Hay que tomar decisiones ya para no lamentar las consecuencias de la nueva cepa

La pandemia causada por la Covid-19 sigue golpeando duramente al mundo y el número de casos confirmados asciende ya a 75 millones de personas. Europa registra casi la tercera parte de esos casos con un poco más de 23 millones de personas afectadas y España tiene ya alrededor de 1,8 millones de casos confirmados y, de acuerdo con la última ronda de la encuesta de seroprevalencia, se calcula que el número de personas residentes en España que se han infectado a lo largo de estos diez meses son casi 4,5 millones. Desde que a finales de octubre se declarara en nuestro país el actual estado de alarma, se han registrado más de 750.000 casos y han fallecido ya más de 14.500 personas, un número altísimo que no puede considerarse, únicamente, como un daño colateral. 

Afrontamos hoy en España una situación epidemiológica realmente preocupante ya que, tras el descenso paulatino de la incidencia que había venido observándose durante algunas semanas, llevamos ya varios días con un crecimiento sostenido de la incidencia de COVID-19 tras haberse relajado las medidas restrictivas que habían sido puestas en marcha.

Así, en poco más de 10 días, la incidencia media acumulada en 14 días para todo el país ha pasado de estar en 188,72 casos por 100.000 habitantes el pasado 10 de diciembre, a situarse en 236,27 casos por 100.000 habitantes el día 22 de diciembre, cuando escribimos esta tribuna. Y preocupa singularmente la incidencia en mayores de 65 años que aún sigue estando en niveles de alerta extrema en buena parte de las comunidades autónomas.

Este incremento de alrededor de un 23% en poco más de 10 días, rompe una tendencia a la disminución sostenida de todos los indicadores desde hacía varias semanas y coincide con un claro repunte en diversos países de la UE que se han visto obligados a adoptar medidas de restricción en la movilidad de los ciudadanos y en las actividades económicas no esenciales, en algunos casos muy contundentes. 

También en España, ante el repunte de estos últimos días, algunas comunidades autónomas han adoptado medidas más restrictivas en la movilidad para tratar de frenar el crecimiento de la incidencia ante las próximas navidades: es el caso de Asturias, Baleares, Comunitat Valenciana; Catalunya, Castilla y León y otras.

En este contexto hay que señalar que, el pasado fin de semana, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un cambio radical en la estrategia de contención del coronavirus endureciendo las restricciones en Londres y diversas zonas del sur y sureste de Inglaterra ante el vertiginoso incremento en el número de casos, especialmente en los condados de Kent, Surrey, Portsmouth y Hastings, pero también en la ciudad de Londres. Johnson ha anunciado que, hasta nueva revisión, estarán prohibidas las reuniones entre hogares diferentes, y se ha suspendido la actividad de comercios no esenciales, restaurantes, bares y pubs que deberán cerrar sus puertas, así como de gimnasios, museos, galerías de arte, teatros y cines.

En su comparecencia, Johnson hizo un anuncio de gran relevancia epidemiológica ya que atribuyó el cambio radical de su estrategia de contención a la existencia de una variante del coronavirus que estaría mostrando una mayor contagiosidad. Según lo informado por el gobierno británico desde que apareció esta nueva variante, aparentemente a finales de septiembre, se ha extendido con gran rapidez. Se estima que en Londres ya es responsable del 62% de los nuevos casos diagnosticados. 

Tanto Boris Johnson como el ministro de sanidad británico han declarado que la situación epidemiológica “está fuera de control” generando así una situación de alarma tanto en ámbitos institucionales de todo el mundo, como en la opinión pública mundial. Poco después se ha sabido que la nueva cepa había sido detectada ya en varios países, la mayoría de ellos europeos: 10 casos en Dinamarca y 1 caso en Islandia, Italia, Holanda y Australia. Todo ello, ha añadido mayor incertidumbre a una situación que ya evolucionaba de forma muy negativa en Europa. La preocupación se ha generalizado en todo el mundo y la práctica totalidad de países miembros de la UE y otros muchos extrarregionales han prohibido el tráfico aéreo con el Reino Unido. Tras reclamar una actitud coordinada en el ámbito de la UE, finalmente España se ha sumado a la lista.

Por su parte, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha hecho suyas las estimaciones de las autoridades británicas y el domingo 19 de diciembre publicó una evaluación del riesgo señalando que la nueva variante del coronavirus aumenta la capacidad de contagio hasta un 70%, y ha pedido evitar los viajes y las actividades no esenciales, redoblar la vigilancia epidemiológica, llevar a cabo un rastreo de la nueva variante en los países de la Unión Europea, el espacio Económico Europeo y el Reino Unido, y examinar la idoneidad de los reactivos para pruebas diagnósticas de PCR para confirmar la fiabilidad frente a la nueva variante.

Todo esto sucede, además, en el inicio del invierno que es la época más favorable para el contagio de las enfermedades de transmisión aérea tal como la evolución de las distintas oleadas de gripe estacional demuestra cada año. Y justamente cuando se anuncia el inmediato inicio de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en los países de la Unión Europea, incluida España.

Si la nueva variante se disemina ampliamente y es, en efecto, notablemente más contagiosa, aun cuando no sea ni más severa ni más letal, ni comprometa la eficacia de las vacunas que se estarán administrando en los próximos meses, se nos presenta un posible escenario de crecimiento vertiginoso de contagios, aumento en la incidencia y, por consiguiente, una elevación de la presión asistencial y del número de fallecimientos. Muy especialmente preocupa que su rápida extensión pueda saturar la atención primaria cuyos equipos serán cruciales para la campaña de vacunación. Por ello, ante el riesgo planteado en el informe del ECDC con relación a la nueva variante, es preferible actuar de manera anticipatoria y preventiva que tener que lamentar las consecuencias por no hacerlo.  

La variante del SARS-COV-2 requiere un abordaje más contundente por parte de la Unión Europea y de la OMS que vaya más allá de lo hasta ahora hecho. Lamentablemente la capacidad de actuar concertadamente y de manera ágil no ha sido la constante. El asunto no es solo interrumpir el trasiego futuro de personas procedentes del Reino Unido a otros países de la UE, sino también detectar la presencia de la nueva variante en los países, generada por quienes viajaron en las semanas previas, a fin de contener su expansión. 

Extremar los controles de PCR en los viajeros procedentes del Reino Unido no es suficiente. Hay que hacer más cosas. España debe tomar una posición firme en el marco de las deliberaciones de la UE sobre cómo responder a esta nueva variante del virus. 

Por tanto, en primer lugar y de forma urgente consideramos necesario intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica para desarrollar un rastreo capaz de detectar si esta nueva variante afectó ya en España haciendo una revisión retrospectiva y analizando los nuevos casos en busca de esta; en especial, en aquellas áreas geográficas en las que hay presencia habitual de ciudadanos británicos (Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Costa del Sol o campo de Gibraltar, entre otras). El rastreo retrospectivo exhaustivo de quienes hayan viajado desde del Reino Unido en las últimas semanas deberá hacerse no sólo para diagnosticar asintomáticos positivos sino también para hacer estudios sobre las variedades del virus que se detecten entre los positivos identificados. 

También debe trabajarse en clave europea para determinar la eventual afectación de esta nueva variante en la capacidad diagnóstica de las actuales pruebas diagnósticas de PCR, asegurando su validez total o, en su defecto, redefiniendo sus procesos de producción para ajustar la plena validez de su capacidad diagnóstica y evitar que se pudiera estar infravalorando el número real de casos.

Asimismo, deberá solicitarse al ECDC, a la UE, a la Agencia Europea del Medicamento y a la OMS, que actúen con celeridad e identifiquen inequívocamente si hay riesgo de mayor contagiosidad y si las dos vacunas que serán aprobadas en unos días siguen siendo eficaces ante esta nueva variante del virus.

No hay que olvidar que, al mismo tiempo, resulta imprescindible adoptar nuevas medidas de mayor control de la movilidad y limitación de las actividades comerciales y de ocio, para evitar un incremento exponencial de la incidencia que nos pueda llevar a una tercera ola de dimensiones explosivas y desconocidas en el peor momento posible.

Las recomendaciones del ECDC basadas en su documento de evaluación de riesgo deben tener su traducción inmediata en España ya que la más mínima posibilidad de que el riesgo del que se alerta por parte de las autoridades británicas y el ECDC se transforme en una realidad que justifica una postura de máxima prudencia y prevención.

Se trata de actuar aplicando el principio de precaución para evitar un eventual impacto relevante en la salud y, por supuesto, un eventual colapso de los servicios de salud que, ahora menos que nunca, deben estar sobrecargados para poder afrontar el inicio y el desarrollo normal de la campaña de vacunación. Si algo hemos aprendido durante la evolución de esta pandemia ha sido la importancia de anticiparse al virus. 

Si, como parece, se confirma que esta nueva variante tiene una mayor capacidad de contagio, las medidas que ahora se aplican en nuestro país para contener el virus resultarían claramente insuficientes por lo que no se puede esperar para comprobarlo, porque entonces sería tarde y las consecuencias de haber esperado serían catastróficas.

Por tanto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles debe activar una respuesta acorde a la incertidumbre generada tras la aparición de la nueva variante y las recomendaciones del ECDC. Se hace imprescindible revisar el actual marco de restricciones incluidas en el ya desfasado Plan de Navidad para incrementar las medidas en un marco de acciones coordinadas de salud pública que se anticipe a una mayor incidencia en caso de que ya estuviera circulando en nuestro medio la nueva variante del virus.

La evaluación de riesgo difundida por el ECDC marca la guía de actuación que debe tenerse en cuenta por parte del Consejo Interterritorial para aplicar el principio de prudencia con medidas de mayor restricción de la movilidad con la máxima coordinación y urgencia; especialmente, debido al desafío que supone el asegurar que se eviten los daños de una tercera ola y aplicar con la mayor normalidad posible el plan de vacunación.

La pandemia causada por la Covid-19 sigue golpeando duramente al mundo y el número de casos confirmados asciende ya a 75 millones de personas. Europa registra casi la tercera parte de esos casos con un poco más de 23 millones de personas afectadas y España tiene ya alrededor de 1,8 millones de casos confirmados y, de acuerdo con la última ronda de la encuesta de seroprevalencia, se calcula que el número de personas residentes en España que se han infectado a lo largo de estos diez meses son casi 4,5 millones. Desde que a finales de octubre se declarara en nuestro país el actual estado de alarma, se han registrado más de 750.000 casos y han fallecido ya más de 14.500 personas, un número altísimo que no puede considerarse, únicamente, como un daño colateral. 

Afrontamos hoy en España una situación epidemiológica realmente preocupante ya que, tras el descenso paulatino de la incidencia que había venido observándose durante algunas semanas, llevamos ya varios días con un crecimiento sostenido de la incidencia de COVID-19 tras haberse relajado las medidas restrictivas que habían sido puestas en marcha.