Estudiantes de Derecho señalan a los grandes bufetes de abogados por defender a la industria fósil ante el cambio climático

En 2015, un joven de Alaska, una de las regiones del mundo donde el calentamiento global es más acuciante, presentó junto a otros 20 activistas una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos con la que esperaban forzar al país a recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. En enero de 2020, el Tribunal de Apelación de EEUU desestimó el caso.

A pesar de que los litigios por el clima van en aumento y de que gran parte de la batalla contra el cambio climático tendrá lugar en los tribunales, el mundo jurídico está siendo señalado por contribuir a exacerbar la crisis climática. Los estudiantes de facultades de derecho de Harvard y de Yale, así como de otras universidades de la Ivy League (la élite académica en EEUU), llevan todo este año volcados en apuntar a aquellos bufetes que más contribuyen a la crisis climática, ya sea defendiendo a petroleras o presionando para evitar que se regule contra el problema.

Los universitarios de Yale se han unido para publicar un informe que revela de qué forma los bufetes de prestigio están contribuyendo a agravar la crisis climática. Analizando las bases de datos públicas que recogen los litigios climáticos entre 2015 y 2019, han detectado que los bufetes listados en el ranking Vault 100, los cien mejor valorados en Estados Unidos, trabajaron 10 veces más en casos de la mano de la industria de las energías fósiles que contra ella. También sacan a la luz que estas firmas hacen presión cinco veces más a favor del gas y del petróleo que a favor de las renovables, y que ingresaron 36,5 millones de dólares como compensación por parte de las empresas contaminantes, mientras que de las renovables se llevaron 6,8 millones. Por otro lado, califican con buena nota en materia climática a solo cuatro bufetes de los del Vault 100: Cozen O’Connor; Shulte Roth & Zabel; Sheppard, Millin, Rcihter & Hampton y Wilson Sonsini, Goodrich & Rosati.

“Nosotros como abogados no siempre somos entes neutrales. Muchas veces podemos escoger a nuestros clientes y hay normas éticas que nos dan la oportunidad de no representar a un cliente por razones morales”, explica Camila Bustos, una de las estudiantes de Derecho de Yale a cargo del informe. “No estamos diciendo que estas empresas no puedan tener abogados, sino que no deberían tener de su parte a las firmas más prestigiosas de Manhattan y de EEUU”, aclara.

Desde la Law Students for Climate Accountability, la organización que esta estudiante ha creado junto a sus compañeros de facultad, pretenden impulsar un “movimiento global” que empiece por afear a estos bufetes multimillonarios que hayan defendido “de forma abrumadora” a la industria del gas y del petróleo. “Ya nos han contactado personas de Reino Unido, de Australia, de Canadá… Muchas de estas firmas tienen oficinas en Londres y en otras partes del mundo y los litigios de la lista se deben en muchos casos a proyectos internacionales”, asegura Bustos.

Para ella, revertir la tendencia de que los bufetes más poderosos representen a estas empresas es una cuestión de presión social. “Hay que crear un estigma, como se hizo con la industria del tabaco”. Por ello, incide en que hay que quitarles la “licencia social” para derribar lo que ella llama la “pata legal de la mesa de los combustibles fósiles”. “Ya hemos visto una campaña de desinversión en el sector bancario, otra de las patas. Cuando empezó esa campaña la gente se reía por el hecho de que se criticara que, por ejemplo, fondos de pensiones tuvieran inversiones en la industria fósil, y ahora vemos cómo grandes entidades financieras, como el Banco Europeo de Inversiones, están anunciando la retirada. Es un tema de cambio social”, insiste.