La derecha constitucionalista que no cree en la Constitución

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¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien? Espero que mejor que la que ha tenido Vox. 

El domingo, nuestra compañera Raquel Ejerique destapó varias anomalías en una extraña fundación privada que preside Santiago Abascal y que Vox ha financiado con siete millones de euros. El lunes, el Tribunal de Cuentas señaló más irregularidades en la contabilidad de este partido. El miércoles, Vox mandó una carta a todos sus afiliados, acusándonos de querer “manchar su trayectoria” por contar lo que pasa con esa fundación. Y el viernes, justo ayer, el gerente del partido presentó su dimisión.

En Vox aseguran que la salida de su gerente no tiene nada que ver con la información de Raquel Ejerique en elDiario.es. También dicen que el aumento del CO2 es estupendo, que la crisis climática es un invento comunista y que la violencia machista no existe. Así que no te extrañe que, con esto de su gerente, mientan también. 

Esos siete millones de euros que han acabado en la fundación privada que preside Abascal provienen mayoritariamente de fondos públicos. Sale de esas mismas subvenciones a sindicatos o partidos que tanto critican desde Vox cuando el dinero no es para ellos. 

Aunque mi principal preocupación con la extrema derecha española hoy no está en sus chanchullos con la financiación, y cómo han convertido su supuesta defensa de la nación española en un negociete particular. Un falso patriotismo, porque la patria se defiende con la escuela pública, con las pensiones o con la sanidad. No cabe verdadero patriotismo sin solidaridad con tus conciudadanos: el amor por la patria se declara en el IRPF, no con banderitas en la pulsera. Sin solidaridad, sin una convivencia respetuosa y generosa con los demás, el patriotismo es otra cosa: una mala excusa para convertir en enemigos a los que no piensan como tú, a los que niegas derechos y excluyes del plural de tu país.

En los últimos días, no hago más que darle vueltas a esta siniestra frase de Santiago Abascal, con la que clausuró su intervención en la fallida moción de censura de Feijóo. Te hablé de ella el sábado pasado, en mi anterior boletín:

Un patriota, uno de verdad, no se atrevería a amenazar en el nombre del pueblo español cuando pierde una votación en un Parlamento que justamente representa eso: al pueblo español. Un demócrata, uno digno de tal nombre, no pondría en duda la legitimidad de las urnas cuando no le dan la razón. Un constitucionalista, uno que haya entendido la Constitución, no cuestionaría las instituciones porque no estén bajo su completo dominio y arbitrario control.

Es difícil determinar cuándo empezó esta deriva antidemocrática, antipatriótica y anticonstitucionalista de una parte de la derecha española. Es difícil, porque hay dudas de si realmente han sido demócratas, patriotas o constitucionalistas alguna vez. Pero sí es evidente que, en los últimos años, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, una parte de la derecha que no solo está representada en Vox ha abrazado abiertamente un discurso antisistema, poniendo en cuestión la legitimidad del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez.

Es una deriva que va a peor, y que ya ni siquiera se limita al poder ejecutivo: al presidente, o al Gobierno de coalición. Ponen en duda todos y cada uno de los pilares del edificio democrático. La legitimidad del poder legislativo; del Parlamento, que será quien apruebe o rechace esa hipotética amnistía, no el Gobierno ni Puigdemont. O la legitimidad del Tribunal Constitucional, que tendrá que determinar si esa futura ley es o no es inconstitucional, no Feijóo y Abascal en una manifestación. Los más exaltados ya cargan incluso contra el rey Felipe VI, al que llaman “Felpudo VI” por simplemente cumplir con su obligación al designar a Sánchez, el único candidato con opciones para lograr la investidura en este Parlamento.

Hace unos días, vimos al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para tomar decisiones “por 7 a 4”.

Algunos datos: 

No es solo el presidente del CGPJ quien duda de la legitimidad del Constitucional. Guilarte, en realidad, solo sigue la vía que ya abrió Alberto Núñez Feijóo, que lleva meses poniendo en cuestión a este tribunal. La última ocasión fue este miércoles, con la última sentencia de este tribunal, que respaldó que el Poder Judicial caducado no pueda hacer nombramientos. Feijóo criticó la sentencia porque “coincide exactamente con la postura del Gobierno”. 

Dato: hace pocas semanas, el PSOE recurrió ante el Constitucional, pidiendo el recuento de 30.000 votos en Madrid. Este mismo tribunal, por unanimidad, rechazó esa petición. Parafraseando al líder del PP: el Constitucional coincidió exactamente con la postura contraria al Gobierno.

Feijóo también critica la imparcialidad del Tribunal Constitucional “por los nombramientos que ha hecho el Gobierno”, que han permitido que la derecha ya no tenga la mayoría en este tribunal. Más datos para entender esta cuestión: 

Pero ya sabes que la derecha solo acepta estas reglas constitucionales cuando le benefician. Y no al revés. La legitimidad del Tribunal Constitucional solo vale cuando la derecha manda. La del Parlamento, cuando el PP tiene mayoría absoluta. Y la del presidente del Gobierno, cuando la izquierda está en la oposición.

Una moción de censura es un mecanismo plenamente constitucional. En nuestra carta magna se recoge específicamente esta opción, pero no se dice nada de que haya que dejar gobernar al candidato más votado, como pretende Feijóo. Pero estos “constitucionalistas” españoles son así. Inventan una Constitución que se podría resumir como la ley del embudo: solo vale cuando me beneficia a mí.

Cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas es una estrategia tremendamente peligrosa porque puede incendiar la convivencia, como ya ha pasado antes en otros países y, de forma especialmente violenta, en el siglo XIX y XX español. Contra un presidente ilegítimo, contra un “traidor” o un “felón, contra una ”tiranía“, vale todo. No solo los cauces democráticos.

A pesar de la enorme tensión institucional que está provocando la derecha con su mala digestión de su última derrota electoral, no creo –de verdad que no– que exista el riesgo de un estallido violento, como lo fue el golpe de Estado contra la II República y la Guerra Civil. No veo al valiente de Santiago Abascal, que ni siquiera hizo la mili, emprendiendo la lucha armada; por mucho que se disfrace de soldado del Tercio y suelte bravuconadas en el Congreso. El riesgo no está ahí, aunque haya algunos militares retirados (del trabajo y de la realidad) que fantaseen con un pronunciamiento si Sánchez pacta con Puigdemont. 

Lo que sí me preocupa es otra cosa. Que un exaltado, como los agitadores que ahora acosan a los diputados de la izquierda (con la vergonzosa complicidad del PP), acabe recurriendo a la violencia, como ya ha pasado antes en otros países. Si eso ocurre, ¿qué dirá Abascal? ¿Que no vengan “lloriqueando”?

También me asusta otra cuestión: que haya un poder del Estado que se extralimite de sus funciones e invada competencias que no le corresponden, azuzados por estos discursos. Me refiero a la Justicia, que ha dado algunas señales preocupantes de lo poco que creen algunos de sus integrantes en la democracia y en la división de poderes.

Hace una semana, la asociación conservadora de fiscales españoles pidió por carta a la Unión Europea que sancionara a España, por esa hipotética ley de amnistía que aún no se ha presentado públicamente. Esta asociación, la mayoritaria en la Fiscalía, representa a una cuarta parte de los 2.700 fiscales en activo. 

Por dejar claro lo ocurrido. Unos funcionarios públicos, que tienen un papel muy relevante en los juzgados, intentan torpedear una ley cuyo articulado ni siquiera se conoce y de cuya constitucionalidad o legalidad tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. No ellos. O lo que es lo mismo: cuestionan desde los juzgados al poder legislativo antes siquiera de que se haya iniciado la tramitación de esa ley. Una ley que, si se aprueba, estos fiscales tendrán la obligación de cumplir.

En su carta, esta asociación denuncia “graves injerencias políticas en la Justicia”. Es la misma asociación que, hace unos meses, se reunió en secreto con Feijoo para animarle a que ganara las elecciones.

Estos fiscales no han sido los únicos que han criticado la posible ley de amnistía antes siquiera de conocerla. Varios jueces han salido con pronunciamientos similares, totalmente fuera de lugar. Como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que aseguró que la amnistía sería “un golpe mortal al Estado de Derecho”.

Dato. José Luis Concepción es el mismo juez que aseguró que la democracia española estaba “en solfa” por la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno. O que después comparó al Partido Comunista de España con los nazis, y al que el CGPJ en funciones (donde sigue mandando la derecha) nunca ha sancionado por estas barbaridades. Este juez es la máxima autoridad judicial en Castilla y León. Aunque se quedó en los años en los que mi tierra se llamaba Castilla La Vieja. 

No respetan la democracia, salvo cuando gobiernan ellos. No respetan el Parlamento, salvo cuando ganan ellos. No respetan a los tribunales, salvo cuando les dan la razón.

Lo dejo aquí por hoy, que cada día estas cartas son más largas y no te quiero aburrir. Que tengas un buen fin de semana, y gracias por tu apoyo a elDiario.es. Nuestro periodismo es posible gracias a personas como tú. 

Un abrazo,

Ignacio Escolar