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Mbolo Moy Doole, la asociación que reúne a los vendedores del top mantaen Bilbao, se he concentrado esta mañana frente a la sede del PP para protestar contra la reforma del código penal que se está tramitando en el Congreso. El texto, preparado por el Ministerio de Gallardón y que previsiblemente será aprobado gracias a la mayoría absoluta de los populares, prevé la imposición de penas de prisión de entre seis meses y dos años por venta ambulante. Los manteros de Bizkaia creen que “sobrevivir no es delito” y piden que se rebajen las medidas punitivas.
Una de sus principales preocupaciones es que aunque un juez no dictamine el ingreso en prisión y conmute la pena por multas o trabajos comunitarios, como la venta ambulante es considerada un delito los manteros no se librarían de los antecedentes penales. “Los antecedentes penales harán que la persona condenada no pueda regularizar su situación, por lo que queda condenada a seguir en trabajos ilegales”, analizan fuentes de Mbolo. También critican que la lectura de la nueva ley es “discrecional y como consecuencia mismas conductas pueden tener una pena de un mes de multa o de 2 años de cárcel, en función del juez”.
Por estos motivos, en diciembre del año pasado la asociación de manteros de Bizkaia pidió a todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados que presentaran una enmienda para suavizar estas penas. La principal modificación consistía en que en el nuevo texto la pena sólo se aplicaría si el beneficio económico obtenido por el acusado excede los 1.000 euros, unas cifras difícilmente alcanzables por los vendedores ambulantes.
En la justificación del texto, los manteros recuerdan que ya han convivido con dos códigos penales diferentes, uno que proponía penas de cárcel y otro que consideraba la venta ambulante una falta. “La experiencia demuestra que las penas de cárcel no hicieron que la gente dejase de vender y, por otra parte, la despenalización no ha hecho que haya más ventas”, apuntan. “Es más, es evidente que nuestras ventas son algo residual que apenas tiene efecto en los beneficios de las empresas”, añaden. También recuerdan que “el gasto que supone perseguir estas conductas es mucho mayor que el daño creado”.
Según han revelado fuentes de Mbolo, Amaiur y Ezker Anitza han presentado la enmiendaen el Congreso y el PSE se ha comprometido a pedírselo a su grupo en Madrid. PNV y PP, sin embargo, no les han contestado.