protegemos el río, no como esta megapresa, que ha traído muerte”.

Varios de sus compañeros opositores han sido asesinados por esta campaña que cargan solos. Pero quieren parar la construcción de Hidroituango, uno de los proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana, una megaobra de 220 metros de altura que aguas arriba ha frenado el torrente del agua, parando la bajada de sedimentos, y el oro. Aguas abajo es otra cosa. “Es una angustia constante que el proyecto colapse, es una bomba de tiempo que tenemos en la nuca, en cualquier momento puede estallar”.

Milena se refiere a que las paredes de la presa cedan de nuevo como ya ocurrió en 2018. Para construir el embalse, Empresas Públicas de Medellín, que tiene el 48% de la obra, abrió dos túneles dentro de la montaña para desviar el cauce del río. Pero las lluvias torrenciales metieron tal presión que el muro del embalse cedió, liberando 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, algo así como seis veces el río, seis veces una piscina semiolímpica. Aguas abajo se inundó Puerto Valdivia y 5.000 personas fueron evacuadas. ¿Murió alguien? “No de la inundación, pero varias personas murieron del susto y de la pena”.

Muchas de ellas ya han sido desplazadas. Se persigue que todas se vayan, por el accidente y porque desde que entró la empresa, esta dice que el terreno es suyo, ahora es propiedad privada. “Nadie nos ha consultado, nadie ha hablado nunca con nosotros, tampoco los bancos españoles que han financiado parte del proyecto, BBVA y Santander. Tampoco la aseguradora Mapfre, que a pesar de todos los fallos de la obra accedió a asegurarla por 150 millones de dólares”, se exaspera Milena.

“Regresar a Colombia me estresa, pero igual hay que volver, nosotros no queremos irnos del territorio”.

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