Un éxito del Partido Judicial

Ni los discursos de Feijóo, ni las portadas de los periódicos, ni las bravuconadas de Vox, ni las protestas en Ferraz. Ninguna de las muchas estrategias que la derecha ha utilizado contra el Gobierno y la ley de amnistía ha sido tan eficaz. Lo que no ha logrado la política parlamentaria lo ha conseguido “el Partido Judicial”: una organización que no se presenta a las elecciones, que formalmente no existe, pero que hace política también. 

De todas las numerosas fuerzas de la oposición, nadie puede presumir de un éxito tan arrollador como el logrado esta semana por dos jueces de instrucción. Joaquín Aguirre –del número 1 de Barcelona– y Manuel García Castellón –del central 6 de la Audiencia Nacional– no solo han conseguido tumbar la ley de amnistía, al menos por ahora. También han colocado al Gobierno de coalición en una situación de enorme debilidad, cuando la legislatura apenas acaba de nacer.  

Habrá quien crea que todos estos recientes pasos de la justicia –que se supone ciega– son simple fruto del azar. Que la agenda de estos juzgados se cruzó con la política por puro accidente; como un tranvía que atropella a un peatón. No creo que sea así. No creo que sea casualidad. Y basta con repasar algunos datos objetivos, que no admiten mucha interpretación. 

Sabemos, porque así lo ha dicho él, que a Manuel García Castellón no le gusta la ley de amnistía. Lo dejó claro en un acto público, donde acudió acompañado de un conocido militante de Vox. 

Sabemos, porque también lo ha reconocido el propio juez, que la investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont empezó en noviembre de 2023. En plena negociación de la investidura y la amnistía, y no antes. A pesar de que hablamos de una causa que ya lleva cuatro años de instrucción.

Sabemos que una de las supuestas “víctimas” de este aún más supuesto terrorismo  es un muerto por infarto. Un fallecimiento que otro juzgado investigó, cuatro años atrás, sin ver otra cosa que una muerte natural.

Sabemos que es una acusación contra Puigdemont “sin fundamento alguno”, “sin nuevos hechos acreditados”, sin que haya aparecido ninguna prueba o indicio que permita sostener esa imputación. Así lo ha puesto por escrito la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Sabemos que ese mismo fiscal que ve “totalmente injustificada” la acusación de terrorismo que hace García Castellón no es ningún rojo peligroso. Hablamos de Miguel Ángel Carballo, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales. Es el mismo que acusó de rebelión al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en un juicio donde finalmente fue absuelto. El mismo que, en 2017, pidió la detención de Puigdemont. 

También sabemos del indudable nexo de García Castellón con el PP, un partido que le nombró en puestos muy bien pagados en los que pasó 17 años de su carrera. De su obsesión con Podemos. De la “línea roja” –según Anticorrupción– con la que ha protegido en su juzgado a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Pero el éxito del Partido Judicial contra el Gobierno y la ley de amnistía no solo pasa por la Audiencia Nacional. Esta semana –como te anticipé en mi anterior boletín– ha revivido otra causa de otro supuesto delito que tampoco estaría amparado por la ley de amnistía. La trama rusa: una acusación por traición, que investiga en Barcelona el juez Joaquín Aguirre. Es un magistrado que, entre otros planteamientos abracadabrantes, asegura en sus autos que Rusia informó a un asesor de Puigdemont de la invasión de Ucrania… cuatro años antes de que ocurriera.

Es el mismo juez que, en 2020, investigó que Putin estaba dispuesto a pagar toda la deuda de Catalunya y movilizar 10.000 soldados rusos para respaldar el procés. 

¿Suena todo estrambótico? ¿Esperpéntico? Sin duda. Porque también lo es. Pero las piedrecitas que han colocado desde estos juzgados en los engranajes de la ley de amnistía han bastado para romper esta delicadísima negociación.

Antes de seguir, un pequeño mapa de situación: un resumen de la posición de cada parte, imprescindible para analizar qué puede pasar después. 

Empecemos por Junts, que es quien el martes decidió votar ‘no’ a la misma ley de amnistía que pidieron aprobar. “No es suficiente”, aseguran desde Waterloo. Y la auténtica razón es que esta amnistía no garantiza dos cosas. La primera, que buena parte de los líderes independentistas no sigan entrampados en los tribunales: acusados de terrorismo o traición. La segunda, y tal vez más importante, tampoco garantiza que Carles Puigdemont, a corto plazo, pueda volver.

No parece estar en riesgo el futuro penal de Puigdemont. Si la Justicia española ha sido incapaz, en más de seis años, de traerle a España detenido bajo la acusación de “sedición”, ¿alguien cree que algún juez europeo se tragaría el cuento del terrorismo para conceder la extradición? Como bien explica en este artículo Javier Pérez Royo, una acusación así solo serviría para deteriorar aún más la imagen internacional de la justicia española. 

En cuanto al PSOE, también tiene sus buenas razones para no moverse más. Sus negociadores dicen que hay dos problemas: uno político y otro judicial.

No pueden ir más allá de lo que han ido, aseguran, porque tienen un límite: que la ley sea constitucional; que no sea anulada ni por la Justicia europea ni por el Tribunal Constitucional. Aunque es también un problema político: esa pésima imagen que provoca entre sus votantes y buena parte de la opinión pública ver al presidente del Gobierno cediendo siempre de forma agónica, en el último momento, a las nuevas pretensiones de Puigdemont.

Por eso el martes la ley de amnistía se paró. Porque el PSOE se plantó y porque Junts tampoco cedió. ¿Y a partir de ahora? Hay tres posibilidades, en mi opinión.

La primera, un nuevo acuerdo que contente a los dos. Los negociadores de ambos partidos están intentando encontrar “soluciones creativas” que no supongan ni un trágala para el PSOE ni una situación de indefensión en los tribunales para los líderes de Junts a los que se busca amnistiar. Hay quien argumenta que una posible opción pasa por no retocar el texto de la ley de amnistía –dejarla tal y como está– pero modificar algunos otros puntos de la legislación. Las competencias de la Audiencia Nacional. Los plazos de instrucción. El Código Penal.

Otra posibilidad –hoy sin duda cierta– es la ruptura: que no haya ley de amnistía en muchos meses (o que no la haya nunca) porque no se muevan ninguno de los dos. Incluso aunque eso suponga una paralización de la capacidad legislativa del Gobierno de coalición. ¿Y los Presupuestos? Están prorrogados, y muchos en el Gobierno asumen que habría que pensar ya en los de 2025, así que no es tan grave parar unos meses el balón. Entraríamos en una legislatura de extrema debilidad para el Gobierno. Pero, incluso así, es muy difícil que se le pueda tumbar: haría falta para eso una moción de censura constructiva. Es decir: un acuerdo del PP, Vox y Junts.

Llegados a ese extremo, ¿mantendría el órdago Carles Puigdemont? ¿Rechazaría una amnistía –imperfecta, pero amnistía– y permitiría la llegada al poder de esa misma derecha que quiere ilegalizar a su partido y encerrar a sus líderes en prisión? En Junts dicen que no se van a mover; que no van a ceder. Pero nadie admite nunca que va de farol.

También hay otra tercera hipótesis en el radar. Que se arregle solo: que sean las instancias superiores de la propia Justicia quienes paren los pies a García Castellón.

Hace ya casi tres meses que está pendiente de respuesta el recurso que presentó la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su mano está quitarle el juguete a García Castellón: anular esta investigación y mandar el caso a un juzgado ordinario, como un simple delito de desórdenes públicos, no terrorismo.

No sería la primera vez que esa misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deja en ridículo a García Castellón y lo corrige. Así terminaron también algunos de los casos que este juez intentó poner en marcha contra Podemos. Pero por ahora este tribunal guarda silencio. Es dudoso que responda antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo, donde también estudian qué hacer.

La Sala de lo Penal del Supremo –la que preside y además lidera Manuel Marchena– también tiene que tomar una decisión: si acepta investigar por terrorismo a Carles Puigdemont, como ha pedido García Castellón. De momento, el Supremo está esperando a que explique su posición la Fiscalía del Supremo. Que aún no ha respondido si ve terrorismo, como García Castellón, o no lo ve, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

En cualquier caso, la posición de la Fiscalía no obligará al Supremo a actuar en una u otra dirección. Marchena puede rechazar la causa de plano –como hizo, por ejemplo, cuando García Castellón le pidió imputar a Pablo Iglesias–. O puede aceptar el caso y ponerse a investigar; incluso cursar otra euroorden para extraditar a Puigdemont. Y también puede optar por una vía intermedia y devolver la pelota a la Audiencia Nacional: decirle a García Castellón que mire un poco más, que encuentre indicios más sólidos, antes de pedir esa imputación.

Todo depende de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal y –probablemente– el político más hábil que jamás pisó un tribunal. “Es el auténtico líder de la oposición”, dice un importante dirigente socialista, que le presenta como el verdadero jefe en la sombra de ese Partido Judicial. De cumplirse esa definición, poco puede el Gobierno esperar de él: Marchena no ayudará a que el PSOE pueda salir de este follón. Aunque también hay otra opción. 

“Marchena también puede frenar este disparate y vender al Gobierno el favor”, dice otra fuente del mundo de la judicatura: “Su verdadera ambición es otra: presidir el Consejo General de Poder Judicial”. Algo que estuvo dos veces a punto de conseguir –el whatsapp de Ignacio Cosidó lo reventó–, y que necesita del consenso del PSOE y del PP.

No pierdas de vista que el Partido Judicial es sin duda un partido conservador. Pero que tiene sus propios intereses y agenda política, al margen de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo.

Lo dejo aquí por hoy. Espero que tengas un buen fin de semana. Gracias por leerme. Gracias por apoyar a elDiario.es.

Un abrazo,

Ignacio Escolar 

Ni los discursos de Feijóo, ni las portadas de los periódicos, ni las bravuconadas de Vox, ni las protestas en Ferraz. Ninguna de las muchas estrategias que la derecha ha utilizado contra el Gobierno y la ley de amnistía ha sido tan eficaz. Lo que no ha logrado la política parlamentaria lo ha conseguido “el Partido Judicial”: una organización que no se presenta a las elecciones, que formalmente no existe, pero que hace política también. 

De todas las numerosas fuerzas de la oposición, nadie puede presumir de un éxito tan arrollador como el logrado esta semana por dos jueces de instrucción. Joaquín Aguirre –del número 1 de Barcelona– y Manuel García Castellón –del central 6 de la Audiencia Nacional– no solo han conseguido tumbar la ley de amnistía, al menos por ahora. También han colocado al Gobierno de coalición en una situación de enorme debilidad, cuando la legislatura apenas acaba de nacer.