Los menores extranjeros que cumplan 18 años no se quedarán en la calle

Las medidas establecidas en el Decreto de Alarma para evitar la propagación del coronavirus en España ha supuesto también una tregua para aquellos menores extranjeros no acompañados al borde de cumplir la mayoría de edad en Canarias. La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno autónomo, que se encarga de su tutela, ha asegurado que deberán permanecer en los centros de menores “hasta que las autoridades sanitarias establezcan” alguna solución alternativa.

Cerca del 90% de los 650 menores extranjeros solos, una cifra aproximada pues varía constantemente, tienen entre 16 y 17 años, según la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Cuando cumplen 18 años deben abandonar el centro y muchos de ellos se enfrentan a una situación de desprotección porque los recursos alojativos de tránsito disponibles son insuficientes y el proceso burocrático para regularizar su situación se puede alargar durante, al menos, quince meses.

Enrique Quintana, que dirige dos centros de menores gestionados por la fundación Quórum Social 77, explica que los chicos no pueden salir por el decreto de alarma y han establecido una nueva programación, “dotándolos de muchos más talleres y de actividades deportivas”. También cuentan con un protocolo establecido por el Cabildo de Gran Canaria, en el que se incide en la importancia de lavarse las manos, cómo toser, se han colocado carteles en varios idiomas con instrucciones y se ha habilitado una habitación con ventilación y un baño por si alguien presenta algún síntoma

Aunque actualmente ninguno de los jóvenes donde trabaja cumplirá 18 años en los próximos días, si eso ocurriera, afirma que se ha definido una circular desde la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, en la que se indica que los menores deben permanecer en el centro una vez cumplan la mayoría de edad. “La mayor preocupación de los trabajadores cuando entra un chico o una chica es el momento en el que alcanzará la mayoría de edad”, afirma. En teoría, dice, se les debe hacer unas pruebas médicas antes de ser trasladado si obtienen plaza en un recurso de tránsito, pero esto no está sucediendo en estos primeros días.

“Ahora la situación es sobrevenida”, afirma Quintana, pero muchos de los menores extranjeros, al cumplir 18 años, quedan “totalmente desprotegidos” porque finaliza la tutela de la administración y tienen un alto riesgo de quedar en la calle si no cuentan con ningún espacio donde quedarse, carecen de redes familiares o amistades y ni siquiera tienen un permiso de residencia que les permita estar en el país de forma legal.

Aunque “afortunadamente”, y gracias al esfuerzo que han llevado a cabo los trabajadores, los chicos y chicas que han pasado por sus centros y han alcanzado la mayoría de edad “han podido encontrar recursos alojativos”, ya sea de ONG en las Islas, en Península, de administraciones o de sus familias, reconoce que “cuesta mucho encontrarlos”.

Según la reforma de la Ley del Menor, la administración debe supervisar el desarrollo de la integración desde los 18 hasta los 21 años y, para ello, cuenta con pisos asistidos de tránsito, tanto para nacionales como extranjeros, que hayan cumplido la mayoría de edad.

En total, existen 20 plazas en pisos en las Islas para “jóvenes extutelados” que precisan de una “una alternativa convivencial”, según la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y otros 30 para aquellos que “cuenten con una alternativa convivencial” y “que necesitan el apoyo, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de una entidad u organización especializada”. También hay ONG o fundaciones, como MAIN, que intentan evitar que los jóvenes se queden en la calle, pero tienen el mismo problema que la administración: pocas plazas.

Mame Cheik gestiona un hogar de la fundación Main en Gran Canaria, que tiene de 6 a 8 plazas, y explica que están tratando de hacer actividades para los extutelados, además de proporcionales entrenamiento cono videoconsolas o plataformas de series o cine en internet. En su caso, dice que la media de estancia de un joven extranjero es de dos años y los trabajadores acompañan en todo el proceso hasta que puedan valerse por sí mismos y se permita la entrada de otra persona.

Cheik, que dirigió un centro de menores de 10 a 18 años gestionado por Mensajeros de la Paz hasta el año pasado, aprueba la medida de la Consejería, aunque añade que la situación de desprotección que atraviesan los jóvenes extranjeros que cumplen 18 años se lleva produciendo desde hace años. “Algunos han tenido suerte de conseguir algo, otros han podido acudir a familiares o amigos y otros, pues hacen lo que pueden, van en busca de trabajo de forma escondida y ganar algo poco a poco; intentan simplemente sobrevivir”.

Burocracia

Para poder optar a una plaza, los menores extranjeros solos deben cumplir una serie de requisitos, que en el caso de los espacios públicos “son más exigentes”: no haber tenido problemas con la Justicia, contar con permiso de residencia o estar inmersos en una educación reglada, ya sea universitaria o de ciclo superior. “Pero por mucho que se esfuercen, en ocasiones, no pueden hacer nada”, explica Quintana, porque las trabas burocráticas impiden a los menores extranjeros regularizar su situación.

“Es la mayor dificultad que tenemos”, reconoce Iratxe Serrano, directora general de Protección de la Infancia y la Familia, pues es un proceso que depende de diferentes administraciones, como la Delegación de Gobierno y consulados de otros países “y sin documentación no pueden hacer mucho”. Para conseguir el primer permiso de residencia temporal, que es de un año de duración, los menores que no puedan pedir asilo o protección internacional deben entregar un pasaporte.

La mayoría, al entrar en los centros de menores con 16 o 17 años, salen sin el permiso temporal de residencia y, en el caso de aquellos que lo obtienen, deben estar atentos para renovarlo en un plazo de tres meses si demuestran que tienen medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, como un trabajo o residir en un piso tutelado. Además, se da la circunstancia de que para optar a una plaza de tránsito deben esperar a que les llamen para realizar una entrevista, que puede demorarse, como mínimo, quince días.

“¿Qué hace durante ese tiempo si no tiene a nadie ni puede estar en el centro de menores? ¿Dónde está viviendo, en la calle, sin recursos alojativos ni orientación?”, pregunta Quintana. A pesar de no estar obligados a ello, en ocasiones, desde Quorum Social 77 han decidido, como otras entidades similares, poner a disposición de algunos jóvenes recursos alojativos, como albergues, mientras esperan a que les llamen.

Youssef Rami, que llegó en patera a la Isla de Lobos en 2002 tras partir de Marruecos con 15 años, recuerda que cuando salió de un centro de menores de Gran Canaria al cumplir los 18 años estuvo a punto de no poder renovar su documentación. “Viví en casa de unos amigos, unos dos meses, y al final me llamaron”. Pudo optar a una plaza en un centro de adultos y ampliar su permiso, además de formarse en un ciclo de peluquería durante aproximadamente un año, hasta que consiguió trabajo.

Cobraba 500 euros y se independizó en un piso “barato” que le ayudó a encontrar una ONG. Hoy tiene 33 años, cuenta con su propia peluquería cerca del Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, y vive con su pareja y sus cuatro hijos. “Tuve suerte de que me llamaran del centro de adultos, aunque también me esforcé y tuve mucha ayuda por parte de los trabajadores de los centros”, relata. Considera que ahora le va “bien”, pero si hace 15 años no hubiese tenido un lugar donde quedarse o perdido la posibilidad de renovar su documentación, cree que su situación sería diferente.

“Ese es el gran problema: cuando sales del centro y no tienes donde quedarte. Si eso falla, ya está. Y si yo hubiese perdido los papeles en los meses que estuve fuera del centro de menores siendo mayor de edad, luego me habría costado años recuperarlos”, afirma Rami.

Más plazas, agilizar la burocracia y empatía

Quintana reclama que se habiliten más plazas de tránsito y que se agilice la regulación de los menores para que al cumplir los 18 años puedan residir de forma legal, por ejemplo, facilitándoles algún tipo de documentación mientras se tramita su permiso de residencia, “como las cédulas de identificación que se daban antes para quienes no tuvieran pasaporte, para que puedan hacer ciclos formativos”.

La titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, considera que “esto va más allá de que no existan plazas” o de que no haya dinero, “existe un estigma social” hacia los menores extranjeros alimentados por bulos o noticias falsas que tratan de criminalizarlos. Pero Martel aboga por tratar de “ser un poco empáticos y ponernos en la piel” de personas que han vivido “circunstancias tremendas”, como los niños que provienen de Malí, un país en guerra. “Muchos de nosotros ni siquiera sabríamos cómo nos comportaríamos si estuviéramos en su situación”.

La magistrada afirma que “solo necesitan que se les acoja” para que puedan desarrollase, estudiar o lograr un empleo, porque esas personas están llegando y pueden “aportar mucho a la sociedad”. Y para ello, recomienda “agilizar todos los procedimientos administrativos desde todas las instancias competentes para regularizar la situación de estos niños y niñas antes de que cumplan la mayoría de edad. Y que haya facilidad para que las ONG y la administración accedan al alquiler de viviendas para procurarles un techo”.

Las medidas establecidas en el Decreto de Alarma para evitar la propagación del coronavirus en España ha supuesto también una tregua para aquellos menores extranjeros no acompañados al borde de cumplir la mayoría de edad en Canarias. La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno autónomo, que se encarga de su tutela, ha asegurado que deberán permanecer en los centros de menores “hasta que las autoridades sanitarias establezcan” alguna solución alternativa.

Cerca del 90% de los 650 menores extranjeros solos, una cifra aproximada pues varía constantemente, tienen entre 16 y 17 años, según la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Cuando cumplen 18 años deben abandonar el centro y muchos de ellos se enfrentan a una situación de desprotección porque los recursos alojativos de tránsito disponibles son insuficientes y el proceso burocrático para regularizar su situación se puede alargar durante, al menos, quince meses.