Ampliar derechos y ordenar mejor

Esta reforma es el soporte necesario para desarrollar una política migratoria sostenible, integral e integradora, y entre sus objetivos más interesantes destacan la garantía de los derechos fundamentales para todas las personas, el favorecimiento de las oportunidades de integración de los inmigrantes (dotando de medios adecuados a las administraciones encargadas de desarrollar las políticas concretas) y el aumento de la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones. En definitiva, el Gobierno socialista pretende con esta ley definir las prioridades de la política migratoria en la integración de los inmigrantes, la canalización legal y ordenada de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular, haciendo especial hincapié en la batalla permanente contra las mafias que trafican con seres humanos.

Las medidas desarrolladas por el Gobierno de España para afrontar con éxito el fenómeno inmigratorio de los últimos años han proporcionado resultados interesantes: el Ministerio del Interior ha incrementado el número de agentes destinados específicamente al control fronterizo hasta alcanzar más de 15.000 efectivos; España es el país europeo más beneficiado por los fondos de la Unión Europea para inmigración, con un 27% del total; las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura ya disponen del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE); y Frontex, la agencia europea de control de fronteras, ha multiplicado por dos la inversión destinada a África. En síntesis, el porcentaje de inmigrantes llegados a Canarias desde la costa africana ha descendido en un 26%.

La gestión de la inmigración entendida como un fenómeno global que afecta a todo el planeta y que no puede circunscribirse al lamento permanente del actual Gobierno de Canarias, que basa su absoluta ineficacia en esta cuestión en el supuesto abandono secular de la administración central, obliga a las instituciones públicas y privadas a huir con rapidez de cualquier veleidad que comporte un mínimo componente xenófobo o racista. En sus intervenciones en el Parlamento español, los representantes del Partido Popular continúan utilizando un lenguaje soez y discriminatorio con los inmigrantes que ya no se escucha en Europa, excepto en boca de su admirado Berlusconi. Aún hoy continúan hablando del “contrato de integración”, aquél que fue repudiado por la inmensa mayoría de los ciudadanos en las urnas y que únicamente les proporcionó un puñado de votos emitido bajo la influencia de las más abyectas pasiones.

Por otra parte, la famosa directiva europea que amplía hasta dieciocho meses el período de estancia de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros no será de aplicación en España, cuyo gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones desplegar una política tolerante, integradora y solidaria en materia de inmigración. Por último, la nueva Ley de Extranjería propone impulsar políticamente el reconocimiento del derecho de voto para los extranjeros. Sin duda, un paso más destinado a compartir nuestro modelo de bienestar con aquellos que lo necesitan.

(*) Miguel González es vocal de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

Miguel González (*)