Hay que frenar la tercera ola, vacunar al ritmo necesario y modificar el estado de alarma

Como era de esperar, tras la relajación y la permisividad de la temporada navideña, España ha entrado de lleno en una espiral ascendente en cuanto al número de casos de COVID-19 en la mayor parte del territorio. Si bien España no alcanza todavía, por fortuna, las desorbitadas cifras de incidencia del Reino Unido o de la Republica Checa, sí está en una situación de alerta alta y extrema en casi todas las CCAA, lo que obliga a enfrentar sin miramientos la situación y a actuar con la determinación necesaria para evitar un enorme traspiés epidemiológico y el consiguiente colapso asistencial.

Además, y salvo excepciones (Asturias, Galicia), la campaña de vacunación ha arrancado con una lentitud e ineficiencia que no son de recibo, y, si no se acelera el ritmo y se hacen las cosas más en serio, no se logrará llegar a una cobertura de vacunación del 70 por ciento de la población al final del verano.

No es momento ni de eufemismos ni de negacionismos. No es tiempo de descripciones vagas y evasivas sobre lo que está sucediendo; no puede haber titubeos en la acción, no cabe la politización estéril con debates absurdos que solo llevan a la parálisis o al bloqueo. Es tiempo de actuar con contundencia y de adelantarse a los acontecimientos con un verdadero sentido de urgencia.

Detengámonos un poco en el análisis que nos lleva a hacer estos planteamientos y en las razones por las que, una vez más, creemos que hay que anticiparse a los hechos y no solo ir por detrás de la curva de contagios de un modo reactivo y tardío.

La situación epidemiológica que enfrentamos es muy seria

Para valorar de forma adecuada la evolución de la pandemia en España no basta con prestar atención a la incidencia acumulada de 14 días y al número creciente de contagios diarios, ya de por si preocupantes.

Hay que analizar también las tendencias y tomar en cuenta la batería de indicadores sobre el nivel de transmisión y sobre la utilización de servicios asistenciales por pacientes con COVID-19 que fueron definidos por el Consejo Interterritorial al acordar un semáforo con cuatro niveles de alerta que se definen poniendo en conjunto todos esos indicadores.

El “Informe de Indicadores Básicos de Seguimiento de COVID-19” publicado por el Ministerio de sanidad el 7 de enero, muestra este conjunto de parámetros y ofrece mapas sumamente reveladores sobre la situación en cada Comunidad Autónoma e, incluso, en cada provincia.

Este Informe muestra que la situación es francamente mala y va a peor. En estos momentos todas las CCAA menos dos (Asturias y Canarias) están en un nivel extremo o alto de incidencia acumulada en los 14 días previos. Dada la inexplicable y reiterada ausencia de datos acumulados para toda España durante los fines de semana, solo podemos completar el Informe con los últimos datos publicados el viernes 8 de enero los cuales nos muestran que se ha alcanzado ya una incidencia media en España de 350 casos por cien mil habitantes, y que siete Comunidades Autónomas se encuentran por encima de la media nacional. De gran preocupación son las altísimas incidencias de Extremadura (799) Baleares (546), Madrid (507), Castilla la Mancha (453), Cataluña (434), La Rioja (424) y la Comunidad Valenciana (393). Es previsible que cuando se actualicen los datos el lunes 11 de enero en la tarde, la incidencia acumulada sea aún más alta.

Todavía peor es la situación de la incidencia acumulada en mayores de 65 años, el grupo de población más vulnerable por sus altas tasas de severidad y letalidad. En este grupo solo Asturias escapa de los niveles altos o extremos mientras trece Comunidades están en el nivel extremo que establece el semáforo aprobado por el Consejo Interterritorial.

La situación es también critica en cuanto a la proporción de pruebas positivas que, en promedio y para el conjunto de España, se ha duplicado en el último mes. El 8 de enero la media nacional fue del 14%, casi tres veces por encima del umbral establecido por la OMS y el Centro Europeo de Control de Enfermedades para considerar que la transmisión comunitaria está controlada.  Varias Comunidades tienen cifras situadas entre el 20 y el 25%. De hecho, hay diez Comunidades en alerta alta y extrema según lo establecido en los criterios del semáforo del Consejo Interterritorial. Es preocupante asimismo que en ocho Comunidades la trazabilidad de los casos sea inferior al 30%, lo cual implica que una altísima proporción de casos están ocurriendo de manera tal que no pueden ser ligados a brotes específicos. Estos dos últimos indicadores (proporción crecente de pruebas positivas y baja trazabilidad de los casos) apuntan a que la transmisión comunitaria es muy alta y que probablemente se esté intensificando, algo que probablemente se confirmará a lo largo de los próximos días.

Preocupa la creciente presión asistencial y la amenaza que supone para la asistencia sanitaria en su conjunto

En cuanto a la presión sobre los servicios asistenciales, las cifras dadas a conocer el viernes 8 de enero muestran que la media de ocupación de camas hospitalarias por pacientes de Covid-19 en España es del 12%, y de un 24% de las camas de UCI. En algunas Comunidades Autónomas el porcentaje de camas UCI ocupadas oscila entre el 30 y el 40%. De hecho, hay doce CCAA que están en niveles altos o extremos de ocupación de camas de UCI según los indicadores del mencionado semáforo. 

Y esto ocurre cuando todavía los datos no reflejan los efectos de la Nochevieja en la transmisión de la enfermedad por lo que se puede esperar que la presión asistencial aumente en las próximas semanas y que esto lleve a situaciones de verdadero colapso de la asistencia hospitalaria en muchos casos. A ello se agrega naturalmente la sobresaturación de la Atención Primaria que tiene que atender un aluvión cada vez mayor de pacientes COVID-19 y sus contactos estrechos, además de sus actividades asistenciales habituales y que, ahora, tendrá que ocuparse crecientemente de la vacunación de los distintos grupos prioritarios.

Por tanto, resulta imperioso doblegar cuanto antes esta tendencia creciente de los casos y de la presión asistencial para evitar dificultades al proceso de vacunación, además, por supuesto, de evitar en todo lo posible las actuales e inaceptables cifras elevadas de casos nuevos y de fallecimientos diarios.

¿Qué se necesita hacer para doblegar la curva?

La respuesta es hasta cierto punto simple: tomar las medidas que realmente funcionan para inducir un descenso abrupto en la pendiente de la curva epidémica y para ralentizar y mitigar la presión asistencial. 

Así, por un lado, hay que proseguir sin bajar la guardia, con las acciones de diagnóstico precoz, realización de pruebas diagnósticas en número apropiado, rastreo exhaustivo de contactos y asilamiento de positivos asintomáticos. Por otra parte, hay que interrumpir las interacciones gregarias y limitar la movilidad, pero no de una manera simplemente a declarativa o testimonial sino de forma inequívoca y contundente.

Esto pasa indefectiblemente por modificar el estado de alarma para permitir confinamientos domiciliarios donde sea preciso, para ampliar los horarios de los toques de queda en donde esto siga teniendo vigencia, y para restringir la movilidad con mayor intensidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Ante situaciones de altísima incidencia y transmisión comunitaria acompañadas de fuerte presión asistencial, hay que ir más allá de la contención reforzada y optar por una estrategia de mitigación pues esto será lo único que funcionará para atajar la transmisión y doblegar de verdad la curva epidémica. 

El Reino Unido se ha visto en la necesidad de volver a confinar de manera drástica ante la debacle que experimenta su sistema sanitario a consecuencia del alto número de contagios que se han producido y de casos severos que requieren hospitalización. Francia ha extendido el toque de queda y ha implantado un horario que va de las 18 horas a las 06 horas. Portugal ha optado también por el confinamiento, y tanto Irlanda como Israel han mostrado claramente que el confinamiento corto pero firme ha sido determinante para reducir considerablemente la incidencia de COVID-19.

En varios momentos durante la evolución de la pandemia hemos señalado la pertinencia y necesidad de confinamientos cortos, pero más estrictos, cuando la incidencia lo ha requerido. Lamentablemente y, a pesar de haberlo solicitado algunos presidentes autonómicos, esas medidas no se tomaron en su momento y hoy vemos los resultados. 

Ahora, dada la magnitud  de los problemas que se avecinan con  la tercera ola, el potencial impacto de la variante británica y la necesidad de priorizar la aplicación de las vacunas en las mejores condiciones, consideramos que hay que cambiar las actuales condiciones del estado de alarma para permitir que los gobiernos autonómicos que lo consideren necesario porque la situación epidemiológica lo requiera, puedan aplicar confinamientos domiciliarios generalizados o confinamientos quirúrgicos bien dirigidos y justificados.

No es acertado que el Ministerio de Sanidad descarte también ahora la necesidad de poner en práctica estos confinamientos y plantee que bastan las actuales medidas puestas en marcha por las Comunidades Autónomas para controlar la situación. Basta con ver los resultados en la gestión de la segunda ola y su impacto epidemiológico en términos de los altos niveles de morbilidad y mortalidad resultantes. El balance ha sido negativo: se ha fracasado en el objetivo de alcanzar una incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Además, la ultima encuesta realizada por el CIS muestra que el 60% de la población esta a favor de medidas más drásticas para frenar la pandemia.

En realidad, la situación actual, con el virus creciendo en toda España requeriría un confinamiento corto en todo el territorio, de quince días a un mes, dependiendo de la situación, manteniendo en funcionamiento únicamente las actividades esenciales y, tal vez los colegios. Varias Comunidades Autónomas se han manifestado en uno u otro momento en ese sentido. 

Es importante entender que, aun cuando la vacunación alcance por fin el ritmo deseado (lo que todavía no ha sucedido), tomará un tiempo largo, de entre seis y ocho meses el alcanzar la inmunidad de grupo necesaria para estar protegidos. Entretanto, hay que tomar medidas drásticas para doblegar la curva y medidas de protección sostenidas para que no siga incrementándose la incidencia.

La injustificable ineficiencia en el arranque de la vacunación

En cuanto a la vacunación, la opinión generalizada entre los profesionales y la ciudadanía coincide en considerar que no es de recibo la lentitud con la que ha arrancado el proceso. Al ritmo de los primeros diez días no se alcanzaría la cobertura necesaria para la inmunidad de grupo ni siquiera a finales del 2021. Los bajos porcentajes de aplicación de las dosis disponibles en una buena parte de las CCAA son reveladoras de que ha habido ineficiencia y en muchos casos una gestión incompetente. Las dosis de vacunas no aplicadas son oportunidades perdidas de prevención de la enfermedad y de la muerte por COVID-19, especialmente en los grupos más vulnerables. 

El esfuerzo modélico de Asturias de aplicar el 100% de las dosis disponibles de la primera remesa y un alto porcentaje de las dosis de la segunda remesa, y el haber concluido el viernes 8 de enero la vacunación de todas las personas que viven en residencias geriátricas, ha sido posible porque el sistema sanitario del Principado ha hecho lo que debía hacer: tomarse el asunto en serio; vacunar sin descanso, sin festivos y sin fines de semana; organizar bien a los equipos de Atención Primaria; hacer la cobertura adecuada con los grupos de población; y no guardar dosis en el congelador con justificaciones incomprensibles, sino aplicarlas. Pese a los reiterados mensajes oficiales ni en este ni en otros asuntos relacionados con la gestión de la pandemia, todas las Comunidades lo han hecho, o lo están haciendo, igual de bien.

Las enormes dimensiones de la tarea de vacunar al menos al 70% de la población

Toca ahora acelerar el paso y no buscar excusas para no hacer lo que se puede y se debe hacer. Los servicios públicos de salud de las Comunidades Autónomas deben organizarse para efectuar una vacunación intensificada durante el resto del año y si adolecen de problemas de personal o medios, estos deberán ser reforzados con carácter urgente ya que son el eje fundamental para lograr las coberturas de vacunación que se precisan.

No podemos olvidarnos de que para alcanzar al cabo de 35 semanas (finales de agosto) la cifra de 35 millones de personas vacunadas, necesitamos vacunar cada semana a un millón de personas en toda España y que, (ya que se requieren dos dosis para completar el esquema de vacunación), a partir de febrero deberemos aplicar dos millones de dosis por semana. Para ello se requiere el abasto suficiente (lo que tras la reciente aprobación de la vacuna de Moderna no parece que vaya a ser un problema), pero, sobre todo, contar con la capacidad logística y organizativa para aplicar ese número de dosis a las personas que se definan como grupos diana.

Especialmente en el arranque del programa de vacunación hay que hacer uso de todos los recursos de la sanidad pública, complementándolos cuando sea necesario con la posible participación del Ejercito a través de la Sanidad Militar o de cualquier otro dispositivo que sirva para el propósito de vacunar intensivamente, contando con la colaboración complementaria de la Cruz Roja y de otras ONGs que puedan prestar su apoyo al operativo de vacunación o, incluso, incorporando profesionales jubilados que voluntariamente se ofrezcan, etcétera.

La necesidad de tener un sentido de urgencia para actuar con eficacia

¿Qué implica todo lo que hemos mencionado en los párrafos anteriores?

A) Que la tercera ola ha llegado y va en ascenso.

B) Que la transmisión comunitaria es muy alta y ha crecido en el periodo de relajación y permisividad en torno a las Navidades, el Año Nuevo y el día de los Reyes, y que hay que contenerla con medidas restrictivas que impidan las interacciones gregarias que propician la transmisión.

C) Que hay que reanudar esfuerzos para hacer más PCR, un mejor diagnóstico precoz y un mejor rastreo exhaustivo y aislamiento de positivos.

D) Que hay que mitigar el impacto de la tercera ola para evitar morbilidad y mortalidad, y para que no se desborde la asistencia sanitaria y tengamos un colapso asistencial en muchos territorios.

E) Que estamos muy lejos de alcanzar la incidencia deseable de menos de 25 casos por cien mil habitantes (en realidad vamos en sentido contrario), y que no lo haremos a menos de que se tomen medidas más contundentes y restricciones más drásticas.

F) Que debe contemplarse un confinamiento domiciliario en las Comunidades con incidencias acumuladas de 14 días superiores a 250 casos por cien mil, alta positividad a las pruebas diagnósticas y alta presión asistencial por lo que no debería dudarse en enmendar el estado de alarma para dar respaldo jurídico a que las Comunidades puedan decretar dichos confinamientos domiciliarios y otras medidas más estrictas que se necesitan para confinar y restringir la movilidad, cuando así lo consideren.

G) Que hay que endurecer los cierres perimetrales y los toques de queda.

H) Que hay que acelerar el ritmo de la vacunación para poder garantizar que cada mes se vacune a un millón de personas y se aplique la segunda dosis de refuerzo a otro millón de personas ya vacunadas, pues solo así alcanzaremos la cifra del 70% de la población de España vacunada al final del verano.

Todo lo anterior tiene que ser hecho ya, con un verdadero sentido de urgencia, tal como emprenderíamos una acción humanitaria para salvar vidas y proteger poblaciones vulnerables, y con la precisión y eficiencia de un operativo militar. A partir de ahora, tardar en vacunar no puede tener excusa alguna. Y no actuar con contundencia, restringiendo la movilidad y las interacciones gregarias, no es una opción aceptable si se quiere doblegar la curva. Es imprescindible una gestión más eficaz de la vacunación y una actuación más enérgica frente a la transmisión del virus. En caso contrario la factura en vidas, en presión asistencial y en impacto económico y social será muy pronunciada (de hecho, lo está siendo desde hace ya varias semanas) y lo lamentaremos.

Es momento de que las autoridades sanitarias del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas cierren filas. Hay que frenar la tercera ola y vacunar al ritmo necesario. Basta ya de tacticismos ridículos y polarizaciones estériles. Las fuerzas políticas deben tener una visión de Estado y un alto sentido de responsabilidad para no sabotear una modificación a todas luces necesaria del actual estado de alarma y posibilitar de ese modo medidas más firmes, incluyendo autorizar a las Comunidades Autónomas a decretar confinamientos domiciliarios (generales o selectivos), en sus territorios, ya que lo que importa es la salud de la población.

Como era de esperar, tras la relajación y la permisividad de la temporada navideña, España ha entrado de lleno en una espiral ascendente en cuanto al número de casos de COVID-19 en la mayor parte del territorio. Si bien España no alcanza todavía, por fortuna, las desorbitadas cifras de incidencia del Reino Unido o de la Republica Checa, sí está en una situación de alerta alta y extrema en casi todas las CCAA, lo que obliga a enfrentar sin miramientos la situación y a actuar con la determinación necesaria para evitar un enorme traspiés epidemiológico y el consiguiente colapso asistencial.

Además, y salvo excepciones (Asturias, Galicia), la campaña de vacunación ha arrancado con una lentitud e ineficiencia que no son de recibo, y, si no se acelera el ritmo y se hacen las cosas más en serio, no se logrará llegar a una cobertura de vacunación del 70 por ciento de la población al final del verano.