Tres años y casi 30.000 euros de financiación colectiva han hecho falta para demandar a 33 países por no actuar contra el cambio climático con la suficiente contundencia. La semana pasada, seis jóvenes portugueses, de entre 8 y 21 años, presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el conjunto de 27 estados miembros de la Unión Europea, además de Reino Unido, Noruega, Suiza, Turquía, Ucrania y Rusia. Son, arguyen los demandantes, los países responsables de aproximadamente el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y los más contaminantes de entre los 47 signatarios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Los demandantes, que en 2017 –cuando se embarcaron en esta batalla legal– eran todos menores de edad, argumentan que, aunque estos gobiernos ratificaron el convenio, están comprometiendo con sus emisiones los derechos humanos de su generación y de las generaciones venideras, por estar más expuestos a los efectos de la crisis climática que está previsto se agraven con los años.
“Como demuestra el ampliamente respetado Climate Action Tracker, ninguno de estos países, en su conjunto, ha adoptado medidas que puedan clasificarse como 'adecuadas' y las políticas de algunos ellos, incluyendo los principales emisores como Rusia, Ucrania y Turquía, se quedan extremadamente cortas con respecto a lo que se necesita”, denuncia la Red Global de Acción Legal, la organización que acompañó a los jóvenes en el pleito, en la plataforma Crowdjustice, donde pidieron a los ciudadanos apoyo financiero para llevar el caso a Estrasburgo.
Incendios de Portugal
No es casualidad que cuatro de estos seis jóvenes portugueses sean de Leiria, la región más afectada por los incendios forestales que en 2017 calcinaron cerca de 500.000 hectáreas y se cobraron la vida de 120 personas, convirtiéndose en los fuegos más mortíferos de la historia de Portugal.
“Me asusté mucho cuando vi que estos lugares tan familiares para mí se incendiaron”, cuenta, desde Leiria, Clàudia Agostinho, la mayor del grupo. Aunque tanto ella como su familia y amigos quedaron a salvo de los incendios, el fuego tuvo un impacto importante en su vida. “Quedé devastada cuando vi que estos bosques, donde me encantaba pasar el tiempo, se convirtieron de repente en lugares tan peligrosos. Me abrió los ojos al hecho de que el cambio climático solo hace del mundo un lugar más peligroso y que sus efectos pueden ser mortales, por lo que tenemos que actuar con urgencia”, asevera.
Los incendios forestales no son algo nuevo para Portugal, especialmente en los meses de verano. Sin embargo, los de 2017 batieron récords históricos y se relacionaron al clima de extrema sequía y temperaturas más altas de lo habitual que experimentaba entonces el sur de Europa. Así lo puso de manifiesto un estudio publicado en Nature, que concluyó que, aunque la circulación atmosférica anómala fue el proceso clave, los cambios termodinámicos de las últimas décadas jugaron un papel decisivo.
“Los mayores incendios en el centro de Portugal (Pedrógão Grande y Góis) comenzaron el 17 de junio y se caracterizaron por altas temperaturas anómalas y baja humedad relativa, pero también se asociaron a una atmósfera muy inestable que favoreció la formación de tormentas eléctricas”, escribían los autores.
Catarina Mota, de 20 años, es otra de las demandantes de Leiria. Ella recuerda haber estudiado el cambio climático desde pequeña, pero los “horribles fuegos de 2017 que destruyeron amplias zonas de mi región y mataron a muchas personas” fueron un punto de inflexión en su vida.
“No esperamos que la demanda solucione el problema del clima, pero confiamos en que sensibilizará a más personas y que, si el tribunal nos da la razón, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con las recomendaciones de los científicos”, apunta.
También André y Sofia Oliveira, dos hermanos de 12 y 15 años, respectivamente, se unieron a la demanda colectiva tras enterarse, por la Red Global de Acción Legal, de la posibilidad de exigir responsabilidad a los gobiernos por la vía judicial.
En Lisboa, donde viven, no sufrieron los fuegos tan de cerca. Aún así, ambos quedaron horrorizados tras el episodio de 2017 como posible preludio del panorama climático que deberán afrontar en su futuro. “Vamos al colegio con mucha ansiedad”, confiesa André. Sofia, por su parte, recalca que “es injusto que carguen a los jóvenes con la responsabilidad de combatir el cambio climático. El esfuerzo es colectivo y entre todos tenemos que poner de nuestra parte, empezando por los gobiernos”.
El proceso legal
En estos tres años, el crowdfunding ha logrado recaudar casi 30.000 euros, cantidad que se ha destinado a costear gestiones como la elaboración de informes periciales, traducciones, viajes a Estrasburgo para defender el caso, y a cubrir los costes legales que, según Gerry Liston, de la Red Global de Acción Legal, minimizaron todo lo que pudieron. Contrataron a un equipo de abogados del despacho de Londres Garden Court Chambers, “una de las principales firmas de abogados del Reino Unido en temas de derechos humanos y con una vasta experiencia en legislación ambiental y cambio climático”.
“Ahora que se ha presentado el caso, corresponde enteramente a la corte de Estrasburgo determinar cuándo debe ser escuchado y cuándo dar una decisión. Sobre la base de la urgencia de la necesidad de reducciones de emisiones mucho más profundas, hemos pedido al Tribunal que de prioridad al caso”, asegura Liston por correo electrónico.
Si lo ganan, el Convenio Europeo de Derechos Humanos podrá obligar legalmente a los países signatarios por un lado, a recortar “urgentemente” sus emisiones de gases de efecto invernadero; y, por otro, a asumir responsabilidad por “exportar combustibles fósiles, importar productos cuya producción requiere la quema de combustibles fósiles y por permitir que las compañías que operan o tienen su sede en su jurisdicción contribuyan a la quema de combustibles fósiles en el extranjero (por ejemplo, un banco que financia la extracción de combustibles fósiles en el extranjero)”, precisan desde la Red Global de Acción Legal.