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La mina o la nada. Es el dilema que se presenta hoy a muchos pueblos asomados al abismo de la despoblación, divididos entre las grandes promesas económicas y el temor por el futuro y la destrucción del entorno. Así lo vive un pequeño pueblo de Soria, Borobia, que sigue sin ver cumplidos los compromisos hechos hace años por una multinacional minera.
Situado al abrigo del Moncayo, la atalaya del sistema ibérico, Borobia está en el epicentro de la llamada España vaciada, en la provincia más afectada por la sangría demográfica. Con 246 vecinos censados y una densidad de población de 3,93 habitantes por kilómetro cuadrado (el umbral de riesgo de despoblación para la Unión Europea es 12,5), cada vez son menos quienes aguantan allí los inviernos.
“Un pueblo así se agarra a un clavo ardiendo”, explica el vecino Alberto Jiménez Carrera. Se refiere a una mina a cielo abierto en las estribaciones del Moncayo, en el nacimiento del río Manubles, a menos de dos kilómetros del límite con Aragón. Allí, una empresa navarra– filial de una multinacional agroindustrial francesa, el Grupo Roullier– lleva seis años extrayendo magnesita, materia prima para sintetizar abonos, piensos y otras aplicaciones industriales.
La empresa, Magna, quiere ahora triplicar la superficie de la mina y duplicar el ritmo de producción, pasando de las 180.000 toneladas actuales a 400.000 en 2026, un proyecto al que Jiménez y otros vecinos han presentado alegaciones. Denuncian la “destrucción total” del paisaje, la contaminación de las aguas de los arroyos y la pérdida de algunas de las fuentes de las que se abastece el pueblo, además de “molestias continuas”, con el paso diario de medio centenar de grandes camiones.
“En estos pueblos, una vez que estamos vacíos, están viniendo las grandes empresas multinacionales a llevarse los recursos y a explotarlos en plan salvaje”, asegura este historiador, que volvió a su pueblo hace 20 años para crear un observatorio astronómico turístico pionero en España.
Por aquella época, en el año 2000, aterrizó en Borobia la primera empresa interesada en explotar las ricas vetas de magnesita. Se realizó una consulta popular en el pueblo, en la que el rechazo a la mina obtuvo un aplastante 86% de los votos. La población local se movilizó, tanto en el lado soriano como en los pueblos de Aragón, y el proyecto quedó en un cajón. Hasta que en 2005 Magna compró los permisos de investigación minera y lo resucitó con modificaciones, activando una campaña de persuasión que acabó aupando a la alcaldía a un vecino defensor de la mina. El argumento era el habitual: la creación de empleo y la reactivación económica que evitaría la desaparición del pueblo.
En 2009 la alianza se selló con un convenio entre empresa y ayuntamiento en el que Magna se comprometía, “en la medida de lo posible”, a crear al menos 15 puestos de trabajo con “personas residentes, hijos del pueblo o nacidos en Borobia” en los tres años siguientes al comienzo de la extracción de la magnesita. Otros 15 empleos se crearían en una fábrica para procesar el mineral: una inversión que, según el actual alcalde, se ha retrasado por los recursos judiciales contra la mina presentados por los pueblos vecinos de Zaragoza y el Gobierno aragonés.
La explotación comenzó en 2015 y, seis años después, los puestos de trabajo prometidos para el pueblo siguen sin concretarse. Aunque hay 15 empleados en la mina, solo dos son de Borobia. Magna ha subcontratado la extracción y la trituración del mineral, y los trabajadores vuelven cada fin de semana a sus lugares de origen, sin interés por asentarse en este remoto rincón de Soria.
En 2017 la Confederación Hidrográfica del Ebro impuso una multa de 6.000 euros a la empresa por verter al río Manubles, “en condiciones inadecuadas”, aguas con “alta presencia de limos y material removido”. Según el exempleado, “la manera de trabajar no es respetuosa ni con el pueblo ni con el medio ambiente”, y asegura que en la mina se siguen incumpliendo las normas ambientales, algo que desde la empresa niegan tajantemente.
Preguntado por esta cuestión, el director general de Magna, Javier Creixell, zanja: “Las afecciones al capital natural de la actividad extractiva de la magnesita son muy concretas y localizadas por lo que pueden ser prevenidas, mitigadas o corregidas”.
El actual alcalde también afirma que desde el ayuntamiento están exigiendo a la empresa “todas las garantías con el medio ambiente, y un paso más”. José Javier Gómez era líder sindical en Soria y llegó a la alcaldía de su pueblo natal en 2015. “El pueblo estaba tan dividido que nuestro eslogan era 'Ni mina no, ni mina sí. Borobia sí'”, cuenta.
Ahora, defiende que en Borobia “no hay alternativas” al proyecto de Magna, y espera que “el proyecto de la fábrica sea real, que genere empleo en el pueblo y que no se retrase más”. Según el alcalde, con la ampliación de la mina (con una vida útil estimada de 23 años), habría suficiente mineral para que fuese rentable para la empresa y construir en Borobia la fábrica de procesamiento.
Hasta el momento, Magna transporta el material a su fábrica en Navarra, donde se somete a un proceso llamado calcinación: a altas temperaturas la magnesita (carbonato de magnesio) se descompone en óxido de magnesio (el producto final) y una molécula de dióxido de carbono– la planta de Magna es una de las instalaciones que más CO2 emiten en Navarra–.
En la planta de calcinación de Borobia se desarrollarían “diversos tratamientos” para capturar ese carbono, y el regidor asegura que la empresa ha presentado una manifestación de interés al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para optar a los fondos de reconstrucción Next Generation EU dedicados a la revitalización de zonas rurales.
“Sentimos una profunda frustración por el retraso de este proyecto que, de no haber sido por la sentencia derivada de los litigios habidos en el pasado, hoy sería una realidad en Borobia con todo lo que ello supone”, dice el director general de la empresa. “Hoy en día, está sobradamente contrastado que la minería es una de las actividades que más pueden combatir el despoblamiento de las áreas rurales en España”, insiste.
Sin embargo, los pueblos de Zaragoza, aguas abajo del río Manubles, siguen sin tirar la toalla. Aunque el Tribunal Supremo tumbó su recurso contra la mina en 2018 por un defecto de forma, se preparan para retomar la batalla judicial al proyecto de ampliación. “Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance, dentro de la legalidad, para pararla”, dice Manuel Morte, alcalde de Moros (Zaragoza) y presidente de la coordinadora de afectados.
Desde el lado aragonés temen que la mina produzca un daño irreversible sobre los acuíferos de los que se nutren varios ríos, principalmente el Manubles. “La vida de estos pueblos gira en torno al río y al valle, el río es lo que nos une”, asegura Morte. “Hay iniciativas de cultivo de frutas, hay otras iniciativas en el valle que aprovechan todo el potencial ambiental y de turismo rural y natural. Pero una instalación de este tipo hipoteca todo lo presente y todo lo futuro”, explica.
Desde Borobia, Alberto Jiménez también cree que una mina socava las opciones para mantener estos pueblos vivos. Denuncia que las administraciones abandonan “alternativas de desarrollo respetuosas” como su observatorio astronómico, en contraste con el apoyo a grandes proyectos empresariales. En el pueblo de al lado de Borobia, en Noviercas, se pretende construir una macro granja con 23.520 vacas lecheras. “Nos están destrozando toda la comarca y aquí quedan cuatro abuelos que tampoco tienen capacidad para defenderse”, lamenta.