El repunte de la pandemia entre los jóvenes: crónica de una nueva ola anunciada

Transcurridos aproximadamente dos meses desde la finalización de la vigencia del estado de alarma que daba amparo a los ''toques de queda'' nocturnos y a importantes medidas de restricción de la movilidad y de la interacción social, nos encontramos en una situación epidemiológica adversa, inserta en lo que podría calificarse como una paradoja perversa: España va a la cabeza en el grupo de la vacunación en la Unión Europea y, sin embargo, va también a la cabeza en número de contagios y en tasas de incidencia acumulada de 14 días, muy especialmente entre los menores de 40 años. 

Así, mientras la evolución de la estrategia de vacunación masiva desarrollada por el Consejo Interterritorial ofrece resultados alentadores, la evolución de la incidencia de la enfermedad muestra cifras preocupantes, con una tendencia al alza en las últimas fechas que en gran medida podría haberse evitado.

Esto nos recuerda que ambas dimensiones no tienen una correspondencia automática. Los avances en la vacunación de los grupos de la población más proclives a padecer enfermedad severa, a ser hospitalizados y tener riesgo de fallecimiento, son un gran avance en la gestión de la pandemia y reducen el impacto desastroso que tuvimos que enfrentar en olas anteriores.  Pero ello no evita el riesgo de transmisión entre la población no vacunada (y también, aunque en menor medida, de la vacunada), sobre todo en aquellos grupos con un mayor grado de interacción y agregación social desprotegida. 

Como consecuencia, y tal como advertimos en su momento, se ha producido una nueva ola concentrada en la población entre 12 y 40 años, que coincide con la penetración creciente de la variante delta tanto en España como en el resto de Europa.

En efecto, la estrategia de vacunación muestra unos excepcionales niveles de cobertura con pauta completa en las personas pertenecientes a grupos vulnerables (con porcentajes del 100% en mayores de 80 años y del 96,8% en el grupo de 70 a 79 años, por ejemplo), y con situación aceptable en el colectivo de 50 a 59 años (77,5% con pauta completa), si bien todavía con rezagos en el colectivo de 60 a 69 años (en el que solo el 50,8% tiene la pauta completa).

A eso hay que unir la aplicación de la pauta completa a la práctica totalidad del colectivo de profesionales sanitarios y sociosanitarios. Todo ello lleva a una cobertura global de la población española del 54,7% con al menos una dosis y del 38,9% con pauta completa. En resumen, aunque queda camino por recorrer, la evolución de la estrategia va en la buena dirección.

En este aspecto, es muy importante administrar cuanto antes las segundas dosis con vacuna AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años que están pendientes de ella y que en su mayoría se van a beneficiar del adelanto decidido por diversas comunidades autónomas de entre 2 y 4 semanas en la aplicación de esta segunda dosis. Y esto es así porque se ha demostrado que solo de ese modo la protección vacunal es plenamente eficaz frente a la variante delta.

En definitiva, si no surgen problemas de disponibilidad de dosis de vacunas, la estrategia de vacunación seguirá avanzando de manera satisfactoria e, incluso, batiendo récords de aplicación diaria de dosis poniendo a España en los primeros lugares entre los países de nuestro entorno.

Sin embargo, la vacunación ni ha bastado ni bastará para atajar la transmisión y detener el avance de la pandemia entre la población no vacunada, al menos a corto plazo. De hecho, la incidencia acumulada de 14 días ha evolucionado al alza en las últimas 3 semanas habiendo alcanzado el pasado viernes los 152 casos por 100.000 habitantes en todo el país, lo que nos sitúa de nuevo muy cerca del nivel de riesgo alto tras la lenta pero continuada disminución observada durante mayo y la primera parte de junio. 

Tras la publicación en esta semana de los datos de incidencia por grupos de edad, que veníamos reclamando desde hacía tiempo, se ha podido comprobar que este crecimiento explosivo de la incidencia se está produciendo sobre todo en la población que va de los 12 a 29 años y, en menor medida, también en el grupo de 30 a 39.

Estamos en presencia de una nueva ola en estos grupos de edad y esto no es un fenómeno coyuntural sino estructural. No obedece solamente a los viajes de fin de curso recientes ni al llamado ''macro-brote'' de Mallorca. Esta tendencia se inició dos semanas después del final del estado de alarma y se está produciendo, aunque a distinto ritmo, en casi todos los territorios. En algunas comunidades autónomas las incidencias superan los 1.000 casos por cada cien mil personas de esos grupos de edad. Y probablemente aún seguirá subiendo durante una o dos semanas más.

Nada de esto debería sorprendernos. Lo veníamos señalándolo cuando reclamábamos que se publicaran los datos de incidencia por grupos de edad. Ya entonces pedíamos leer de manera diferente la evolución de la pandemia, e insistíamos en que no había lugar para pensar que todo estaba ya controlado.

El problema es estructural porque obedece a las características de estos grupos de edad dada su situación de desprotección inmunitaria al no haber podido acceder aún a la aplicación de vacuna y al ser la población que más frecuenta y práctica las actividades que conllevan una mayor interacción social en los ámbitos de ocio nocturno que, en la actualidad, funcionan con amplios grados de libertad.

Y estaremos así mientras no estén inmunizados con pauta completa (lo cual no ocurrirá antes de dos meses, mientras no se pongan cortapisas a la interacción social desprotegida, relajada y permisiva, y mientras no dirijamos esfuerzos de cribados focalizados en el corto plazo a este grupo de edad, no aumentemos el rastreo de contactos y el aislamiento de positivos. Además, se requiere un esfuerzo titánico de pedagogía, comunicación y sensibilización de estos segmentos de la población.

En un contexto de relajación de las medidas de control de la interacción social, pero, también, de falta de concienciación sobre los riesgos prevalentes aún para los colectivos no vacunados, así como de frecuentes y reiterados incumplimientos de las normas que regulan el desarrollo de espectáculos de masas o que pretenden evitar los ''botellones'', la explosión de casos registrados cuando la incidencia era aún elevada era un fenómeno previsible que se podía y se debía haber anticipado.

Desde el punto de vista de salud pública, la desescalada iniciada el pasado 9 de mayo cuando decayó el Estado de alarma se hizo demasiado pronto pues ni se había conseguido el objetivo de 25 casos por 100.000 habitantes que se propuso cuando en octubre pasado se aprobó la medida excepcional (el 9 de mayo había una incidencia de 188,97 casos por cada 100.000 habitantes), ni había una suficiente cobertura de la estrategia de vacunación.

Desde la perspectiva de salud pública habría sido mucho más prudente esperar entre cuatro y seis semanas para estar en mejores condiciones epidemiológicas y acometer una desescalada más segura en términos de salud y, también, en términos de recuperación económica. No debemos minusvalorar el efecto disuasorio que el brote de Mallorca pueda tener en la imagen turística de Baleares y del resto de España. Está por ver incluso si las autoridades del Reino Unido cambiarán o no la calificación de Baleares para la movilidad internacional de sus ciudadanos.

Junto a ello, la política impulsada desde la Unión Europea en el sentido de favorecer la movilidad en beneficio de la actividad turística con la eliminación de muchos controles preexistentes y la falsa seguridad que ha generado con del certificado digital COVID, la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre (sin relacionarla con los niveles de transmisión del virus en los diferentes territorios), o la apertura de los estadios al público en los partidos de la Eurocopa, han contribuido a aumentar los espacios de interacción social y una cierta sensación de que la pandemia estaba acabando. Nada más lejos de la realidad. Durante la última semana han aumentado un 10% los nuevos casos en Europa y la OMS ha alertado del riesgo que se corre con este repunte.

En resumen, si no se toman decisiones para controlar la evolución de la pandemia, pueden producirse efectos negativos en la recuperación de la economía. La imagen de una incidencia en ascenso unida a la incapacidad para controlar un turismo de botellón no parecen buenos reclamos para el sector turístico. Probablemente los costes en salud y en la imagen exterior del país son excesivos en relación a su escasa aportación a la economía.

Por otra parte, el hasta ahora menor impacto en la presión hospitalaria y en la mortalidad no deben hacernos olvidar su impacto sobre una atención primaria muy fatigada y poco reforzada. Como tampoco el hecho de que, de forma indirecta, el nuevo aumento de la transmisión contribuye a propiciar el surgimiento de nuevas variantes del virus.

Por todo eso convendría replantear los indicadores y umbrales que permitan definir las medidas de control (en especial en el ocio nocturno) y otras restricciones necesarias desde el punto de vista de salud pública.

En esta línea sería útil publicar a partir de ahora los datos relativos a presión asistencial en atención primaria, ingresos en hospitalización general, hospitalización en UCI y fallecidos, por grupos de edad, tanto a nivel agregado de todo el país, como a nivel de cada comunidad autónoma. Esta información puede ser de gran utilidad para valorar las medidas precisas y las restricciones que sea necesario adoptar en el contexto en el que nos encontramos. Y justificar mejor si hay que dar marchas atrás temporales, lo que es en absoluto descartable, tal como otros países cercanos ya han tenido que hacer. 

A corto plazo no bastará con apresurar la vacunación en las edades más jóvenes. Esa es una medida necesaria, pero no dará frutos antes de dos meses, cuando menos. Por tanto, se requiere de una ofensiva especial, urgente y muy proactiva, para atajar la transmisión comunitaria en estos grupos. Hay que ir más allá de los planteamientos que hasta ahora se han hecho, con una estrategia específica de contención de este rebrote. Algunas comunidades como Cantabria y Cataluña han empezado a reaccionar este mismo fin de semana, otras no tardarán en hacerlo y el Ministerio de Sanidad debería asumir el liderazgo de esta estrategia a la mayor brevedad. También hay que insistir en la necesidad de reforzar a los dispositivos de atención primaria para el adecuado rastreo de casos y aislamiento de contactos.

Un asunto que conviene analizar para encontrar soluciones factibles es el que se refiere al fortalecimiento jurídico de las decisiones de aislamiento o cuarentena a los contactos estrechos de casos afectados por COVID-19. La desafortunada resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma, anulando los aislamientos establecidos por la autoridad sanitaria balear a determinados jóvenes, requiere un análisis específico. No hay que olvidar que puede ser un precedente que podría tenerse en cuenta en situaciones parecidas que en el futuro aparezcan en otras comunidades autónomas y eso solo iría en contra del control de la pandemia.

Como puede apreciarse, aún quedan retos pendientes y surgen otros nuevos para una adecuada gestión de la pandemia que haga posible la contención de este rebrote, la prevención y detección precoz de cualquier riesgo asociado al surgimiento de nuevas variantes y  una sólida recuperación de la economía. Esto no ha terminado y la fatiga pandémica que sin duda nos afecta, no puede ser una excusa. Pongamos manos a la obra con humildad y determinación.