En Nueva Zelanda preocupan más las emisiones de las vacas que las de las fábricas o los coches. En un país con más de estos animales (seis millones) que habitantes (4,8 millones), la agricultura representa el 48% de las emisiones del país.
Por ello es especialmente relevante la ley aprobada el 22 de junio, una reforma muy ambiciosa del mercado de derechos de emisión nacional, la principal herramienta que tiene Nueva Zelanda para mitigar los efectos del calentamiento global. La norma incluye por primera vez la agricultura. “Nueva Zelanda se convierte así en el primer país del mundo que pone un precio a las emisiones de la producción de alimentos, la carne, la leche, los lácteos”, aclara desde Berlín el neozelandés Alexander Eden, analista jefe en ICAP, un think tank dirigido a gobiernos y autoridades públicas que han implementado o prevén implementar un sistema de comercio de emisiones.
Está previsto que el mecanismo entre en vigor en 2025, y para conseguirlo, el Ministerio de Cambio Climático capitaneado por el ministro James Shaw, ha llegado a un acuerdo con los agricultores para buscar salidas a una cuestión nada fácil de resolver: cómo reducir las emisiones de metano que generan los estómagos de los rumiantes, y que suponen el 35% de los gases de efecto invernadero del país. “Al final, se trata de reducir el número de vacas”, comenta Eden.
Pero visto lo que representan estos animales para la economía del país, el Ejecutivo y los granjeros se han dado hasta 2022 para crear todo un sistema de control de emisiones de las granjas y que sean los propios agricultores los que analicen de qué forma pueden reducir emisiones en su actividad. “Si esto no funcionara, pues son miles de explotaciones, pasarían al plan B, que consiste en que las fábricas transformadoras que les compran la materia prima fijen un precio en función de las emisiones de sus productos. Estamos hablando de 100 empresas, es mucho más factible”, matiza el analista Eden.
Respecto al óxido nitroso, que supone el 22% de las emisiones agrícolas en Nueva Zelanda, la solución es más sencilla. La ley prevé que se penalice (aún no está decidido cómo) la compra y el uso de fertilizantes.
Pero lo que más inquieta a los agricultores es la pérdida de competitividad que este precio al CO2 les supone, pues la mayor parte de su producción se exporta, así que compiten con países donde este extracoste no existe. Por ello está previsto que el Estado asuma en la primera etapa el 95%. Para el analista Eden, el paso que ha dado Nueva Zelanda es un asunto de futuro: “El país está asumiendo que no se trata de tener más productos, sino de que sean de mejor calidad, y eso significa menos emisiones”.