La industria porcina y el fraude del 'bienestar animal'

La etiqueta 'bienestar animal' está inundando la publicidad y los estantes de los supermercados. La necesidad de la industria por tranquilizar a los consumidores y evitar a toda costa que decaiga la demanda está llevando al absurdo de ver cómo trozos de cadáveres se presentan pulcramente empaquetados con el marchamo de 'bienestar animal', lo cual nos permite mantener la falacia de que ese animal vivió más o menos plácidamente hasta que murió sin sufrimiento.

Son innumerables los anuncios que en los últimos tiempos han proliferado en los medios de comunicación para hacernos creer que existe todo un engranaje de normas, protocolos y controles diseñados para asegurar ese bienestar animal, que se vulneran en casos muy excepcionales, y que se pueden garantizar con una mejor implementación de todo ese engranaje.

Pero no es así. Las medidas de bienestar animal no protegen a los animales, porque no es su finalidad y porque, en la cadena de producción, lo que impera es obtener la mayor rentabilidad del producto. Para muestra, dos ejemplos: La Directiva de la Unión Europea que establece las “normas mínimas para la protección de cerdos” permite prácticas tan lesivas para su bienestar como el destete a la fuerza, la mutilación de genitales o el encierro de cerdas en jaulas donde no pueden ni girarse ni ponerse de pie; y la Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, permite golpear con una tubería metálica a un lechón enfermo en vez de atenderlo. 

Los dos ejemplos constan en FACTORÍA, la exhaustiva investigación sobre la industria porcina en el Estado español que acaba de sacar a la luz Aitor Garmendia – Tras los Muros. Según el Eurobarómetro sobre las Actitudes de los europeos hacia el bienestar de los animales, el 94% de la ciudadanía considera que es importante proteger el bienestar de los animales explotados en granjas, y el 64% asegura que le gustaría disponer de más información sobre las condiciones en las que se encuentran esos animales.

Pues bien, esta investigación pretende presentar evidencias de lo que es en realidad ese 'bienestar animal' para una industria que responde con más opacidad a las demandas de transparencia, y que cuenta con la connivencia de las instituciones para mantener una explotación que implica violencia estructural, consentida por las administraciones y desconocida para la gran parte de la ciudadanía.

Junto a un equipo de personas que se mantienen en el anonimato, Aitor Garmendia ha accedido, entre los años 2019 y 2020, a 32 explotaciones de cerdos ubicadas en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, en las que ha constatado y documentado las consecuencias de esa violencia estructural que es inherente a la industria ganadera, plasmadas en un exhaustivo informe con más de cien referencias bibliográficas y documentales.

Cuando hablamos de la industria porcina española, tenemos que tener en cuenta que es la primera exportadora de carne de cerdo de la Unión Europea, que su facturación supera los 15.000 millones de euros, y que lidera la producción del sector ganadero español. La población de cerdos en el Estado español es la mayor de toda la UE y la tercera del mundo.

En contra de los mensajes publicitarios que nos remiten a cerdos correteando y hocicando felices al aire libre, más del 95% de la carne de cerdo que se consume en el Estado español procede de granjas intensivas, y aunque últimamente cobren protagonismo las pequeñas explotaciones, a las que se quiere dar un aire romántico muy alejado de las macrogranjas, la realidad es que los estándares son semejantes, y la normativa es la misma. Suelos de hormigón en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y hembras seleccionadas por su capacidad reproductora que pasan parte de su vida encerradas en armazones de hierro. De ahí procede la práctica totalidad de la carne de cerdo que se consume.

El informe en el que se plasma esta extensa investigación detalla las fases de la explotación, las características de cada una de ellas y lo que en cada una de ellas permite la normativa, así como las irregularidades que, a la vista de las escasas inspecciones (según los datos oficiales) son ignoradas o consentidas.

La investigación ha podido documentar, sin permiso de los responsables, todas las fases de la explotación de cerdos, pero no se han podido obtener imágenes de cómo los animales son manejados por los operarios. Todas las peticiones han sido denegadas. Curioso, por parte de una industria que hace gala de su preocupación por el 'bienestar animal'. Mientras la industria siga impidiendo el acceso de la prensa crítica a sus instalaciones, tenemos motivos para sospechar que los hechos documentados en estas granjas investigadas, elegidas de forma aleatoria, son extensibles al resto de explotaciones. La industria tiene en su mano probar lo contrario, pero con información, no con propaganda.

Las imágenes de cerdas recién paridas que no pueden ni darse la vuelta, con sus lechones al otro lado de los barrotes y sin poder apenas olerlos, de crías con días de vida dejados morir en un rincón entre excrementos, de animales con graves lesiones y heridas abiertas sin atención veterinaria, de contenedores llenos de cadáveres, no son una excepción, sino la regla en un sistema de producción en el que los animales son mera mercancía. El informe cita unas duras palabras extraídas de una revista ganadera publicada en los años setenta: “Olvidemos que el cerdo es un animal. Tratémoslo como a cualquier otra máquina de la fábrica”.

La investigación detalla algunos de los procedimientos habituales en los primeros días de vida de los lechones, y que comprometen su bienestar físico y emocional. A quienes denunciamos la violencia de esta industria nos parecen barbaridades, pero, como dice el informe, todos ellos están estandarizados, sistematizados por la industria, perfeccionados por entidades veterinarias y son compatibles con la legislación vigente. El destete a la fuerza; la mutilación de genitales, rabo y dientes (que se puede hacer sin anestesia hasta el séptimo día de vida); el marcado e identificación.

En las granjas investigadas se han documentado casos de afecciones respiratorias (reconocidas como una de las mayores preocupaciones por la salud de los cerdos, debido a su incidencia en la producción y a su coste económico); caudofagia (morderse el rabo unos a otros) y canibalismo; prolapso rectal; tumefacciones anormales como abscesos y hernias; y afecciones oculares, como signos más repetidos y significativos de una realidad que dista mucho de poder ser considerada como bienestar animal.

Para todos esos animales que no soportan las condiciones de explotación, aquellos a los que no compensa dar atención veterinaria, los que presentan afecciones que se consideran un riesgo para la producción o para la salud pública, la ley proporciona una serie de procedimientos: “pistola de perno cautivo y posterior descabello o degüello; golpe contundente en la cabeza mediante un objeto pesado —se citan como ejemplos: martillo, porra o tubería metálica— para cerdos con un peso menor de 5kg; arma de proyectil libre, como pistola, escopeta, rifle o revólver; descarga eléctrica para cerdos con un peso superior a 5kg; asfixia por inhalación de gas en contenedores; o inyección letal. Salvo esta última, que debe ser ejecutada por personal veterinario, todos los procedimientos pueden llevarse a cabo por los operarios de la granja”.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, en 2017 se hicieron 11.195 inspecciones en materia de bienestar animal, de un total de 364.430 explotaciones ganaderas, y se notificaron incumplimientos en el 19,38%. Incumplimientos de una legislación que, en cuanto a protección de los animales, es absolutamente ineficaz. Si esos porcentajes son representativos del total de granjas, dice el informe de esta investigación, hay que concluir que más de 59.000 explotaciones incumplieron la normativa y no fueron inspeccionadas. Esa es la realidad del bienestar animal en la industria porcina del Estado español.